En una Argentina que profundiza sus brechas, el asedio presupuestario a la universidad pública no es solo un ajuste financiero: es la amenaza de la clausura deliberada de la última herramienta de soberanía intelectual y ascenso social de nuestro país.

Por Manuel Carbone Ojeda*

(para La Tecl@ Eñe)

Puertas que se cierran

La educación superior argentina se encuentra frente a una metamorfosis que podría estar pasando inadvertida. La universidad pública, histórico derecho garantizado, semillero de grandes académicos, que ha formado incluso cinco premios Nobel, hoy es un terreno en disputa. En el marco de un inicio de clases abrupto, los docentes universitarios enfrentan un panorama donde hoy se les paga un 35 por ciento del sueldo que tendrían que estar cobrando por su trabajo, con el paro como consecuencia directa de la precarización del rol docente. Nuestros profesores hacen paro para protestar por el incumplimiento de una ley aprobada (Ley 27.795, promulgada el 21/10/2025), que establece la emergencia presupuestaria del sistema universitario público argentino, y debería garantizar la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento por inflación, considerando necesaria la recomposición salarial para docentes y no docentes. ¿De qué se trata esto? De que más de 2,5 millones de estudiantes de instituciones universitarias públicas ven amenazada la continuidad de su cursada ya que la imposibilidad de llevar un plato de comida a sus mesas aleja a los y las docentes cada vez más de las instituciones públicas. Entonces: ¿qué es una universidad sin docentes? Un vehículo sin una rueda, tal vez, un vehículo que sería incapaz de impulsar a millones de personas a hacer realidad el sueño de acceder a un mejor futuro. Esto no es algo nuevo, aunque lamentablemente sí un problema que cada cierto tiempo tiende a volver. Estamos ante la afamada “fuga de cerebros”, una vez más. Si los docentes de la universidad pública se ven compelidos a poner su fuerza de trabajo a disposición de otras labores mejor remuneradas, ¿quiénes quedarán para formar a las nuevas camadas de estudiantes, hambrientos de curiosidad por lo que la universidad pública tiene para ofrecerles? ¿La amenaza de que sus puertas cierren es una realidad inminente?

Vaciamiento deliberado

“No hay saber verdadero si no es un saber con otros. La masividad no es un estorbo para la calidad, es la condición de posibilidad de una inteligencia que no se mira el ombligo, sino que mira a su pueblo”.

Horacio González, Saberes de pasillo.

Si la desfinanciación de las universidades públicas no es un tema de poca importancia para nuestra sociedad – ya que se promulgó una ley que la declara de “emergencia”, respaldada por tres movilizaciones masivas -, ¿por qué no se ejecuta el presupuesto pertinente? Estamos ante una decisión intencional de desfinanciamiento institucional que, ignorando la importancia que le atribuye la sociedad argentina a la educación pública, soberana y gratuita para todas y todos, decide seguir adelante con un asedio que está llevando a los y las docentes a una deserción forzada de sus puestos de trabajo, tachando a la universidad pública como un gasto banal y no como una inversión social y de futuro. Este asedio opera a través de una lógica de exclusión por desgaste. No echan a los profesores y profesoras, ¡no! Eso implicaría mucho gasto. En cambio, se busca precarizar la labor docente a punto tal que se les vuelva imposible permanecer dentro del sistema educativo público.

Estamos ante una decisión de diseño que podría provocar un vaciamiento inminente. Aunque dispuestos a dar clases, estas decisiones políticas imposibilitan la continuidad de los profesores en las instituciones de carácter público, por la insostenibilidad de sus propios medios de vida. Este intento de desplazamiento forzoso del cuerpo docente no solo es una pérdida en términos de “capital humano»; es la licuación de la memoria viva de las instituciones de carácter público y gratuito. Cuando un profesor con décadas de formación debe elegir entre la docencia o la subsistencia, se diluye, también, la excelencia que tardó generaciones en construirse y que posiciona a la Argentina como poseedora de una de las universidades de mayor calidad de la región. Las universidades públicas históricamente han sido un espacio donde el hijo del profesional y el hijo del asalariado, el joven y el viejo, comparten el mismo banco. Si el aula deja de ser foco de la diversidad social argentina, lo que estamos perdiendo no es solo formación técnica, sino la capacidad de entendernos en tanto nación.

Si este vaciamiento resultara exitoso, ¿qué pasaría con todos esos hijos e hijas de la universidad gratuita y de calidad? La respuesta es agria, de mal gusto: dejaría a la deriva el proyecto de una Argentina de grandes instituciones igualadoras entre sectores sociales dispares.

La meritocracia sin fondos no funciona. Estamos rifando un activo que ni las crisis más agudas del siglo pasado pudieron tumbar, la convicción de que el hijo o hija del trabajador puede, incluso debe, ser el científico, abogado o doctor del mañana. Si permitimos que esto suceda quedaríamos a merced de una Argentina que formaría, únicamente, a quien pueda costearse una educación universitaria en instituciones privadas y, quienes no tengan el dinero para hacerlo, se verían relegados, en el mejor de los casos, a contentarse con saber leer y escribir.

Estamos frente a una batalla por quien tiene derecho a producir sentido en este país. El vaciamiento de las universidades públicas y gratuitas podría significar el inicio de un país donde el pensamiento crítico e independiente sea un lujo de quienes tienen el tiempo y el dinero para permitírselo.

Un fantasma del siglo XIX

Lo que hoy en día se disfraza bajo el manto de “eficiencia fiscal” o de “malgasto de fondos públicos” está llevándonos hacia un modelo universitario comparable al que se encontraba previo al Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Un retroceso de 110 años de historia y conquistas académicas. Recordemos que el manifiesto escrito por Deodoro Roca en Córdoba dice: “acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica”. En el manifiesto se exigía que se reconociera el derecho a exteriorizar el pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de representantes. Por ende, el desfinanciamiento que amenaza con el cierre de la universidad pública significaría un empujón hacia el pasado donde la autonomía, la calidad y la gratuidad (orgullos de una institución que puso a la Argentina a la vanguardia del conocimiento regional) quedaría reducida a mero recuerdo del pasado. La formación superior dejaría de ser un derecho ciudadano para transformarse, nuevamente, en una mercancía de privilegio, ya que la única opción para formarse serían instituciones aranceladas en las que el acceso no es por vocación y esfuerzo, sino por capacidad de pago. El título universitario pasaría, así, de ser un aspiracional para las grandes mayorías trabajadoras a una posibilidad -casi hereditaria- para unos pocos privilegiados.

Desde 1918 las universidades públicas argentinas tuvieron en claro cómo debía ser una institución a la altura de sus estudiantes. En palabras de Deodoro Roca:

“Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien”

(https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar).

Del claustro a la clausura

La universidad pública sobrevivió a dictaduras, desfinanciamientos, fugas de cerebros y crisis económicas, manteniendo siempre sus puertas abiertas. No permitamos, como estudiantes cursantes, graduados y graduadas, docentes y no docentes, que esta sea la última vez que nos dé la bienvenida. Si el desfinanciamiento se transforma en clausura la Argentina habrá perdido su motor más potente de justicia social y movilidad social ascendente. Que este último ataque a las universidades no sea el prólogo de una educación y un país para pocos. En definitiva, un pueblo formado y crítico en su pensamiento es la garantía de un país con más igualdad. El derecho a pensar debe seguir siendo un bien común. La universidad pública y su destino está en nuestras manos.

*El autor es estudiante de la carrera de sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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