Mentiras, operaciones y omisiones sobre la vinculación militar con las bandas parapoliciales del terrorismo de estado previo al golpe de Estado de 1976.

Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Por estos días se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata el juicio contra tres integrantes de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 13 víctimas entre diciembre de 1975 y abril de 1976, un período que se extiende desde antes del derrocamiento del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón hasta después del golpe que instaló la última dictadura cívico militar en nuestro país. La causa, conocida como CNU 2, tiene como acusados a Carlos Ernesto Castillo (a) “El Indio”, Juan José Pomares (a) “Pipi” y Antonio Agustín Jesús (a) “Tony”, responsables de secuestros, asesinatos, torturas y robos cometidos en sus operaciones como parte del aparato terrorista del Estado.

Los testimonios y otras pruebas que se van conociendo en el desarrollo de este proceso judicial, mayormente ignorado por los grandes medios de comunicación, vuelven a poner en foco el accionar de las bandas paraestatales en el período previo al derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y su continuidad después de consumado el golpe al incorporarse a los grupos de tareas del plan sistemático de represión ilegal del Estado Terrorista instaurado por la dictadura. No solo en el caso de la CNU, sino también en los de la Triple A y el Comando Libertadores de América, por nombrar a las tres bandas paraestatales más notorias de ese período.

Como en juicios anteriores, también vuelve a quedar claro que desde antes del 24 de marzo de 1976 estos grupos venían actuando a las órdenes de las Fuerzas Armadas, lo que echa por tierra el discurso que trataba de mostrar a un país convulsionado por el enfrentamiento de organizaciones de ultraderecha y de ultraizquierda, todas dedicadas a socavar el sistema democrático, en el que los militares debieron intervenir para devolverle la paz a la sociedad argentina.

Breve historia de la CNU

Conviene repasar de manera breve la historia de la CNU para echar luz sobre el papel que cumplió como instrumento de las Fuerzas Armadas antes del golpe. No fue así desde el principio, sino que constituye un caso atípico dentro del abanico de grupos paraestatales que actuaron durante los gobiernos peronistas antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

No fue, como la Alianza Anticomunista Argentina – que nació en la jefatura de la Policía Federal y las catacumbas del Ministerio de Bienestar Social lopezrreguista – o el Comando Libertadores de América – que operó desde un principio a las órdenes de la jefatura del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba-, una banda creada desde el poder, sino que tenía una existencia previa.

Surgió a fines de la década de los 60 en La Plata como una agrupación universitaria de ultraderecha, políticamente alineada con el peronismo y el catolicismo preconciliar, y con un fuerte sesgo antisemita. Si se quisiera hacer una genealogía habría que buscar sus antecedentes en Tacuara y en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), de cuyos militantes se nutrió. La CNU se forjó en el Instituto Cardenal Cisneros, donde su ideólogo, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, divulgaba su particular concepción del mundo entre los jóvenes universitarios de la clase media platense. Pronto derivó en un grupo de choque de ultraderecha que, bajo la consigna “Delenda est marxisticas universitas”, se dedicó a perseguir e intimidar a militantes de organizaciones revolucionarias y peronistas situadas a su obvia izquierda. Saltó sangrientamente a la fama el 3 de diciembre de 1971, cuando una patota armada atacó a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a uno de sus participantes, la estudiante Silvia Filler, de 19 años.

El 20 de junio de 1973, sus integrantes, comandados por Alejandro Giovenco, Feliz Navazzo y Patricio Fernández Rivero, participaron de la masacre de Ezeiza junto con otros grupos de la ultraderecha peronista apoyados logísticamente por el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y la Policía Federal. En enero de 1974 – después del desplazamiento del gobernador Oscar Bidegain – la CNU se puso a las órdenes del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y comenzó a operar en el territorio provincial con protección de la Policía Bonaerense, que la apoyó con personal, armas y liberación de zonas para sus acciones criminales. Desde entonces y hasta poco después del golpe sus grupos de tareas cometieron atentados, secuestros y asesinatos amparados por el Estado.

A partir de octubre de 1975, coincidentemente con la firma de los decretos de “aniquilamiento de la subversión” del gobierno peronista, también operó bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En La Plata – donde hoy se están juzgando unos pocos de sus crímenes – recibía órdenes y realizaba operaciones ilegales conjuntas con hombres del Regimiento 7 de Infantería, a cargo del entonces coronel Roque Carlos Presti – padre del actual ministro de Defensa – y del Batallón de Infantería de Marina 3.

Los grupos de tareas de la CNU platense fueron desactivados en abril de 1976 por orden de Prestí, cuando su accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil para el plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico militar. Para entonces había sembrado de cuerpos acribillados la ciudad de La Plata y sus alrededores con el objetivo de provocar el terror entre la población. Sus víctimas sumaban más de un centenar. Los “blancos” habituales eran estudiantes y docentes secundarios y universitarios, militantes de superficie de las organizaciones de izquierda y de la tendencia revolucionaria del peronismo y sindicalistas combativos de las reparticiones estatales y de las fábricas del cordón industrial platense.

Mentiras e impunidad

Cuando el 24 de marzo pasado, al cumplirse 50 años del golpe, el gobierno de Javier Milei difundió su ya clásico video Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA, omitió por completo – valga la redundancia – el papel cumplido por las Fuerzas Armadas a través de las bandas parapoliciales en el terrorismo de Estado previo al golpe. Para referirse a ese período eligió presentar el testimonio de Arturo Cirilo Larrabure, hijo del mayor Argentino del Valle Larrabure, capturado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y retenido en una “cárcel del pueblo”, donde se suicidó en agosto de 1975, tras 372 días de cautiverio.

La muerte de Larrabure, presentada falsamente como un asesinato, fue utilizada entonces por las Fuerzas Armadas para dar un golpe de efecto propagandístico en la creación del clima que necesitaban para conseguir que el gobierno peronista promulgara los decretos de “aniquilamiento de la subversión” primero y justificar el golpe de Estado después. Para hacer más impactante la historia, se difundió la información nunca comprobada de que el militar había sido torturado y presentaba signos de desnutrición. Fue la versión oficial incluso desde antes de que se realizara la primera autopsia, que dictaminó que la causa de la muerte había sido “por estrangulación”.

La misma falsedad fue repetida, ahora en boca del hijo del militar, en el video del gobierno mileísta. Los hechos fueron muy diferentes. El expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo del cuerpo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”. Sin embargo – y contra todo dato material – el mismo día de la primera autopsia, 24 de agosto de 1975, los jueces federales Febres y Niclison declararon que se trataba de un homicidio.

En 2008, el periodista Carlos Del Frade realizó una exhaustiva investigación sobre el caso y puso al desnudo la maniobra de hacer pasar un suicidio como homicidio para fines propagandísticos. “La autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno. Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Es probable que esto figure en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen. Larrabure no fue asesinado. El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio. Sirvió para impulsar el genocidio. Nada más y nada menos”, escribió en sus conclusiones.

De la misma manera que las Fuerzas Armadas utilizaron el suicidio de Larrabure para montar una siniestra operación de propaganda, nunca reconocieron el papel que jugaron en la represión ilegal durante los gobiernos peronistas ni su vinculación con las bandas paraestatales del terrorismo de Estado previo al golpe. Sin embargo, cuando en septiembre de 1983 los dictadores ya en retirada quisieron garantizar la impunidad para sus crímenes de lesa humanidad con el decreto que llamaron de manera obscena “Ley de Pacificación Nacional”, no pusieron el 24 de marzo de 1976, el día que perpetraron el golpe, sino el 25 de mayo de 1973 como la fecha que serviría de punto de partida para “todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas” que no se podrían juzgar una vez recuperada la democracia.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Aunque las pruebas sobren, como el juicio CNU 2 vuelve a poner en evidencia, y el gobierno de Javier Milei pretenda volver a imponer un relato mentiroso del pasado para hacerlo funcional a sus siniestros intereses del presente.

Lunes, 4 de mayo de 2026.

*Periodista.

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