El Poder Judicial entró de lleno en el universo aún incontrolable de la Inteligencia Artificial. Desde funcionarios hasta abogados usan la herramienta, mientras las instituciones organizan congresos y capacitaciones. Lejos de oponerse al avance tecnológico, la Federación Judicial Argentina aborda esta disputa, y aclara: la trasformación tiene que ser por y para el pueblo.

Por Federación Judicial Argentina

(para La Tecl@ Eñe)

Las transformaciones del empleo en la era digital avanzan con fuerza sobre todos los sectores del trabajo, pero en el ámbito judicial adquieren una gravedad particular. La introducción acelerada de automatización, notificación y expediente electrónico, digitalización de actuaciones y documentos, gestión algorítmica e Inteligencia Artificial (IA) no sólo modifica la organización de las tareas, sino que redefine derechos, relaciones laborales y funciones estatales. Este proceso se desarrolla dentro de un modelo de acumulación capitalista que impulsa reformas bajo el discurso de la “eficiencia”, pero que en la práctica suele profundizar precarización, desigualdad y pérdida de soberanía tecnológica.

Desde esta perspectiva, la Federación Judicial Argentina (FJA) afirma en este informe que los cambios tecnológicos deben ser analizados desde la mirada de quienes sostienen cotidianamente el Poder Judicial. La negociación colectiva, la regulación estatal y la participación sindical son condiciones imprescindibles para evitar que la informatización extrema derive en nuevas formas de explotación, mayor carga laboral y vulneración de derechos básicos. El acceso a justicia debe concebirse como un derecho social y no como un servicio sujeto a criterios de mercado. En consecuencia, cualquier incorporación tecnológica debe fortalecer la democratización del Poder Judicial, y no profundizar las lógicas gerenciales promovidas desde los años ‘90 por organismos como el BID, el Banco Mundial y USAID.

Hoy, las desigualdades tecnológicas entre provincias y fueros revelan un escenario fragmentado: sistemas informáticos inconexos, falta de inversión en infraestructura, brechas digitales profundas y ausencia de dispositivos adecuados. La pandemia aceleró la digitalización sin garantizar condiciones laborales: mesas de entrada virtuales sin límite horario ni de días feriados, uso de teléfonos personales, audiencias remotas sin equipamiento y una expansión del trabajo remoto que extendió jornadas, aumentó gastos propios y debilitó los lazos sindicales. La Encuesta Nacional de Salud Laboral FJA 2024 confirma el impacto: 78% de los y las trabajadoras asocia sus síntomas a la actividad laboral; las patologías más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico y problemas digestivos, mientras que el 36,8% llega a su trabajo con estado de ánimo negativo.

El avance de la Inteligencia Artificial generativa introduce nuevos riesgos. Aunque más de 2.000 trabajadores y trabajadoras participaron en iniciativas oficiales, los resultados muestran limitaciones significativas: errores, imprecisiones, “alucinaciones” y necesidad de validación humana permanente. En muchos casos, la IA no redujo carga laboral, sino que la incrementó. El uso de estas herramientas de “caja negra” en funciones estatales contradice estándares internacionales que exigen transparencia, explicabilidad y control democrático. Sin participación sindical, el riesgo es mayor: pérdida de derechos, cesión de datos sensibles, decisiones automatizadas sin responsabilidad institucional y desvalorización del trabajo profesional.

En las provincias, el panorama muestra una digitalización que avanza sin garantizar condiciones laborales adecuadas ni participación sindical real. Falta inversión en infraestructura, equipamiento y conectividad; se multiplican canales de ingreso —WhatsApp, mail, plataformas y papel— sin dispositivos oficiales, lo que obliga a usar teléfonos personales y expone datos sensibles. Persisten sistemas informáticos fragmentados sin vinculaciones interjurisdiccionales ni entre Fueros o ramas dentro del mismo Poder Judicial siquiera, sin unificación ni resguardo adecuado de la información judicial, y sin marcos normativos que regulen la aplicación, seguridad e implementación de estas herramientas.

La preocupación se profundiza con el uso creciente de Inteligencia Artificial generativa sin supervisión humana, sin regulación clara y sin controles de soberanía informacional. En varios distritos se utilizan herramientas de IA de manera informal (ChatGPT, Gemini, entre otras) —tanto por magistradxs como por trabajadorxs—, afectando la calidad jurídica y potenciando la sobrecarga laboral en oficinas virtuales y mesas de entradas 24 hs que cuentan con menos personal que antes. La conclusión es unánime: la transformación digital no puede avanzar vulnerando derechos laborales ni desvalorizando el trabajo humano; requiere inversión, normativa específica y participación de los sindicatos para garantizar un Poder Judicial seguro, accesible y democrático.

Frente a este panorama, la FJA sostiene que la transformación digital debe construirse desde una perspectiva federal, participativa y democrática. La tecnología no puede reemplazar el trabajo humano ni operar como mecanismo de disciplinamiento. Debe estar al servicio del bien común, fortaleciendo derechos laborales y garantizando el acceso efectivo a la justicia, especialmente en territorios con menor infraestructura.

Además, el almacenamiento de datos judiciales —altamente sensibles por su carácter personal, institucional y, en algunos casos, de seguridad nacional— en servidores externos y bajo arquitecturas cerradas plantea interrogantes cruciales sobre privacidad, integridad de la información y dependencia tecnológica. La ausencia de criterios claros de transparencia en los procesos de licitación, adquisición y contratación de estas herramientas refuerza este escenario de desposesión digital

A esto se le suman cuestiones generales a tener en cuenta. La implementación apresurada de estrategias nacionales de inteligencia artificial ha dejado de lado un aspecto crucial, el análisis de los riesgos ambientales y de sostenibilidad asociados a estas políticas. Por ejemplo, además de los residuos electrónicos, la operación de infraestructuras digitales requiere enormes cantidades de agua y energía, en su mayoría todavía proveniente de combustibles fósiles, lo que contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este contexto, la FJA plantea propuestas concretas: derecho a la desconexión digital; regulación de horarios de mesas de entrada virtuales; voluntariedad y reversibilidad del trabajo remoto; cobertura por accidentes y gastos derivados del teletrabajo; licencias por tareas de cuidado; negociación colectiva obligatoria en todos los Poderes Judiciales; comités mixtos de salud laboral; regulación sobre seguridad y propiedad de los datos; provisión estatal de equipamiento e infraestructura adecuada; y participación activa en el diseño de protocolos de IA.

Lejos de oponerse al avance tecnológico, la FJA reivindica la necesidad de una modernización justa, con derechos laborales garantizados y con intervención sindical en cada etapa del proceso. La digitalización no puede ser excusa para profundizar desigualdades ni para consolidar un Poder Judicial opaco, concentrado y alejado de las necesidades del pueblo. Por el contrario, debe promover un sistema accesible, federal y democrático, donde quienes trabajan sosteniendo la justicia cuenten con condiciones dignas y un marco regulatorio acorde a los desafíos actuales.

Esta disputa trasciende lo estrictamente sectorial: es una lucha que involucra a todo el movimiento de trabajadores y trabajadoras frente al avance del poder económico transnacionalizado. En un contexto de transformaciones profundas, la defensa de derechos, la soberanía tecnológica y la organización colectiva son claves para construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la justicia social, y no al revés.

Viernes, 12 de diciembre de 2025.

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