El domingo 1° de enero el presidente Alberto Fernández anunció el pedido de juicio político contra el máximo tribunal de justicia luego que trascendieron los chats de Telegram entre Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, Ministro – licenciado – de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una Corte Suprema de Justicia que viene de inmiscuirse en la actividad de otro poder del Estado a operar políticamente de cara a las próximas elecciones.

Por Juan Chaneton*

(para La Tecl@ Eñe)

Hay que darle la derecha a Alberto Fernández cuando la merece -nos decíamos- Y justo cuando nos disponíamos a hacerlo, el buen Alberto hizo de las suyas. Reculó al mejor estilo radical: una de cal, otra de arena. Amagó y se hizo encima. No pago, dijo, y cuando lo asustó el clima, decidió pagar con bonos, con lo cual dejaba colgados del pincel a los gobernadores que habían cometido el desatino de creerle cuando se hizo el duro. Un horror, el Presidente, que creyó que engañar al pueblo era más fácil de lo que va pareciendo.

A esta Corte, ni justicia, pues es una Corte trucha. Ese era el camino. Ecce iter, no Ecce homo, aunque se le parezca un poco y evoque al filósofo de los aforismos incandescentes.

Se trata de lo que viene haciendo la Corte Suprema en las últimas semanas. De inmiscuirse en la actividad de otro poder del Estado a embanderarse facciosamente con una toldería política de cara a las próximas elecciones, entregándole recursos a la capital federal en detrimento de conurbanos y provincias de un interior postergado y necesitado que, una vez más, se ve discriminado en favor de Buenos Aires.

La derecha y los entusiastas que leen sus folletines para luego repetirlos como perico enjaulado, parlotean acerca de la necesidad de obedecer a «la justicia» o a «la Corte Suprema» como si esta Corte Suprema fuera legítima y merecedora del respeto que irroga toda legitimidad.

Tal vez ellos, estos jueces supremos (dos de ellos puestos por decreto y los otros dos aceptando y cohonestando tal delito público contra la Constitución (art. 99, inc. 4°), crean que son continuidad espiritual del ideario de John Marshall, el supremo estadounidense del siglo XIX. Éste supo decir que, en caso de que una ley del Congreso de Estados Unidos, le pareciera contraria a la Constitución, el Tribunal Supremo no sólo tenía el derecho de rehusar su aplicación sino, sobre todo, el deber de hacerlo.

Si así fuera, es decir, si los argentinos del siglo XXI se autocontemplaran en el espejo retro de sus colegas de hace doscientos años, ello sería doblemente defectuoso, en primer lugar por la diferencia de contextos históricos, y, luego, porque esos argentinos estarían pasando por alto que aquel Marshall había sido un funcionario elegido conforme a la ley y la Constitución y esa legitimidad de origen solidificaba unas decisiones de suyo sostenidas en la base firme de sus conocimientos jurídicos. Los jueces de la Corte Suprema argentina no pueden exhibir, por lo menos, la primera de esas virtudes. Rosatti y Rosenkrantz carecen de legitimidad como jueces y ello los inhibe adicionalmente para erigirse en custodios de lo que hace otro poder del Estado.  Adicionalmente decimos, pues, en rigor y conforme a la ley, aun siendo legítimos no podrían romper la división de poderes… Hay una cortapisa jurídica ahí, además de una moral, y ambas excluyen a estos autonombrados revisores de la función de controlar lo que hace otro poder del Estado. Nos referimos aquí a la decisión de la Corte de desobedecer lo dispuesto por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, acerca de los representantes en la Magistratura.

La legitimación que la politología hace del vínculo del Estado con el buen ciudadano es del orden del relato salvífico que atañe a todo buen cristiano. Eso es “teología política”, según Schmitt, quien no por eso deja de decir que «… al tirano es lícito adularlo… engañarlo… matarlo…” (Carl Schmitt, Ex captivitate salus (sabiduría de la celda); Struhart & Cia; 1958, p. 52).

Y el gobierno de los jueces no es una tiranía pero se le parece.

De facto, los cuatro módicos que cubren los cargos de jueces supremos de la Argentina, han instaurado una judicial review, esto es, se han autodotado de una potestad de revisión judicial de los actos de otro poder del Estado, el congreso, lo cual es grave, y  esa gravedad aumenta toda vez que, a partir de ahora, también los actos del Presidente podrían quedar sometidos a ese anómalo control.

Aunque, pese a la trascendencia de lo que está en juego, es dudoso el nivel de atención que, a estas horas, el pueblo llano del país, le pueda estar prestando a la puja institucional entre el Ejecutivo nacional, la Corte Suprema y el gobierno de la Ciudad.

Allá por 2015, el entonces Presidente, politizando en términos partidarios lo concerniente al poder judicial, designó por decreto (N° 83/15), a dos jueces de la Corte Suprema. Plumíferos de la derecha que se autoperciben como periodistas, suelen justificar la anomalía diciendo que ésta quedó sanada porque los truchos no asumieron mientras el Senado no les prestó acuerdo. Y este acuerdo, efectivamente, tuvo lugar, incluso con apoyo del peronismo, lo cual coloca en el terreno de lo patético que al peronismo suele ser difícil defenderlo pues, en primer lugar, tal defensa debe interponerse contra el propio peronismo. Pero, aun así, el argumento de la derecha es falso, pues invoca, para sanear lo insanable, el inciso 19 del propio artículo 99 de la CN. Esta norma indica que el Presidente puede nombrar jueces y llenar los demás empleos judiciales que requieran acuerdo senatorial, siempre que lo haga «en comisión» y que el Senado haya estado en receso. Y es éste el requisito que vicia el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti, pues el Senado, a la época de su nombramiento, no estaba en receso. Así lo entendió, el 21 de diciembre de 2015, el juez Alejo Ramos Padilla, quien

dictó una medida cautelar por la que suspendió los efectos del decreto y ordenó a la Corte abstenerse de tomarles juramento.

El designio partidario del entonces Presidente (Macri) queda a la vista ni bien se advierte qué es lo que han venido actuando los usurpadores de las dos poltronas del alto tribunal. La Constitución le otorga al Congreso la facultad de designar a los demás jueces inferiores del sistema judicial, pero no a la Corte la facultad de intervenir en la actividad interna del Congreso, ya que se trata de otro poder del Estado y con esa intromisión se enerva claramente la división de poderes que consagra el propio sistema republicano y federal que instituye la Carta Magna. Para esto (entre otros servicios a la política partidaria), fueron designados a dedo los jueces Rosenkrantz y Rosatti. Ello debería constituir un escándalo político de proporciones pero no ocurre ningún escándalo pues las cadenas mediáticas se ocupan de quitarle a la anómala situación todo viso de gravedad institucional y el pueblo vive, así, desinformando por los medios y a merced de unos jueces puestos en ese lugar por un Presidente que priorizó su política partidaria.

A propósito de las cadenas mediáticas, Alberto Fernández no ignora, no puede ignorar, que así no se puede gobernar; pero si no hace nada, es porque no le interesa gobernar de otro modo. La narración de lo que ocurre no puede estar a cargo de un monopolio informativo que es dueño hasta de la internet y de la telefonía celular. A eso lo llaman libertad de prensa y el presidente cohonesta con su inacción la patológica deformación que la exclusividad en la propiedad y el uso de los canales de comunicación exhibe como tara un sistema político que, de este modo, siempre será perjudicial para la salud institucional y para la tutela de los derechos del pueblo llano. Incluso cierto progresismo debería tomar nota de estas circunstancias antes de perorar a favor de «la democracia». Lo grave es que a Alberto Fernández le interesa la presidencia, no el poder.

La manipulación mediática de los monopolios informativos en la Argentina es conocida pero no por ello resulta menos incomprensible que todavía sigan instilando la violencia en la sociedad ante la parálisis de un gobierno zamarreado a piacere por asalariados disciplinados en el miserable trajín de mentir inventando y de inventar mintiendo con la regularidad y la constancia de la gota que horada la piedra.

El domingo 1° de enero, Alberto Fernández  anunció un pedido de juicio político contra el máximo tribunal. Ello así, debido a que trascendieron obscenidades epistolares cruzadas entre el señor Silvio Robles («mano derecha» del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) y la «mano izquierda» de Larreta en la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.

“No estaba informado del mensaje y la decisión del Presidente”, dijo el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Consultado sobre las chances de que prospere (el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios en las cámaras).

Y de eso se trata, precisamente; se trata de que nada de lo que aquí se hace o se dice debería ser sólo fulbito para la tribuna. Pues el hecho puro y duro no es, una vez más, lo que el Presidente difunde como tal, sino lo que dice Rossi: «no sé si va a avanzar»; y no va a avanzar, pues no dan los números en el Congreso para que el juicio político avance.  Y no es lo mejor eso de jugar a la dureza cuando, en el fondo, flaquean la voluntad  y la decisión  para ponerle el cascabel al gato. Lo acaba de decir, hace poco y vía Twitter, la doctora Alessandra Miniccelli, refiriéndose, en principio,  al conflicto institucional con CABA por los fondos coparticipables, pero extensible tal opinión de Miniccelli, a similares precipitados agonales que parecen brotar por doquier en el seno del sistema político.

Lo que dice Miniccelli es:

1.– La instrucción de Alberto Fernández a los legisladores de CABA no prosperará. No hay mayorías.

2.- La indicación al Parlamento es inocua. No hay mayorías  legislativas, se perdieron en las elecciones  de 2021. Las elecciones de listas a dedo demostraron su rotundo fracaso.

3.- La instrucción al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal es letra muerta.

4.- La indicación al representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura  -que el Procurador de la CABA menciona como «los paisanos K»-  tampoco servirá porque el Consejo de la Magistratura está paralizado.

Y la Dra. Miniccelli agrega una propuesta concreta. Dice: «Además de las decisiones políticas, la única acción judicial que debió tomar (el Presidente) era instruir al Procurador del Tesoro (Zannini) para que lo patrocine ante la CSJN en una acción declarativa de certeza sobre los chats en cuestión por su gravedad. Acreditada que fuere tal certeza, investigar lo ocurrido con motivo o en ocasión de la visita a Lago Escondido.

Alessandra Miniccelli, esposa de Julio Devido opina
"LAS MEDIDAS QUE ORDENÓ HOY EL PRESIDENTE, SON DE CUMPLIMIENTO POLÍTICO IMPOSIBLE!! Solo DECLARATIVAS y NINGUNA TENDRÁ PRINCIPIO DE EJECUCIÓN":
Y enumera:
1.- La instrucción de Alberto Fernández a los legisladores 👇

— Мигель Лаулетта ميغيل ⭐️⭐️⭐️ (@LaulettaMiguel) December 8, 2022

El contencioso es político y social en la Argentina, y arde fuera de control. La alternativa a la derecha que echa nafta al fuego todo el tiempo es Alberto Fernández, como jefe político formal del país y Victoria Tolosa Paz, como encargada de la cuestión social y certeramente impugnada por Juan Grabois como inepta para un cometido que le queda XXL y que -para abundar y siempre según Grabois- «detenta» el cargo, en el más preciso sentido que a esta palabra otorga el diccionario de la RAE, esto es, poseer sin derecho.

Ni el fútbol ni la política, es lícito suponerlo, habrían sido lo que han venido siendo en estos días, si otros hubieran sido los liderazgos en la política y la política misma en el país de los argentinos. Pero nada es para siempre. Ni las proscripciones.

Sólo Larreta y Milei, separados pero laborando juntos en la fecunda tarea de dividir el voto derechoso en la Argentina, dejarían el camino expedito para una Cristina candidata. De lo contrario, la aceptación de la proscripción (el pueblo peronista no aceptó la proscripción y consumó ese hecho maldito del país burgués que fue la “resistencia”) nos precipitaría no sólo en la desaparición del peronismo, como lamentan razonablemente los peronistas, sino en la desaparición de la clase obrera y el pueblo como sujeto histórico de los cambios sociales, políticos y culturales en la Argentina. Cristina todavía reverbera en el borde y sólo el clamor la puede retransportar al centro, no para que integre lista alguna -ella así lo ha dicho- sino para que vaya, si ese fuera el caso, por fuera de toda lista, en andas de las masas populares que le garantizan, todavía, la inmarcesibilidad de su apoyo. ¡Sombra terrible de Cristina…! ¡Los que te evocan y los que te temen…!

A todo esto, ¿cuántas divisiones tienen los contendores enfrentados? ¿Qué dice el Ejército? ¿Qué las policías y demás fuerzas de seguridad?

Buenos Aires, 4 de enero de 2023.

*Abogado, periodista y escritor.

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