Los integrantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio anunciaron que no acompañarán las sesiones extraordinarias ni votarán ninguna ley que sea propuesta por el oficialismo. El ex Juez Carlos Rozanski sostiene que las consecuencias de esta decisión, de concretarse la amenaza, impactarán sobre todo el sistema democrático del país, violando la constitución y las leyes.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Los integrantes de la coalición opositora de extrema derecha, Juntos por el Cambio, aumenta día a día el nivel de violencia de su actividad política. Es parte de la ya remanida estrategia con la que pretenden posicionarse para las elecciones de octubre. Desde la pública ponderación de Adolfo Hitler por parte del principal asesor de Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, mucha agua ha pasado bajo el puente. Y en ella se han bañado sin el más mínimo pudor las principales figuras de esta derecha reiterativa en su despreciable pero efectiva descalificación y desconocimiento del “otro”.

La convocatoria del Presidente de la nación por Decreto 17/2023  a sesiones extraordinarias del Congreso (art. 63 Const. Nac.), expuso una vez más las peores miserias de una derecha que por sus propias carencias, se torna cada día más peligrosa para la vida en comunidad.

Hay que recordar que la convocatoria aludida es un mecanismo de la constitución nacional para que el congreso pueda sesionar en período de receso. La sesiones ordinarias están previstas de marzo a noviembre y cuando la vida comunitaria requiere el estudio y eventual sanción de nuevos proyectos de ley, el Presidente convoca a un período extraordinario para su tratamiento. En el caso, el decreto establece actividad desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero. Poco más de 30 días para mejorar, en algo al menos, la vida de los ciudadanos.

Este año, se trata de 27 proyectos, todos importantes, entre los que se destacan los de seguridad vial sobre alcoholemia cero, el plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030,  abordaje integral de la violencia institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios, Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, de Prevención y Represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la creación de Universidades Nacionales, el de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación, Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a y Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 6 de enero, la oposición anunció que no acompañará las sesiones extraordinarias ni votará ninguna ley que sea propuesta por el oficialismo (SIC).

No se trata en el caso de una diferencia de opiniones respecto de uno u otro proyecto. En realidad, ni siquiera interesa de qué trata cada uno. Y si, sólo para el análisis, nos detuviéramos un segundo en el listado, comprobaríamos que se trata de propuestas legislativas que buscan incidir en una mejor calidad de vida ciudadana. Claro está que todo aquello que implique una mejora para los sectores más vulnerables en materia de salud, educación y justicia (de eso se trata la mayoría de los proyectos), será percibido como una agresión por parte de quienes lucran y se solventan precisamente con la ignorancia, la enfermedad y la injusticia.

¿Es posible imaginar a los socios de Macri y Bullrich votando leyes que persigan el lavado de activos o contra el contrabando de armas para golpes de Estado en la región? ¿A los compañeros de María Eugenia Vidal votando la creación de Universidades Nacionales? Sin dudas que no.

Y finalmente, ¿quién puede pensar que a la derecha recalcitrante de Juntos por el Cambio le puede interesar una Corte Suprema amplia, sin monarcas y con buenos jueces? Semejante posibilidad significaría una debacle política de la cual ya no podrían reponerse. Por esas y muchas otras razones inconfesables, hicieron pública – el día de los reyes magos -, una decisión que no registra antecedentes en la historia legislativa de nuestro país, cual es la de un bloqueo “genérico” y generalizado a la actividad del Congreso de la Nación. Debe recordarse que el número de legisladores con que cuenta la coalición derechista nombrada -en ambas Cámaras- resulta definitoria tanto para lograr quorum para sesionar, como en aquellas deliberaciones que requieren el voto afirmativo de dos tercios de los miembros.

El bloqueo legislativo anunciado es una determinación que viola la Constitución Nacional y normativa expresa del Código Penal argentino que prevé penas de hasta 20 años de prisión. Claro que, para que se aplique el Código Penal a estos casos, se requiere jueces dispuestos a hacerlo. Ahí radica la raíz de la crisis actual y se impone un breve análisis.

Mauricio Macri comanda una organización criminal transnacional sin precedentes en la historia democrática del país. Ostenta el triste récord de ser el primer presidente de una nación que asume la magistratura sospechado fuertemente de pertenecer de manera orgánica a una organización mafiosa (N´drangheta, Jorge Beinstein, 2019).

Macri llegó al poder en el año 2015 y mediante un plan diseñado cuidadosamente, concretó en cuatro años el mayor saqueo económico y fuga de divisas que registren los anales de la región. Simultáneamente, efectuó una persecución sistemática de opositores, así como la instalación de magistrados seleccionados en cargos estratégicos del Poder Judicial de la Nación. De ese modo, la Agencia de Inteligencia del Estado (AFI), en coordinación con los medios hegemónicos de comunicación y el grupo de jueces y fiscales afines, llevaron adelante la tarea de vaciamiento y fuga (2015-2019). Luego, a partir de la asunción de Alberto Fernández, pusieron en marcha el actual período de consolidación del saqueo a partir de la impunidad y blindaje de sus autores directos y cómplices.

Esa metodología de Lawfare o guerra jurídica, debe ser comprendida en el contexto de una organización mafiosa -más amplia, que utiliza aquellos mecanismos modernos de persecución y blindaje para sus fines criminales.

En ese sentido, el obsceno sabotaje a la investigación del atentado a la Vicepresidenta de la Nación, con la “pérdida” de pruebas esenciales y de laxitud hacia posibles autores intelectuales, financistas y demás cómplices, es demasiado obvio. Hay que recordar que el fiscal a cargo de la investigación le imputó a Cristina Fernández (en 2018 junto a Carlos Stornelli), 913 hechos delictivos. A su vez, la jueza titular del juzgado, comparte la actividad en el Instituto de Seguridad de CABA entre otros, con Juan B. Mahiques y Marcelo Dállesandro (Lago escondido). Tan obvia es la obscenidad resumida, que cabe pensar que su ostentación es adrede.

Es una muestra de poder que decide exhibir la organización mafiosa. Debe recordarse también que mediante ello se logra un efecto altamente disuasivo sobre todo aquel que intente abandonar la banda así como a quien intente denunciarla o investigarla. Las iniciativas legislativas oficialistas, en especial las que apuntan a un proceso de saneamiento del Poder Judicial (ampliación de la Corte y juicio político a sus integrantes), representan un concreto peligro para la organización. Los jueces y fiscales involucrados serían rápidamente eyectados del sistema por una Corte decente que, además, colaboraría en las medidas para encaminar el Consejo de la Magistratura.

En síntesis, las consecuencias de la decisión anunciada por Juntos por el Cambio, de concretarse la amenaza, impactarán sobre todo el sistema democrático del país, violando como se dijo, la constitución y las leyes.

Se trata de una nueva horda pre civilizatoria conformada por una enorme organización criminal que si bien actúa en paralelo al Estado Nacional, simultáneamente lo hace desde el corazón mismo de la República. Ahí radica la mayor dificultad para repelerla. Así, desde la coalición opositora, legisladores, jueces, fiscales, ex servicios de inteligencia, poderosos grupos económicos dueños de la mayoría de los medios de comunicación masiva, políticos con y sin cargo actual, sincronizan a diario su actividad destituyente. Lo hacen con llamativa comodidad y ante un actual oficialismo que no ha podido o no ha sabido aún repeler con la energía necesaria, la agresión institucional que desde el 10 de diciembre de 2019 se padece en el país, y que en especial afecta, como siempre, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Finalmente, hay que recordar que la elaboración de normas en un Estado tiene como principal objetivo regular la vida en común. Es el reemplazo de la violencia cuerpo a cuerpo donde en la época pre normativa, se imponía la ley del más fuerte. En esta etapa del Plan Condor III, el accionar de la horda macrista propone frenar el dictado de nuevas leyes y que de las existentes sólo se apliquen aquellas que aseguran la continuidad del saqueo económico y la impunidad de los responsables. Cuentan para ello con la ya descripta organización mafiosa.

Ante ese panorama, el desafío es para la dirigencia política progresista que deberá dar respuesta rápida y proporcional a la magnitud de la agresión mafiosa que lleva adelante la coalición opositora. Por el pueblo no debe preocuparse esa dirigencia ya que como lo ha hecho en los momentos más críticos de nuestro pasado reciente, tanto en la resistencia a la dictadura como en el apoyo a los juicios a los genocidas o en el rechazo al infame 2 x 1, responderá incondicionalmente dando sostén a cada una de las medidas que el gobierno decida tomar en ese rumbo.

Buenos Aires, 17 de enero de 2023.

*El autor es Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.