A 50 años del comienzo de la dictadura genocida, el Nunca Más al terrorismo de Estado debe ser también un Nunca Más al silencio, a los discursos de odio, a la concentración comunicacional y a las vulneraciones al derecho humano a la comunicación.

Por Cynthia Ottaviano*

(para La Tecl@ Eñe)

El uso de la energía nuclear encierra en sí misma una dicotomía. Puede salvar vidas o destruirlas.

Algo similar parece ocurrir con la mayor innovación tecnológica, bélica y comunicacional del siglo XXI, la Inteligencia Artificial.

Puede aumentar la producción o destruir el empleo. Puede mejorar la calidad de vida o desestabilizar democracias. Puede microsegmentar el conocimiento de cada ser humano y ocultar el de las grandes corporaciones. Puede ser usada para múltiples formas de entretenimientos o para inteligencia, vigilancia y bombardeos.

Lo único seguro es que necesita de los recursos naturales que no todos los países tienen. Agua, litio, cobre, petróleo y tierras raras se concentran en Sudamérica como en ningún otro territorio mundial.

El mismo territorio que hace 50 años fue considerado por los Estados Unidos suficiente amenaza como para estructurar el Plan Cóndor, la mayor campaña de terrorismo de Estado desplegado por dictaduras locales, con la participación activa de los medios de comunicación, las empresas, los poderes clericales y judiciales.

A medio siglo de esa represión sistemática trasnacional, los Estados Unidos acaban de presentar su Plan de Acción de Inteligencia Artificial, luego de que los altos ejecutivos de compañías tecnológicas como Meta, OpenAI y Palantir fueran incorporados a la Reserva del Ejército con el grado de Teniente coronel, bajo la Doctrina Donroe, por la que los Estados Unidos volvieron sobre nuestra América al considerarla gran abastecedora de las materias primas básicas para el capitalismo de plataformas, vigilancia y financiarización.

En este escenario de reconfiguración mundial, resulta clave reflexionar sobre los problemas que no hemos podido solucionar en el campo comunicacional y los desafíos que parecen dejar impávidos a legisladores, funcionarias y funcionarios, tomadores de decisiones, referentes, defensores de derechos humanos y activistas (que parecieran no conocer aún sus implicancias.).

Al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, se observan por lo menos dos grandes encrucijadas. Por un lado, el capitalismo de plataformas y vigilancias mencionado, que con una opacidad inédita en el uso de algoritmos, bots, trolls e inteligencia artificial atentan contra las democracias con el uso de discursos de odio, Fake News e Infodemia, sin ningún plan de alfabetización ni corregulación eficiente que procure su verdadera erradicación.

Y por otro, las deudas pendientes del siglo pasado, como la censura empresaria, la concentración mediática, la mercantilización de la comunicación, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, la estigmatización y discriminaciones múltiples, con pérdidas incluso de conquistas clave en la actualidad como el Estatuto del Periodista Profesional, los medios públicos y las instituciones de promoción del audiovisual y de protección y promoción de los derechos de las audiencias, con la Defensoría del Público.

Todo ello, sólo posible con persecución a quienes ejercen el derecho humano a la comunicación, represión a las movilizaciones y reclamos, prohibición hasta de asambleas en los puestos de trabajo y modificación a la ley de inteligencia para dar carta blanca al considerar que toda investigación es encubierta, por ende, sin acceso al control ciudadano de ningún tipo.

Siembra exclusiones y cosecharás violencias ha sido la enseñanza básica de la humanidad, pero que aún parece no haber sido asimilada en la Argentina. Hace 50 años, en nombre de la libertad de expresión, se estructuró un genocidio. Y quienes debían custodiar la libertad de expresión, lo ocultaron.

Aún hoy, medio siglo después, en algunos casos ni han pedido perdón ni han reparado los daños hechos. Y lo que es peor, siguen llenando sus bolsillos con negocios nacidos durante la dictadura, bajo la opresión de su propio pueblo, editando manuales escolares, diarios, revistas, de papel , digitales, ampliando negocios en el ámbito de las telecomunicaciones, el campo y hasta las librerías.

Cómo esperar que en nombre de la libertad de expresión no se sigan multiplicando los discursos de odio para destruir las democracias (y a sus dirigentes.).

No ha existido violación a los derechos humanos en el mundo que antes no haya sido una violación previa al derecho humano a la comunicación. No hay violencia física, sin antes violencia mediática y simbólica. Las balas de hoy son las palabras hirientes de ayer.

De allí la urgencia de que los pueblos profundicen el camino iniciado con la libertad de prensa primero, muy confundida con la libertad de empresa, la libertad de expresión después y hoy el derecho humano a la comunicación, un derecho humano sistémico de las democracias en cuya centralidad están las personas, ya no periodistas, empresarios ni reyes.

Un derecho que profundiza la libertad de expresión, que la amplía al comprender no sólo el dar y recibir información, buscarla y difundirla, a título individual y colectivo, sino, también, de reclamar y construir colectivamente la comunicación, al reconocer los derechos de las audiencias, los nuevos sujetos de derecho de la comunicación, creando una institucionalidad específica para que esos derechos sean efectivos y si se vulneran poder reclamar y repararlos, sin capacidad punitiva, sino dialógica y pedagógica.

Resulta oportuno recordar que, en la Argentina, la consagración de este derecho humano a la comunicación no se concretó a través de una nueva Constitución, como en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Tampoco se reformó la Constitución como en México o Colombia, sino que se legisló.

Se construyó de manera participativa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, a su vez, creó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y otros Consejos específicos, toda una institucionalidad propia, autónoma y capaz de comenzar con la tarea postergada por las dictaduras, hoy destruida por la autoproclamada Ley de Modernización Laboral.

Es que no hemos hecho los deberes en el siglo pasado ni en este.

Hace más de 50 años, un grupo de intelectuales y activistas de todo el mundo, convocados por la Unesco y liderados por el irlandés Sean MacBride, luego de recorrer la gran mayoría de los países y de escuchar los reclamos de los pueblos, reconocía las discriminaciones en materia de comunicación, la circulación de la información en dirección Norte-Sur, la mercantilización, la concentración y la homogenización de los contenidos.

Para modificar esta realidad, proponía revisar los textos de los instrumentos internacionales a fin de promover una legislación internacional en el área, base de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

A pesar de la emergencia que señalaron, esas directrices fueron sepultadas por los intereses políticos, económicos e ideológicos de quienes propagan privilegios en lugar de derechos humanos, encabezados por los Estados Unidos.

Durante ese tiempo, en nuestra América se desoyeron estas aspiraciones a fuerza de tortura, persecución, fusilamientos y desapariciones.

Medio siglo después, la falta de memoria, verdad y justicia sigue hasta nuestros días. Genocidas sin condenas, cientos de nietos y nietas que no saben quiénes son, mientras un sector de la sociedad y sus familias los buscan sin ninguna contribución de los medios de comunicación concentrados, porque son los mismos que formaron parte del genocidio.

De esa manera, las praxis dictatoriales y el verdadero poder continuó enmascarado en la democracia. De hecho, a mediados de la década del ’80, en la Argentina, luego de la dictadura cívico militar, empresaria, clerical, jurídica y mediática, se llegó a conclusiones muy parecidas a las del Informe MacBride.

Quienes integraron el Consejo para la Consolidación Democrática (COCODE), creado por decreto por el Presidente Raúl Alfonsín, sentenciaron que la “democratización del sistema de medios de comunicación es una precondición para la consolidación de sistema democrático”, es decir que sin un sistema de medios plural, diverso y robusto no hay democracia.

A pesar de la certeza, el lobby del empresariado comunicacional surgido y fortalecido durante el genocidio, fue más fuerte que la razón y la necesidad democrática.

Tal vez allí anide una de las encrucijadas contemporáneas: los problemas irresueltos de ayer se complejizan hoy. Y no dejará de ocurrir por generación espontánea.

Seguirá ocurriendo de no modificar con urgencia la deriva autoritaria.

Medio siglo después, pueden reconocerse deudas profundas con la democracia y el pueblo que la reclama.

Quien promovió desde el Poder Ejecutivo la ley de democratización de la comunicación, tomada de las bases que la demandó durante décadas, se encuentra en injusta prisión, con proscripción política de por vida y sin siquiera poder ejercer el derecho a la comunicación básico.

Todo ello, luego de que intentaran asesinarla, siendo vicepresidenta del país, de acuerdo con el Tribunal que condenó a los responsables, en un clima de violencia política alto, teniendo como causal necesaria los discursos de odio diseminados por redes sociales y medios de comunicacional.

A la vez, los genocidas obtienen permiso hasta para hacer deportes y visitar familiares, siempre con la mano extendida a un indulto inconstitucional capaz de ser otorgado por quien resulta el mayor propalador de los discursos de odio, que no reconoce los derechos humanos más que como un “curro” y que accedió por el voto popular a la presidencia de la Nación hace dos años.

Sin derecho humano a la comunicación, no hay democracia. Una convención mundial, como la de mujeres, niñez y adolescencia, o personas con discapacidad, podría ser una arquitectura común para promover un nuevo orden mundial de información y la comunicación, base para la vida en comunidad.

Corregular el uso de inteligencia artificial, los bots, los trolls, las Fake News y la Infodemia resulta ineludible, tanto como garantizar el derecho a la vida junto con el derecho humano a la comunicación, los derechos digitales y los neuroderechos de manera integral.

Poco importa por dónde viaja la comunicación, si lo hace por el espectro radioeléctrico, la gráfica, el ecosistema digital y de inteligencia artificial o el analógico. Siempre será un derecho humano.

A su vez, si la comunicación es un derecho humano, toda comunicación es pública. Luego podrá ser de gestión privada, con o sin fines de lucro, de gestión social, estatal, universitaria, escolar o indígena. Por eso el Estado debe ser garante, y tiene la obligación de generar las condiciones de universalidad, equidad y justicia social.

A problemas comunes, soluciones comunes. Además de una convención, se necesita más y mejor periodismo, más y mejor comunicación, más conciencia, más derechos humanos, de manera de concretar las tres rutas de la cartografía que urge trazar: desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar a partir del compromiso, la solidaridad, la ética y la política del encuentro.

A 50 años del comienzo de la dictadura genocida, el Nunca Más al terrorismo de Estado debe ser también un Nunca Más al silencio, a los discursos de odio, a la concentración comunicacional y a las vulneraciones al derecho humano a la comunicación.

En la Argentina y en el mundo.

*Doctora en Comunicación, escritora, profesora UNLP/UNDAV, Presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID).

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