El gobierno definió un plan de reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Los grandes fondos de inversión han adoptado una posición de tratar de cobrar lo máximo posible. En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.

 Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda es un condicionante para el desarrollo del país, recursos que debe disponer el Estado para impulsar el mercado interno y la imprescindible obra pública, dado nuestro déficit de estructura (puertos, rutas, vías férreas, hidrovías, represas, etc.), no se pueden hacer por el pago de la deuda.

Es más, la teoría económica dice que solo se concibe el endeudamiento para financiar gastos de capital, sin embargo, el gobierno de Cambiemos se endeudó irresponsablemente por unos 129.000 millones de dólares, y no se explica por las obras que se realizaron en los cuatro años de gestión de Cambiemos, esa magnitud de deuda.

Al 9 de diciembre de 2015, último día de gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública bruta alcanzaba el 52,6% del PIB, de los cuales, solamente alrededor de un 9% del PIB era con bancos y fondos de inversión financiera y conformaba un total del 16,5% del PIB con el resto del sector privado, un 6,4% del PIB con organismos internacionales de créditos, tipo Banco Mundial, BID, CAF, etc. y la mayor parte era intra sector público (el 29,7% del PIB)

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva a que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeuda 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB que se estima en 352.300 millones de dólares) y modificó drásticamente su composición donde, al deberle más de 44.000 millones de dólares al FMI, los organismos internacionales pasan a tener acreencias por el 21,4% del PIB en 2019 y, la deuda en poder del sector privado el 38,9% del PIB. Que se agrava por los vencimientos que se superponen este año 2020 y los próximos.

La deuda con los bonistas privados se estima en unos 112.000 millones de dólares, de ese monto, los grandes bancos y fondos de inversión tienen en su poder aproximadamente unos 88.500 millones de dólares en 34 títulos de deuda con condiciones y plazos distintos y son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), Ashmore Group (Que es el administrador de activos financieros más importante de Gran Bretaña), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en no menos de 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a que el conjunto de acreedores acepte un plan de pago que permita un sendero de crecimiento del PIB y de las exportaciones, que el ministro Martín Guzmán al diseñar el plan en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 12 de febrero de 2020, sostuvo que, las exportaciones deben crecer a una tasa del 4,5 al 5% anual y el PIB en tono al 2% anual.

Para ello debe diversificar las ventas externas y sin nombrarlo se refirió a Vaca Muerta, a la minería y a darle mayor valor agregado a las exportaciones agrícolas.

De esa manera dijo el ministro, se genera una macroeconomía consistente que debe ser apoyada por el acuerdo de precios y salarios coordinados por el Estado nacional y, una política fiscal que debe tender a equilibrar sus cuentas, en un escenario que denominó “alcanzable y realista” que implica alcanzar el equilibrio fiscal y converger a un superávit fiscal primario (antes del pago de los servicios de la deuda) para el año 2023, entre el 0,6% y 0,8% del PBI (unos 2.600 a 2.800 millones de dólares), cuando el total del gasto público nacional (que es en pesos) es del equivalente a 85.000 millones de dólares (un 24% del PIB)

También concedió otro escenario, que se podría alcanzar el equilibrio fiscal, con una economía en recuperación y en 2022 se alcanzaría el equilibrio fiscal primario y en 2023 un 1% o 1,2% del PIB de superávit fiscal primario.

Si bien no lo dijo explícitamente, es obvio que implícitamente está planteado suspender el pago de los intereses y del capital adeudado hasta el año 2023, en que se alcanzaría un superávit primario de las cuentas públicas nacionales, con el fin de utilizar los recursos que iban a pagar los servicios de la deuda, en apuntalar la inversión pública, mejorar las jubilaciones y pensiones, y estimular el mercado interno, etc.

LA POSTURA DE LOS GRANDES FONDOS TENEDORES DE TITULOS DE DEUDA ARGENTINO.

Por un lado, y la conducta adoptada por el fondo Fidelity lo demuestra, que al poseer directa o indirectamente más del 25% de los Bonos BP 21 de deuda externa de la Provincia de Buenos Aires, inhiben de cumplir la cláusula de acción colectiva que si el 75% delos acreedores aceptan el plan der pago, el 25% restante lo debe acatar.  

Y es la conducta que adoptaron en mayor o menor medida los grandes fondos de administración de activos, sobre todo tras las elecciones PASO, en que sabiendo el fin del gobierno de Macri, mientras que otros inversores trataban de salir de las posiciones argentinas, ellos compraban a precios muy por debajo de su valor nominal, con lo que se explica que, pese a las fuertes órdenes de venta en los mercados internacionales, no derrapaba tanto el valor de los títulos de deuda argentinos.

Ese es el verdadero estado de situación y esos acreedores tienen un solo fin, maximizar sus ganancias a como dé lugar. Lo demostraron en su momento los fondos buitres cuando tras ser aprobado su pago por el Congreso de la Nación a comienzos del año 2016, con el pretexto que ello permitiría la reinserción de la economía argentina en el mercado de crédito mundial y, llegaron a tener una ganancia hasta de un 1.180% sobre el capital invertido e incluso, nuestro país hasta pagó los honorarios legales de la demanda, como es el caso del fondo NML Eliott de Paul Singer, según demostraron Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en el artículo que publicaron en el New York Times el 1 de abril de

El jueves 13 de febrero vencían los Bonos Dual (AF 20) por $ 105.000 millones, que se habían constituido mayoritariamente en dólares (y se ajustaban en pesos y en dólares, y el precio del dólar creció desde julio de 2018 a febrero 2020 en un 300% de $ 20,20 a $ 63.-) pero se pagan en moneda nacional, bien solo aceptaron canjearlo menos del 10% de sus poseedores (y que se infiere que eran inversores locales), y se sabe que dos grandes fondos (Black Rock y Templeton) son sus mayores poseedores, quienes pretendían otro título también ajustado por dólar linked (El bono dollar-linked o atado al dólar consiste es una obligación nominada en dólares, pero pagadera en pesos al tipo de cambio oficial)  y en un plazo de un año. El gobierno nacional no aceptó y decidió el martes 11 de febrero 2020 pasar en forma unilateral el vencimiento del capital al 30 de septiembre 2020. Obviamente al día siguiente descendió en un 30% ese título que se paga en pesos, cuando esos bonos estaban a un 80% de la paridad (recordemos que los que están en dólares la paridad es el 45% o menos).

La realizada por el gobierno es una jugada de riesgo, por un lado, se demuestra lo que dice el comunicado del Ministerio de Economía que no están dispuestos a dejarse «chantajear» por los fondos, pero por otro lado se está perjudicando a los bonos en pesos en general.

El día miércoles 12 de febrero, el Ministerio de Economía adjudicó $ 6.400 millones en dos tramos de Letras del Tesoro con tasa Badlar (Lebad), en una licitación que contó con baja participación de inversores privados y en la que se obtuvo bastante menos de los $10.000 millones que se esperaba recaudar (Básicamente lo compraron instituciones públicas, la ANSeS y los bancos públicos).

LA PUJA ENTRE EL GOBIERNO Y LOS GRANDES FONDOS ACREEDORES

El gobierno definió un plan de reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Los grandes fondos de inversión han adoptado una posición de tratar de cobrar lo máximo posible.

En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.

Pero entre ambas posiciones, la del gobierno que es pagar a partir del año 2023 y solamente el superávit primario, en el mejor de los casos unos 4.000 millones de dólares anuales y, la de los “fondos” que quieren cobrar lo más rápido posible, hay caminos intermedios  

De no ponerse de acuerdo la Argentina volvería a defaultear total o parcialmente la deuda y la experiencia no es buena, recordemos el default tras la guerra de Malvinas o la del año 2001 con un dólar que crece sideralmente y empobrece a la población por descender el poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos fijos (jubilaciones y pensiones) y derrapar los activos medidos en moneda dura (lo que favorece la extranjerización de nuestra economía).

Tampoco es bueno para los acreedores porque no cobran y lo más probable que cuando lo hagan sea con una quita de capital

Como siempre el tiempo dirá lo suyo, pero lo que es seguro, independientemente de la resolución del problema, es que se debe investigar a dónde fue cada uno de los 129.000 millones de dólares en que se endeudó el gobierno de Cambiemos, que son los que nos empujaron al actual estado de situación.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.