El ex juez Carlos Rozanski analiza el curso de la investigación sobre el atentado contra la vida de la Vicepresidenta Cristina Fernández y afirma que el Lawfare, que algunos jueces y fiscales estimulan y garantizan, puede llevar al país a una crisis institucional sin precedentes.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

La investigación por el atentado a la Vicepresidenta de la Nación está cada día más contaminada. La oposición del fiscal Rivolo a que se investigue el intento de magnicidio junto a las denuncias por las amenazas  y la violencia propagadas desde la cuenta de Instagram del grupo “Revolución Federal”, como pretende el Juez De Giorgi, es muy grave. A su vez, la decisión de la jueza Capuccetti en sintonía con el fiscal, es más grave aún. Una tercera causa que se mantiene separada (en manos del juez Lijo por las bombas Molotov), completa un cuadro altamente preocupante. Quien acaba de decidir dándole la razón al fiscal y la jueza, es el camarista Llorens, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y arquero del Liverpool, equipo que integran el fiscal Luciani y el juez García Uriburu que está juzgando a Cristina Fernández. Sus compañeros de sala, Bertuzzi y Bruglia, revocaron hace pocos días el procesamiento de Carlos Stornelli y Marcelo D´Alessio en la causa por Gas Natural Licuado. Es útil recordar también que el 24/9/2018, Carlos Rivolo y Carlos Stornelli pidieron al juez Bonadio imputar a Cristina Fernández de Kirchner por 913 hechos criminales. El mismo Rivolo criticó hace pocas semanas a Alberto Fernández por defender a la Vicepresidenta respecto de los ataques en la causa vialidad. El nombrado fiscal federal, luego de duras expresiones hacia el presidente, opinó sobre Cristina que: “Es un caso de corrupción extremadamente grave”. Respecto del alegato y pedido de pena a la Vicepresidenta, afirmó que: “El trabajo de Luciani y Mola ha sido brillante”. “Alrededor de 1.000 millones de dólares de corrupción”. “Un caso de corrupción monumental” (SIC). Es decir, quien critica fuertemente al presidente por opinar, se da el lujo de valorar y calificar el alegato de sus colegas en medio de una causa aún no resuelta. Sobre la manifestación popular de apoyo a Cristina, ese día de los alegatos de Luciani, señaló Rivolo en la señal de cable de noticias TN: “alguien debería decirles: Vayan a su casa” (SIC) (22/8/2022). A su vez, es el mismo fiscal que investiga el atentado con el cual se quiso terminar con la vida de quien él considera una corrupta extremadamente grave, Cristina Fernández de Kirchner. 

Desde el momento mismo en que se produjo el intento de magnicidio, surgieron las dudas, hoy certezas, de que no habría una investigación adecuada. La predominancia en el fuero federal de los sectores más reaccionarios y cómplices de la derecha hoy en campaña, encendía las alarmas. La rápida “pérdida” en menos de 24 horas, de una de las principales pruebas para esclarecer los entornos y alcances del atentado, los datos del celular del portador de la pistola, llevaba el amarillo inicial de las alarmas a un rojo intenso que parece definitivo.

A medida que los días transcurrían y se tomaba conocimiento de hechos graves previos y simultáneos al atentado, crecía el asombro y preocupación ante la evidente dirección que se imprimía a las actuaciones. No indagar a personajes como la vecina “servicial” de la víctima del atentado, desde cuyo departamento, en el piso de arriba, se tomaron imágenes de las veredas de la propiedad, señalaban un camino del cual no se retorna. ¿Qué decir sobre el resto de los personajes que rodean los hechos? De quien tomó las imágenes por ejemplo, o la letrada que “casualmente” alquila una pieza en ese departamento. O aquel carpintero que aprendió el oficio por YouTube y recibe una suma importante de dinero de un “fideicomiso” de Neuquén, según relata, ignorando que se trataba de una empresa del grupo Caputo. Según la supuesta factura, se trató de un pago de una cantidad indeterminada de “mesitas de luz” (SIC). Hablamos del mismo artesano de guillotinas que además fabricaba antorchas para atentar contra la casa de gobierno y que al día de hoy se pasea por los canales de televisión orgulloso de haberlas fabricado y llevado a la plaza. Es, además, nada menos que el fundador de “Revolución Federal”, ese grupo neonazi que la jueza y el fiscal rechazan investigar. O, finalmente, de citar como “testigo” – en lugar de imputada – a quien aparece en los chats como conocedora de detalles del atentado y sugiriendo a sospechados el camino a seguir.

Junto a los muchos jueces y fiscales decentes, hay en cambio juezas y jueces, fiscalas y fiscales, cuyo odio es visceral y está consolidado. Con sus decisiones encubren y convalidan los discursos violentos que son sólo el comienzo de secuencias trágicas en la historia de la humanidad. Le siguen los actos de odio y luego el “estado” de odio. El mismo que caracteriza una parte de nuestro poder judicial. Se trata de un grupo de magistrados y funcionarios que acompañan desde hace largas décadas, los momentos más tristes de nuestra historia judicial. Aquellos que el 10 de septiembre de 1930 desde la Corte Suprema y de la mano del Procurador General Horacio Rodríguez Larreta, convalidaron el primer golpe de Estado en nuestro país, hoy, con los recambios biológicos inevitables, siguen en sus despachos. Cumplen el mismo rol de servicio al poder real que integran gustosos e impunes.

Los lazos que unen a quienes conforman el sector corrupto de nuestro poder judicial, son mucho más fuertes y peligrosos de lo imaginable. Aunque se reitere el infantil discurso de que sólo se trata de compartir partidos de fútbol o paddle. Son lazos de oscuros e inconfesables intereses de poder. El odio y la codicia los amalgama, y su pertenencia los condiciona como a cualquier otra secta.

El Lawfare que algunos jueces y fiscales estimulan y garantizan, integra un trípode mafioso (junto a medios hegemónicos y “servicios”), que puede llevar al país a una crisis institucional sin precedentes. Ese sector está obsequiando decisivo tiempo tanto a la destrucción de valiosas pruebas, como a la generación cotidiana de “pescado podrido” y a editoriales negacionistas.

Hoy, como en la caja de Pandora, han salido todos los demonios y sólo queda la esperanza. Esperanza de que nuestros dirigentes asuman lo antes posible la gravedad de la situación, y además de exponer a los magistrados corruptos, generen las condiciones para que la máxima referente política del país retome el acercamiento físico con su pueblo y que lo haga con la seguridad adecuada. Después, siempre es tarde.

La Plata, 28 de septiembre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.