Ricardo Rouvier afirma en esta nota que las políticas del gobierno son correctas y coherentes respecto a un país como la República Bolivariana de Venezuela, y a una situación de alta complejidad. Las estrategias del gobierno de Alberto Fernández, sostiene Rouvier, han sido orientadas a la normalización institucional del país latinoamericano, y a la adhesión de un valor universal: el respeto por los derechos humanos, ratificando la tradición de nuestra Cancillería de rechazar toda injerencia extranjera.

Por Ricardo Rouvier*

(para La Tecl@ Eñe)

En estos días se ha agitado el escenario político nacional a partir de la renuncia de la embajadora Alicia Castro, en oposición a la política de la Cancillería sobre Venezuela. Muchas voces, cercanas a Castro, se sumaron y elevaron las voces del progresismo y la izquierda para interpelar al gobierno. Seguramente esta posición era acompañada con varios silencios de funcionarios y militantes del Frente. 

Pensamos que las políticas del gobierno son correctas y coherentes respecto a un país como la República Bolivariana de Venezuela, y a una situación de alta complejidad. Las estrategias del gobierno de Alberto Fernández han sido orientadas a la normalización institucional del país latinoamericano, y a la adhesión de un valor universal: el respeto por los derechos humanos, ratificando la tradición de nuestra Cancillería de rechazar toda injerencia extranjera.

El conflicto dentro de la región agrega un punto de disputa geopolítica a la que concurren el líder hegemónico mundial, los EEUU, y las nuevas potencias, China y Rusia. La controversia surge de Venezuela que es la cuna del chavismo como una barricada para interpelar la hegemonía norteamericana en el mundo y en la región en particular. Hugo Chávez gobernó durante cuatro años y lideró el Socialismo del Siglo XXI; y su influencia superó las fronteras para abarcar a algunas otras, como Nicaragua. Hoy, no quedan rastros del nuevo modelo del socialismo en ningún país de la región. Sí, era ostensible y significativa la alianza que existió hasta hace unos años entre varios países latinoamericanos unificados por el populismo de izquierda. Tampoco, hoy, Daniel Ortega puede presentar resultados que afirmen la utopía. A la caída han concurrido un conjunto de factores externos e internos a los países que han colaborado en la afirmación del mundo capitalista, democrático e individualista en su filosofía, que no ha dejado espacio al comunitarismo. Esta tendencia hizo añicos a la Unasur; pero también hay que agregar que la revolución bolivariana no ha encarado el cambio en la matriz productiva dependiente buscando la diversificación industrial. Eso provoca quedar muy expuesto a los vaivenes del precio internacional del petróleo que fijan otros. Tampoco se pudo separar lo que era la actividad productiva guiada por el Estado, por ocupar los espacios de gestión económica por la partidización de los propios que aprovecharon el Estado para su beneficio. El desempeño de la petrolera estatal es un ejemplo suficientemente contundente.

Antes de adentrarnos en la problemática de los derechos humanos, señalamos que la sociedad venezolana sufre, y esto no debería ser un dato menor, que la República Bolivariana presenta un cuadro de emergencia humanitaria grave, que incluye la emigración de cientos de miles de ciudadanos por razones socioeconómicas o políticas, problemas de abastecimiento de alimentos y productos sanitarios y de higiene; y una inflación descomunal que disuelve los ingresos.

Además, está la violación de los DDHH. La legalidad o ilegalidad de las acciones en esta coyuntura de repliegue mundial del progresismo, es  la sospecha de que el voto argentino en la ONU, es un voto dictaminado por el interés del gobierno de Alberto Fernández en resituarse en el concierto internacional dominado por los países centrales. Acuciado además por la inminencia de la negociación del FMI, cuyo principal socio son los EEUU. Más allá de cuestiones reservadas en el plano de las relaciones exteriores, consideramos que nuestro país se atuvo a los principios, que superan en tiempo a este gobierno y que elevan el principio de no injerencia.

En setiembre del 2017 CFK dijo, ante un reportaje del periodista Novaresio sobre  Venezuela: “no hay Estado de Derecho”. Considerando la importancia, como dirigente y como abogada, que tienen  los dichos de  CFK sobre una parte del peronismo, bastaría para cerrar una parte del debate.

Hay una palabra clave para definir las orientaciones en las relaciones exteriores. Esa  palabra es el interés de la Nación; y  su distinción de posiciones principistas a diferencia de contar con principios. Muchas veces en la historia lo que prevalece son los intereses de un país, sobre todo cuando el contexto ideológico regional e internacional no responde a las ideas o deseos de los progresismos o populismos. Esto no debe promover el aislamiento por la imposibilidad de compartir las creencias. La defensa del honor nacional abarca la no admisión de la irreverencia de Bolsonaro cuando se dirige a nuestro país, pero la prudencia de la política internacional consiste en tratar de preservar el vínculo con el socio comercial.  

Desde que Alberto Fernández era candidato a la fecha, se han planteado todos los caminos posibles para lograr una normalización de la grave situación del país latinoamericano, cuyo estado se expresa en la vida de su pueblo. El pueblo venezolano sufre: voluminosas emigraciones, desabastecimiento, una inflación desmesurada que disuelve los ingresos de los habitantes, inseguridad pública. Todo esto es independiente a las denuncias de persecución política, y violación de DDHH, pero agrega obstáculos a la realización institucional de la democracia.

Luego de subrayar el principio de soberanía de cada país; el gobierno nacional reconoce que Nicolás Maduro es el Presidente de Venezuela asegurando su legitimidad de origen obtenida por elecciones realizadas en mayo del 2018. No obstante, ante las quejas reiteradas de la oposición sobre  el acto electoral (que en algunas elecciones no participó) nuestro país planteo la necesidad de asegurar institucionalmente la transparencia de la elección. En la misma línea, el gobierno no ha mantenido relaciones institucionales con la oposición al gobierno de Maduro, y luego de la decisión de Macri se restablecieron las relaciones entre ambos países, y se canceló  la restricción de ingreso de 411 venezolanos a nuestro país.

Nuestro gobierno desde julio del 2019 estudió el informe sobre DD.HH de la Alta Comisionada con el respaldo de la ONU. Es reconocida la veracidad del Informe Bachelet, que es lapidario y exhaustivo en relación a la violación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.  Es cierto que en la alocución de Carlos Raimundi en la OEA, se hizo una mención crítica del informe señalando que era “sesgado” por la acentuación de las denuncias. En ningún momento el embajador señaló que el trabajo coordinado por la ex Presidenta chilena sea falso, o denunció alguna operación extranacional. Está claro que la figura de la representante de Naciones Unidas genera confianza, y es absurdo querer devaluarla sobre una supuesta operación de Fake News.

El canciller venezolano Jorge Arreaza señaló textualmente en junio del 2019: “Queremos que la oficina de la alta comisionada de manera constructiva nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a (…) corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar para poder preservar los derechos humanos de los venezolanos”

Esta preocupación por la situación alcanzó, y todavía alcanza, a muchos países que empezaron a tomar posición, como el caso de la UE que hoy mantiene y quiere que el gobierno de Maduro posponga las elecciones de diciembre. El Papa Francisco ha efectuado varios intentos de aproximación y pacificación en un país cuyo mayor peligro es que se desate una guerra civil.

En Febrero del 2019, Francisco le envió una larga carta a Maduro con el objeto de «… tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana»; y se refirió a los diversos intentos del Vaticano que: «…desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos». En el lenguaje, habitualmente muy diplomático del Vaticano, está claro el mensaje.

Cuando EEUU ejecutó represalias, como los bloqueos, la Cancillería rechazó estas políticas públicamente, y el presidente Fernández ratificó frente a los líderes europeos esta posición. También en enero de este año, Argentina y México no acompañaron al grupo de Lima, y junto con México no adhirió a la condena de la política represiva de Maduro interviniendo en la realización de la Asamblea Nacional e impidiendo la entrada de los diputados opositores.

La salida o permanencia en el grupo de Lima, por parte de nuestro país, está atado a los aspectos que tienen que ver con el contexto internacional y a la estrategia de estar sin comprometer los principios. Esa situación incluye las estrategias políticas dirigidas al  mundo y la situación económica y financiera en tiempos en que se ha evitado un default y se inicia una compleja negociación con el FMI.

Nuestro país está por delante de muchos países del mundo en la consolidación de políticas de DD.HH, desde el juicio a los Comandantes en la época de Alfonsín, hasta el proceso de profundización durante el kirchnerismo. Es posible que por efecto ideológico pueda considerarse que la violación es patrimonio exclusivo de la derecha; cuando el siglo XX ha mostrado que no es así. Porque puede haber Centros de Detención Clandestinos como  Gulags, este último bajo un régimen que en el discurso puso a la comunidad y a la sociabilidad como prioridad estratégica, pero terminó en una burocracia punitiva. Justamente, fue la gesta heroica de Hebe de Bonafini con un puñado de madres que señaló el derrotero de la defensa de los derechos humanos que nos distinguió en el mundo; y su enojo de hoy es porque parcializa la cuestión. No hay derechos humanos buenos y derechos humanos malos.

En realidad, hay un tema de fondo que navega detrás de los acontecimientos, discursos superestructurales o disputa de egos. Ese fondo, está contenido con muchos elementos ideológicos que provienen de la consideración que recibió el chavismo una vez que apareció en la región por parte de sectores progresistas  y de la izquierda. Emergió el Socialismo del Siglo XXI, que venía a mostrar su aprendizaje de las experiencias negativas del socialismo soviético del siglo pasado. El siglo XX fue un periodo extraordinario de la historia de la humanidad que exhibió el nacimiento, la realización, el fracaso y la muerte de varias utopías del fascismo y de la izquierda. El derrumbe del socialismo real determinó un shock muy profundo en la subjetividad revolucionaria, inclusive aquella que se había distanciado de la autocracia soviética. Una de esas distinciones es patrimonio del peronismo.

Cuánto tiempo pasará para que los sectores progresistas y de izquierda adviertan que están frente al derrumbe desde adentro de un proyecto político que merecía otro destino. Por supuesto que mientras tanto no hay que olvidar las estrategias de bloqueo norteamericanas que deben, y nuestro país lo hace,  ser rechazadas. Desde febrero del 2015, bajo el gobierno de Obama comenzaron las restricciones en la relación de EE.UU con Venezuela, que fueron agudizándose con la administración Trump. Esto no impide para que Venezuela mantenga la entrega de los 500.000 barriles diarios de petróleo a su principal cliente. Lo que ratifica, una vez más, la importancia de los intereses.

Estamos ante una crisis humanitaria de un país dentro de nuestra región. Y al mismo tiempo tenemos a las grandes utilidades, sobre todo de los EE.UU, al acecho respecto a la principal cuenca petrolera. Esto que es global debe ser detenido o vigilado porque las naciones latinoamericanos y del Caribe afirman el principio contrario a la injerencia extranjera. Esto no obsta para que la denuncia sobre violación de derechos humanos tenga una solidez suficiente, sobre los cuales no hay que mirar para otro lado o hacer que estamos ante una tormenta perfecta de fake news.

En definitiva, el gobierno y su Cancillería hicieron lo que debían hacer para que Venezuela supere está situación trabada entre el oficialismo y la oposición que no le permite al país avanzar hacia algún lugar, y menos avanzar transgrediendo derechos que son patrimonio de la humanidad. Esto obliga a la política a accionar los dispositivos legales para que estos derechos se cumplan.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2020.

*Lic. en Sociología. Dr. en Psicología Social. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.