Como el país, el fútbol es un esfuerzo colectivo – Por Hugo Presman
3 agosto, 2026
Raúl Zaffaroni advierte en esta nota que la ley de extranjerización propuesta por el ejecutivo nacional responde al mandato colonial de respetar la propiedad privada antes que la soberanía de nuestro país.
Por E. Raúl Zaffaroni*
(para La Tecl@ Eñe)
Muchas veces me dio pánico leer algunas páginas de los viejos nacionalistas galeritas, hijos rebeldes de la vieja oligarquía que le discutían su historia y se reconocían seguidores a la distancia de Charles Maurras, su Action Française y el vergonzoso régimen de Vichy. Me siguen produciendo el mismo efecto, pero, no puedo negar que, al menos, eran nacionalistas y nunca propusieron vender sin límites el territorio nacional.
Ni a ellos, máxima expresión de lo más reaccionario en la historia de nuestro pensamiento, se les hubiese ocurrido la posibilidad de que los extranjeros escriturasen extensiones sin límite de nuestro territorio, incluso en zonas de frontera. Era una derecha oscurantista y reaccionaria al extremo, pero diferente. Aunque ya haya pasado de moda, me sigue dando pánico, pero nunca pensé que le encontraría al menos algún atenuante frente a algo peor.
Es posible que, de legalizarse ahora esa posibilidad, tengamos territorios escriturados del tamaño de alguna de nuestras provincias, que cárteles y otros empresarios de la criminalidad de mercado compren tierras fronterizas, que se confunda, en un guiso maloliente, la propiedad privada con la soberanía, que se pretenda que la posibilidad de escriturar el territorio responda al mandato de respetar la propiedad privada. ¿De qué jurisconfuso puede surgir semejante enredo?
Tratan de justificarse en su ideología libertaria, que pretenden la más pura y extrema del liberalismo -obviamente económico, porque el político nunca lo conocieron-, y hasta tienen el descaro de citar a los padres fundadores, como Locke, Adam Smith, Mill, etc.
¡Pero mienten! John Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno civil, en ningún momento dice que el derecho natural de propiedad pueda ser ilimitado. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, observa con preocupación que las fuerzas del trabajo disponen de menor capacidad de resistencia frente a las del capital. John Stuart Mill, en sus Principios de Economía Política, introduce algunas consideraciones igualitaristas que permiten intervenciones estatales moderadas. ¿Qué pasó? ¿No leyeron los libros? ¿Sólo leyeron algunos párrafos? ¿O los leyeron y mienten? ¿Son ignorantes o mentirosos? ¿Son delincuentes?
Puede afirmarse que son los que Perón y Evita llamaban vendepatrias, o los protagonistas del régimen falaz y descreído de que hablaba Yrigoyen, pero en cualquier caso elevados a la enésima potencia. Me causa espanto pensar que algunos que se consideran seguidores de unos u otros ahora voten la escrituración ilimitada del territorio nacional a cambio de algún puentecito u otra obrita pública. ¿Se agotaron los gobernadores que, como aquel Adolfo Güemes, se negó a entregar los recursos naturales de Salta?
Mientras se pretende regalar el territorio nacional, se nos distrae con la piscina y el departamento de Adorni durante meses: un enriquecimiento ilícito que en total no parece pasar de un millón de dólares, un vergonzoso raterismo de poca monta y menos neuronas. Y cuando ya no quedan partidos de fútbol, el ejecutivo firma un decreto por el que repone la ley de residencia (4.144, de 1902), proyectada por Miguel Cané en 1899 –quien no sólo escribió Juvenilia- contra el racismo del inmigrante gringo degenerado de la vieja oligarquía, temerosa del avance del sindicalismo y las huelgas.
La vieja ley de residencia fue derogada en 1958, pero ahora la restablece nuestro poder ejecutivo en función de un decreto-ley (desde 1994 llamados decretos de necesidad y urgencia), en este caso el 681/2026, con el que se atribuye funciones de legislador penal y de juez de los delitos por él mismo creados en ese mismo acto, en flagrante violación de elementales normas constitucionales republicanas: ¿Se olvidó que el art. 109 constitucional dice: En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas? Tampoco recordó que le está prohibido bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (2º párrafo del inc. 3º del art. 99 constitucional) y que la materia penal está excluida de los decretos-leyes o de necesidad y urgencia.
No me cabe duda de que no faltará el plumífero que argumente que no se trata de penas, sino de sanciones administrativas, como siempre que se pretende esconder al derecho penal bajo el disfraz del derecho administrativo que, de no detenerse, acaba comiéndose a todo el derecho penal o poco menos. ¿O se han olvidados que, en la Argentina, durante muchísimos años, se sostuvo que las contravenciones y el derecho penal militar eran derecho administrativo? ¿Acaso había pena de muerte administrativa? ¿Volvemos a las andadas?
Para completar el contexto en que se pretende habilitar la escrituración del territorio nacional, el titular del ejecutivo se toma la libertad de entrometerse en la política de Brasil, participar en la campaña del candidato opositor al actual gobierno de ese país, injuriar al presidente de Brasil en términos groseros –que son los habituales en él-, sin reparar en que es, nada menos, que el propio titular del ejecutivo quien lleva a cabo estos actos hostiles que alteran las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero, lo que si no cae en la previsión del art. 219 del Código Penal, por lo menos se pasea tambaleante por sus bordes.
La Constitución es un instrumento legal para el ejercicio de la soberanía, que pertenece al pueblo. Es más que obvio que, cuando se pretende ceder la soberanía, la Constitución se vuelve un papel sucio y perturbador, en especial cuando no hay un judicial ante el cual reclamar su eficacia. Seamos conscientes de que estamos viviendo el momento de mayor agresión colonialista desde nuestra emancipación: la Constitución Nacional molesta y nadie se preocupa por defenderla.
4 de agosto de 2026.
*Profesor Emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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