La reforma laboral aprobada en el Senado configura la nueva superestructura jurídica que institucionalizará los profundos cambios que vienen operándose en la composición de la clase trabajadora y en la del aparato productivo.

Por Carlos Girotti*

(para La Tecl@ Eñe)

La reforma laboral, aún con las concesiones menores que tuvo que hacer el gobierno para aprobarla en el Senado, no cayó desde el cielo. La nueva superestructura jurídica será la institucionalización de los profundos cambios que vienen operándose en la composición de la clase trabajadora y, por cierto, en la del aparato productivo.

Es decir, la mayoría de los votos en el Senado es la expresión institucional de la desaparición de las condiciones materiales que posibilitaron que, durante poco más de siete décadas, la formación económico-social argentina, que naciera con el primer peronismo, se mantuviese en pie a pesar de todos los intentos por demolerla.

Durante los poco más de veinte años que mediaron entre la Revolución Fusiladora y la implantación del terrorismo de Estado en 1976, la formación económico-social argentina, que se había consolidado durante los dos primeros gobiernos peronistas, hubo de debatirse al compás de la resistencia obrera y popular, y del asedio permanente de la clase dominante. Por cierto, ni uno ni otro polo de este antagonismo era homogéneo. Las disputas al interior de cada lado por ver qué actor político y social conducía ese interregno, caracterizaron a todo el período de crisis de hegemonía e iluminaron la escena de una situación prerrevolucionaria. Hasta que llegó la dictadura genocida que, en la saga del bombardeo de 1955 como método, pero esta vez embanderada en la ofensiva neoliberal a escala del planeta, vino a imponer las bases para un nuevo ciclo histórico en las relaciones de poder.

Estas relaciones de poder, fuertemente balizadas por el cambio mundial en el patrón de acumulación del capital, fundado en su valorización financiera, tampoco transitaron sin obstáculos por una autopista de alta velocidad. La clase dominante y, en particular, sus fracciones más voraces y poderosas, debieron emplearse a fondo para frenar, con la hiperinflación, las tímidas reformas propiciadas por el alfonsinismo que el golpismo carapintada ya había intentado condicionar, mientras que la clase trabajadora, con su seguidilla de paros nacionales, buscaba profundizar en provecho propio.

En ese clima, donde el antiguo Estado de bienestar seguía siendo un horizonte verosímil para la sociedad, la promesa de que “con la democracia se come, se cura y se educa” alertó a los grandes grupos económicos locales, y a sus principales aliados externos, para ensayar una fórmula distinta. Fue ahí, con el menemato, que la operación política del “transformismo” (temprana y correctamente caracterizada por Eduardo Basualdo) permitió que la ofensiva neoliberal se hiciera a caballo de los antiguos símbolos y consignas populares (“revolución productiva y salariazo”) arraigadas en los más amplios sectores desde el peronismo de 1945. Los dos mandatos recibidos por Carlos Menem profundizaron las líneas del despojo nacional y, en simultáneo, iniciaron el proceso de desindustrialización con el consiguiente cierre de pequeñas y medianas empresas y la expulsión de mano de obra altamente calificada. Al mismo tiempo, el menemismo consolidó en la conducción de los grandes sindicatos obreros y de servicios a una burocracia que, desembozadamente, comenzó a actuar como una patronal a instancias del manejo discrecional de las obras sociales, creando incluso sus propias prepagas, lo que permitió en no pocos casos que fungiera como socio en las ganancias empresariales. Y todo, por cierto, agitando las banderas históricas del peronismo.

El entreacto protagonizado por Fernando de la Rúa quiso ser una continuidad ordenada a la inminente salida de la convertibilidad y, cómo no, una profundización institucional de los cambios estructurales que se venían registrando en la composición del mundo del trabajo. La «Ley Banelco», antecedente genético de la actual reforma laboral mileísta, y el “corralito” para los pequeños y medianos ahorristas, fueron el preludio del estallido popular de diciembre de 2001 y el certificado de defunción para el radicalismo histórico.

El peronismo, no obstante, pervivió a aquella debacle e, incluso, a la estafa duhaldista de la pesificación asimétrica en beneficio de los grandes bancos prestamistas (el dólar ya no valdría 1 peso sino 1,40) y, sobre todo, a las elecciones acotadas a la fórmula presidencial. La huida de Menem del escenario electoral hizo que el magro triunfo del ignoto Néstor Kirchner pasara a ser una victoria histórica contra el neoliberalismo.

Los doce años de gobiernos kirchneristas significaron un gran avance para los sectores populares en sintonía con la constitución del nuevo bloque de gobiernos latinoamericanos que derrotaría al ALCA y crearía la UNASUR. Puede decirse, sin temor a la equivocación, que ese período fue -desde la restauración democrática de 1983- el más prolífico en la recuperación de derechos conculcados y en la creación de nuevos derechos civiles. Hasta que la derrota electoral frente a Macri puso en cuestión todo el andamiaje reformista.

La táctica de colonizar el aparato del Estado, como sustitución del protagonismo popular y ciudadano en las calles y en la fijación de la agenda pública, fragilizó hasta tal punto la estrategia kirchnerista que, para volver a gobernar, tuvo que correrse a su derecha y propiciar la presidencia de Alberto Fernández. Resortes cruciales de la superestructura, como la Corte Suprema de Justicia y el entero dispositivo jurídico, o como los cambios introducidos en 1994 a la Constitución que desnacionalizaron la propiedad del subsuelo y convirtieron a las gobernaciones en enclaves de negociación autónoma con el gran capital extranjero, o la privatización de los puertos fluviales por los que circula el contrabando de cereales y la estafa al fisco de los mega exportadores, no fueron modificados cuando existían las fuerzas y las oportunidades para hacerlo. La aprobación del pago al FMI, tardíamente cuestionada por el entonces jefe de la bancada oficialista en Diputados, no hizo más que solidificar la nueva viga maestra del despojo.

Para entonces, la antigua y resistente formación económica-social había sucumbido ante los sucesivos embates de la clase dominante y de sus fracciones más poderosas. Las relaciones entre el Estado, la sociedad y las clases sociales habían sido modificadas al compás de la impotencia de un discurso neodesarrollista que, además, lejos de dar cuenta de las demandas sociales impuestas por la crisis de la representación, agudizaba ésta última al punto de quedar sindicado como único responsable de la crisis.

El triunfo de Milei sobre «la casta” -esa misma que con su sapiencia de runflas le posibilita la aprobación de la reforma laboral en el Senado- en verdad es el triunfo de una burguesía lumpen, rendida ante el poder neocolonial que encarna Trump, pero montada sobre la fragmentación creciente de la clase trabajadora y sobre el descrédito de los aliados históricos de ésta en las bondades pretéritas del keynesianismo de posguerra.

Quizás la burda maniobra de hacer de cuenta que reprimía a un ostensible e indisimulable grupo de infiltrados en la marcha popular, con el objetivo de desviar la atención de lo que estaba por ocurrir dentro del recinto, abra las puertas para el surgimiento de una nueva militancia crítica que comience a construir, por su condición de tal, un nuevo modelo de representación política.

Dicha representación, en su originalidad, ya no será la que se encarne en la frustrante e inverosímil promesa de regresar a un pasado venturoso, ni tampoco en la justificación de vaciar las calles para poder alcanzar cargos electivos y ocupar el Palacio. Tampoco será aquella que juegue a movilizar a “las bases” pero, en realidad, negocie a espaldas de ellas su propia cuota de poder. Será, sin lugar a dudas, aquella que, a partir de su praxis, de su presencia territorial indelegable, comience a demoler, una a una, las vigas maestras de la arquitectura neocolonial del despojo. Esto, de por sí, ya será el fundamento programático que la distinguirá ante la sociedad toda y, por cierto, su santo y seña para reconducir a las fuerzas populares por el camino de la liberación nacional y social.

Lunes, 16 de febrero de 2026.

*Sociólogo. Secretario de Enlace Territorial de la CTA de los Trabajadores.

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