Carrió se retira del Congreso cuando su nombre, hermanado al del fallecido juez Claudio Bonadío, se ha convertido en sinónimo de lawfare, una práctica nefasta que el país ha decidido borrar con democracia.

Por Luis Bruschtein*

(para La Tecl@ Eñe)

“Adiós Patria Mía” tituló Elisa Carrió a su despedida de la función legislativa. Pero no se va de la Patria, solamente renunció como diputada. Para ella, no ser diputada es como abandonar la Patria. “Desde ahora paso a ser Lilita Nadie” agregó. Como si no ser diputada fuera ser nadie. La mayoría de los argentinos seríamos nadie y estaríamos lejos de la Patria, porque estamos en el llano, según alguien que estuvo 25 años en la función legislativa.

Y pidió disculpas a los que están enojados con ella por lo que hizo, “porque hice lo que debía hacer”. No reconoce que se pudo equivocar, que hubo ensañamiento ideológico, que hubo mentira y una gran dosis de teatralidad artificial en su operatoria denuncista.

Si fuera una especie de Lisandro de la Torre, como ella quisiera que la vieran, su salida del Congreso dejaría un vacío muy grande. Pero lo que deja es el recuerdo de una de las prácticas legislativas más nefastas de este período democrático. Ninguna de sus denuncias, que fueron usadas para destruir moralmente a sus opositores, ha podido ser demostrada fehacientemente en los tribunales.

Denunciar sin fundamento, con el respaldo del gobierno macrista, la poderosa corporación de medios, los servicios de inteligencia y funcionarios judiciales venales es lo opuesto a lo que hizo Lisandro de la Torre que, por el contrario, denunció todo eso.

La salida de Elisa Carrió podría ser un síntoma de desgaste de ese mecanismo que ella llevó a su máxima expresión al trasmutar el acto moral de denunciar a la corrupción, en un hecho de corrupción. Donde ella se ve como Lisandro de la Torre, en el mundo se representa el lawfare. Ya no asombra a nadie.

Y lo que es peor, tampoco causa admiración, como sucede todavía con Lisandro de la Torre. O como sucedía al principio de esta operatoria denuncista que se asienta en la construcción de prejuicios para condenar sin pruebas, con grandes actuaciones y ruido mediático. Los protagonistas de lawfare son visualizados en todo el mundo como sujetos de una nueva forma de corrupción.

Han perdido esa aureola de justicieros porque sus denuncias no van contra el sistema, sino en su favor. Y porque las respaldan todos los factores de la verdadera corrupción, los que fugaron millones de dólares a cuentas offshore, los grandes contratistas de la obra pública y los organismos financieros que se enriquecieron con la especulación y el empobrecimiento de los argentinos. Esos fueron los apoyos de Carrió y tendrían que haber sido los denunciados.

El mecanismo quedó en evidencia cuando se aplicó en varios países al mismo tiempo contra dirigentes de signo popular. Tuvo un sesgo ideológico muy fuerte, mecanismos similares y el mismo entramado.

Desde el llano, Carrió servirá para recordar esa práctica nefasta y no dejarse engañar otra vez. Las únicas fortunas que se encontraron fueron las que la respaldaban a ella y estaban en el gobierno macrista. No hubo fortunas de Julio De Vido, de Amado Boudou o de Cristina Fernández de Kirchner, que estuvieron en el centro de estas operaciones.

No hay nada que puedan exhibir como prueba real. Cualquiera de ellos tiene un nivel de vida perfectamente explicable porque ninguno es excesivo como en el caso de la mayoría de los ex funcionarios macristas. No han podido mostrar, ni siquiera como mentira, tesoros deslumbrantes o posesiones faraónicas de los crucificados por esas denuncias.

Esas denuncias ya no son creíbles. Solamente encuentran eco en los que coinciden con la persecución política a los que piensan distinto. Hay un pensamiento no democrático que ni siquiera necesita el prejuicio del que dice que “todos los negros son chorros”. Simplemente le basta con que se persiga a los “populistas que nos sacan plata a los que trabajamos para dársela a los vagos que viven de los planes”. O sea: a los peronistas, como siempre.

La corrupción judicial en la que todas las denuncias caían en los mismos jueces, en la que los jueces que no las tomaban eran acusados de corruptos y desplazados, en las que eran tomadas como prueba notas periodísticas sin fuente, declaraciones obtenidas en forma ilegal a través de chantajes o escuchas telefónicas ilegales, en la que esos jueces condenaban por orden del poder político, se sostiene en el poder económico real que provocó la tremenda crisis en que está sumido el país y en ese sentido común cavernícola.

Carrió se retira del Congreso cuando su nombre, hermanado al del fallecido juez Claudio Bonadío, se ha convertido en sinónimo de lawfare, una práctica nefasta que el país ha decidido borrar con democracia, decirle nunca más, como lo indicó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2020

*Periodista