Exigir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner - entendida en toda su dimensión de indemnidad política y judicial - es restablecer el piso mínimo de un Estado de Derecho que hoy se encuentra en estado de excepción larvado.
Cuando el poder judicial se arroga la facultad de tachar nombres de las boletas electorales de por vida bajo ficciones jurídicas, no sólo juzga a una persona, sino que mantiene amputado el derecho de las mayorías a elegir su propio destino.