En este cincuentenario – muy poco tiempo en la historia humana -, nos concierne una propedéutica digna de la condición humana. La memoria no es una actualización del pasado, sino por el contrario, es la actualidad existencial, el presente, lo que nos obliga a una nueva significación de lo pretérito.

Por Dora Barrancos*

(para La Tecl@ Eñe)

Las páginas que siguen no pueden evitar los términos de la autorreferencia. El acontecimiento es demasiado nefasto como para esquivar las circunstancias de haberlo vivido, teniendo en cuenta su dimensión temporal, aunque desearía afirmar que medio siglo es una fecha exigua para una sociedad. Para quienes el 24 de marzo de 1976 nos despertamos con los sones de una marcha militar y el temible comunicado número uno, no estábamos desprevenidos por completo. Hacía tiempo que escuchábamos, y hasta leíamos cada vez con más ímpetu, que las fuerzas armadas estaban preparando el golpe que pondría fin al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Desde luego, no eran sólo las fuerzas armadas, sino la inveterada coalición que habían conseguido con una parte expresiva del poder económico y también contaban con la anuencia de un buen número de representantes eclesiásticos. El aire estaba muy enrarecido desde la muerte del General Perón, quien había asumido la tercera presidencia mediante una votación extraordinaria – de casi el 62% -, y no puede pasarse por alto el rápido interregno de Héctor Cámpora, triunfante en las elecciones históricas de 1973. La derecha había armado a la Triple A y expandido su firme determinación de acabar con los “zurdos”, y no sólo del propio peronismo. Su azote letal se incrementó con la muerte de Perón, fueron numerosos los asesinatos cometidos con toda impunidad y debe recordarse que una de las fuentes propiciadoras de víctimas fue la revista El Caudillo, que prodigaba los nombres con datos de domicilio y funciones de quienes estaban condenados. En una oportunidad, aparecimos escrachados junto con Pedro Krotsch – un querido compañero- que se había desempeñado como director de Educación Agrícola en el Ministerio de Agricultura durante el camporismo, y a quien acompañábamos en diferentes funciones. Aquel aviso temerario indicaba con lujo de detalles el domicilio de Pedro, pero no era tan conspicuo respecto de sus colaboradores. En poco tiempo, Pedro debió asilarse en México con su familia. Las hazañas devastadoras se sucedieron hasta que el jefe de la banda asesina, José López Rega, a cargo del Ministerio de Bienestar Social, cayó en desgracia y fue raleado en julio de 1975 con la crisis económica y política que se desató en aquel invierno. Vivió en España con un cargo diplomático virtual, pues todo indica que estuvo lejos de desempeñarlo, especialmente preocupado con la persecución por sus crímenes que lo hicieron mudarse a diversos países, hasta que fue apresado y juzgado con el regreso de la democracia.

Desde luego, en la coyuntura contaban las acciones de las organizaciones armadas, hegemonizadas por Montoneros y el ERP, pero todo indica que la acción de las fuerzas de seguridad, y especialmente de las fuerzas militares desplegadas para su combate, había diezmado el número de integrantes – sin duda importante hacia 1974 -, por lo que parece incontestable que en marzo de 1976 su ofensiva había declinado. Recuerdo las discusiones que se suscitaron en torno de la eventualidad del golpe, los innumerables intercambios de opinión sobre lo que sobrevendría. En mi caso había militado en la Juventud Peronista identificada como “la Tendencia” para significar la posición de radicalidad transformadora a la que aspirábamos, y hasta me desempeñé en el aparato educativo del Gobernador Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires a cargo de Alberto Baldrich. Pero con la dramática renuncia de Bidegain – a raíz del seguramente insensato operativo del ERP que asaltó el cuartel militar de Azul en enero de 1974–, se impuso la retirada de la enorme mayoría de los cuadros profesionales que lo habíamos acompañado.

De mi parte había interrumpido la militancia barrial que había hecho desde hacía años en Ezpeleta a fin de evitar conflictos severos entre los puntos de vista ya muy discordantes en nuestras filas. Había ingresado al PAMI en 1971 como socióloga formando parte de los primeros grupos de profesionales, invitada por el notable sanitarista Arnaldo Torrents – a quien me unía un parentesco político-, con decidida participación en el modelo prestacional médico-social diseñado para la institución. Evoco la circunstancia de que el molde original era el sistema inglés, una suerte de patrón de acciones médicas socializadas, ideado por los grupos sanitarios después de la Segunda Guerra que pensaban que se debían sortear las formas mercantiles de la medicina. La esencia del proyecto radicaba en que las acciones médicas eran hegemonizadas por el sector público, subrayando especialmente las intervenciones preventivas. En todo caso, se trataba de una ideología progresiva de las acciones de salud y para quienes adheríamos a las propuestas políticas redistributivas, aquel diseño del PAMI nos parecía una oportunidad de avanzada. Pero corrían los meses, se acumulaban los recursos aportados por la propia población – activos y pasivos según marca la Ley -, y las prestaciones no se concretaban. La propia masa de trabajadoras y trabajadores estábamos a merced de contratos muy precarios que se renovaban trimestralmente, por lo que nuestro malestar tenía un doble lazo: se burlaba a la población y se ponía en riesgo nuestra subsistencia. En junio de 1972, cuando tramitábamos nuestra sindicalización a UPCN, decidimos realizar un paro y en horas de la tarde hicimos un piquete que paró el tránsito por un rato en Córdoba y Cerrito, área de cercanía de la sede principal del PAMI. Cuando regresé a mi casa – a la sazón estaba separada y vivía con mis dos hijitas menores de edad-, ya había llegado el telegrama de despido y lo mismo ocurrió con otros diecisiete compañerxs.  Fueron días agitados en el que las negociaciones de readmisión recorrían las más disímiles propuestas, sobre todo en torno al número de los que se planteaba recuperar.  Fue notable el macizo de aquel grupo, al que se adjudicó el mote de “cabecillas”, que cerró filas en la única perspectiva digna: nos reincorporaban a todos o a ninguno. Corría una anécdota que probablemente sea verosímil. Se decía que el ministro Manrique – con claras aspiraciones políticas – había sido anoticiado de «la cesantía de los comunistas”, y que sorprendido había manifestado: “Pero si sacan a todos los comunistas ¡quien va a tener ideas en el Pami!”. Como fuere, luego de poco más de dos semanas fuimos todos reincorporados, y con una nueva intervención -de orientación sin duda progresiva-, se avanzó notablemente en prestaciones y nuestros contratos laborales consiguieron estabilidad.  Con los cambios políticos de 1973 la intervención recayó en Bruno Di Castelnuovo, una figura de enorme compromiso y apertura que confió en la capacidad de quienes ocupábamos cargos de responsabilidad, fueran o no peronistas. Durante algunos meses en mi caso además asesoré, como he señalado, a la Dirección de Educación Agrícola.

Insisto que en 1976 cruzábamos obsesivos pronósticos acerca del golpe que se anunciaba. La información de la prensa construía conjeturas con relación a la alta probabilidad de la asonada, y hasta un diario como La Opinión se permitía inferir acerca de la posibilidad de devolver sensatez y ordenamiento a la convulsión social y política, se imponía poner coto a la desmadrada realidad. Se trataba, como es bien sabido, del periódico de mayor aquiescencia entre los sectores progresistas de la sociedad. Dejo de lado las posiciones de los medios con clara hegemonía que dieron decisivo aliento a la extinguidora saga cívico-militar. Lo cierto es que en las incontables discusiones sobre la inminencia del golpe de las que participé desde fines de 1975, sin que pueda adjudicarme ninguna clarividencia, ningún derroche de fina inteligibilidad, solía esgrimir la certeza de que los militares “nos arrojarían a todos a la misma zanja”, probablemente como una reacción frente a ciertos cálculos que parecían erráticos respecto de lo que mi sensibilidad presentía peligroso, pero créaseme, estaba muy lejos de imaginar los alcances del horror. Y así nos encontró aquel aciago 24 de marzo de 1976. La ocupación militar del PAMI se demoró unos días, pues es bien conocido el hecho de que las tres fuerzas se disputaban el control de las diversas áreas del Estado, y desde luego tenía mucho que ver con los propósitos no tan ocultos de las respectivas jefaturas. La Marina disputó severamente los resortes del bienestar social pues al Almirante Emilio Massera lo seducía especialmente ser el continuador natural del emprendimiento del golpe mediante la construcción de un encuadramiento que sustituyera al peronismo, y pensaba que para esto era estratégico ser imperator de los nervios que constituían el conjunto de los beneficios sociales estatales. 

El arribo de los comandos al PAMI significó la cesantía primero de no más de veinte personas entre las que estaba, y en los días subsiguientes la nómina pasó más del centenar. Se podía concluir que en ese primer lote de despedidos abundábamos quienes habíamos constituido el grupo “cabecilla” de los idus de 1972. Fuimos obligados a desalojar de inmediato el lugar donde nos desempeñábamos – la mayoría concentrados en la Gerencia de Evaluación -, y contaré la temeraria anécdota una vez más: fuimos descendiendo las escaleras del edificio de Piedras y Avda. de Mayo acompañados por muchas y muchos compañeros mientras entonábamos “La marcha peronista”. Pudo haber sido fatal, pues estaba en plena ejecución el plan desaparecedor, lo que sería repetida práctica ominosa eso de chupar personas, torturarlas, violarlas, asesinarlas, cuya magnitud seguramente sobrepase las treinta mil, pues sólo en el ámbito del PAMI han sido contabilizadas una docena de compañerxs desaparecidxs. El sistema de exterminio alcanzó a mi propia familia en octubre de 1976 con la desaparición de Irene Torrents, que tenía veinte años y era hija del ya mencionado Arnaldo Torrents y de mi prima Sylvia Bermann.

En mayo de 1977 pude exilarme en Brasil, que fue un bálsamo de solidaridad, un verdadero enjambre de apoyo y empatía. Fueron muy duras las circunstancias de mi salida, pues no pude obtener la autorización del padre de mis dos hijas mayores, que a la sazón tenían 8 y 9 años, por lo que retrasé todo lo que pude el destierro forzado. Ah, la patria potestad patriarcal… Había formado nueva pareja con Eduardo, con quien tuvimos otra niña, y fue decisivo su empeño de que dejara el país hacia Brasil, donde efectivamente había una notable correa de apoyos. En su condición de médico hubo una cadena de adhesiones por parte de núcleos de profesionales que disputaban con el régimen de la dictadura, ya con signos de retroceso, la extensión de la salud pública. Yo misma fui alcanzada por esa cadena puesto que fui adoptada en la Secretaría de Estado de Saúde de Minas Gerais, dada mi experiencia en el PAMI, para trabajar especialmente en el Programa de Atención Primaria en Salud en la que ese estado era pionero en su implantación. En diciembre de 1977 pude encontrarme con mis hijas mayores, y re–existimos en el cóncavo protector de Brasil. ¡Salud querido país!

Estamos cursando un ciclo pavoroso de retroceso de derechos que no puede compararse con el Terrorismo de Estado, aunque pululan en el poder las figuras negacionistas. Debe entenderse que el negacionismo no es sólo un punto de vista que persevera en la ceguera cognitiva; en modo alguno es así, pues su verdadera semiología es la legitimación de lo execrable. Esa legitimación implica una reposición material y simbólica de la feroz dictadura. En este cincuentenario – muy poco tiempo en la historia humana -, nos concierne una propedéutica digna de la condición humana. La memoria no es una actualización del pasado, sino por el contrario, es la actualidad existencial, el presente, lo que nos obliga a una nueva significación de lo pretérito. Y no se trata de haberlo vivido, sino de la vida que experimentamos. Es en nombre de nuestras ineludibles responsabilidades actuales para asegurar sustancial jerarquía a la condición humana, con vistas al futuro, que rememoramos el horrendo ciclo inaugurado hace cincuenta años.

*Doctora en Historia. Investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina.​ Forma parte del equipo de académicos e intelectuales que fue nombrado por el Gobierno nacional como asesores del presidente Alberto Fernández.

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