El intento de condenar sin pruebas a una líder popular como con Cristina Fernández, es abrir el camino más peligroso para la convivencia democrática.

Por Alejandro Grimson*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde 1987 no hay una amenaza tan grande para la convivencia democrática como lo que pasó ayer y lo que está pasando en este momento. Es decir, estamos atravesando días que se asemejan mucho a lo que vivimos a inicios de la construcción de estos 40 años de democracia. Y realmente está amenazada la convivencia democrática porque se sostiene públicamente durante días y días el alegato de un fiscal que no aporta una sola prueba. Es lógico que haya gente que dude. Es legítimo que lo haga. Pero la Constitución Nacional no da lugar a dudas porque tiene un principio: hay inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y no hay ninguna prueba. ¿Por qué no hay ninguna prueba? Si hubiese una sola prueba la hubieran mostrado y la gente la hubiera podido leer en los diarios.

Dijo hoy Carlos Pagni en el diario La Nación: “Todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen las causas Hotesur y Los Sauces, que podríamos identificar como antikirchneristas, que dicen ´bueno, todavía hay mucho para estudiar, para probar concretamente una conexión´. Y agregó: “Hay varios argumentos en toda esta denuncia que realizan Cristina Kirchner y sus funcionarios. El primero ya lo mencionamos, que no hay pruebas concretas que la vinculen”. El columnista estrella de La Nación también advirtió: “No vaya a ser que después, lo que hoy es una catarsis, un desahogo, una sensación de que se repone un equilibrio en la Justicia general de las cosas, sea frustrado porque en los expedientes es imposible de ser demostrado”.

En la misma línea pero en el Canal Todo Noticias, el periodista Hugo Alconada Mon señaló que «hasta ahora no hay un solo papel, una sola prueba, que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y cualquier miembro de la familia Kirchner son socios en el sentido estricto de la palabra”.

Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, se sumó a las voces críticas y consideró que “no hay elementos contundentes” para condenar a la vicepresidenta. 

Estamos ante un nuevo escándalo de persecución a una dirigente política con un plan político orquestado, observado incluso por los habituales detractores de Cristina Fernández. Esto mismo ya sucedió en Brasil, en Ecuador y se repitió en Bolivia.

El mecanismo fue el siguiente: Convencieron a través del aparato mediático a un sector de la sociedad de que Cristina Fernández es culpable. Así, puede verse como héroe a cualquier tribunal que la llegue a condenar. Eso fue lo que sucedió en Brasil cuando el juez Sergio Moro se convirtió en héroe al condenar a Lula sin pruebas, con todo el aparato mediático detrás. En términos concretos, la Justicia brasileña encarceló a Lula para que no pudiera competir en unas elecciones presidenciales que lo tenían como firme candidato. Exactamente el mismo modus operandi. Como en Brasil, algunos funcionarios del Poder Judicial funcionan al servicio de los sectores antidemocráticos.

Es decir, a través de mecanismos espurios hay un riesgo gravísimo de que el Poder Judicial se entrometa en procesos electorales donde los gobiernos se eligen en las urnas. Por eso, desde 1987 -último alzamiento militar carapintada- nunca hubo una amenaza más grande a la convivencia democrática que la que estamos viviendo en estos días. Y por eso no queda otra solución que convocar desde todos los sectores sociales y políticos a una gran movilización. Los organismos de derechos humanos, los sindicatos, la cultura, el arte, la ciencia y las ideas. Todos tenemos que participar de la movilización más amplia, democrática y popular para exigir el fin de esta persecución. Es fundamental que no se pueda condenar a una persona sin una prueba porque eso plantearía el peor de los escenarios para la convivencia democrática.

Después de escuchar hoy a Cristina Fernández, con argumentos contundentes, uno se pregunta cómo podría un juez impartir justicia sin permitir el absoluto derecho a la defensa. Como la respuesta está en la misma pregunta, la sociedad argentina debe autoconvocarse a una alerta democrática. El riesgo es inmenso. Y sólo los argentinos y argentinas con movilización podrán defender cada uno de sus derechos.

Si hay un dirigente opositor que sea democrático tiene que levantar la voz contra esta vergüenza. Esto es un escándalo para la República, para la división de poderes, para los procedimientos judiciales. Esto tiene que ver con la libertad. Uno lucha por la libertad de los que piensan distinto. De otra manera, no es un compromiso con la libertad.

Tratar de condenar sin pruebas a una líder popular, como lo están intentando con Cristina Fernández, es abrir el camino más peligroso para la convivencia democrática.

Buenos Aires, 23 de agosto de 2022.

*Doctor en Antropología. Asesor presidencial.