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El problema de la supuesta violencia de los indios, en particular los Mapuche, llama la atención porque hasta ahora y en los últimos años, las únicas víctimas fatales fueron indios o algún defensor de ellos. Lo que agrava la situación jurídica de los pueblos originarios es la acusación de un supuesto delito de terrorismo, acusación viable gracias a la ley 26.268 de 2007, sancionada como resultado de que un organismo internacional llamado GAFI (Grupo de acción financiera internacional), extorsionó a nuestro país bajo amenaza de cobrarnos una multa especial a todas las transferencias bancarias internacionales.