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18 noviembre, 2026Casi medio siglo después del asesinato de Aldo Moro, la Argentina persigue a Leonardo Bertulazzi, antiguo integrante de las Brigadas Rojas italianas y vinculado indirectamente con aquel episodio. Las fuerzas de seguridad argentinas han recurrido a un procedimiento que merece el mayor de los repudios: detener a su esposa, Bettina Köpcke, una mujer de 77 años, bajo una hipótesis de colaboración cuya consistencia jurídica ha sido seriamente cuestionada por su defensa.
Por Julián Axat*
(para La Tecl@ Eñe)
En el prólogo del Nunca Más, Ernesto Sábato recuerda una frase memorable del general italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa, pronunciada durante el secuestro de Aldo Moro, cuando alguien de los servicios de seguridad le propuso torturar a un detenido para obtener información: «Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura».
La frase encerraba una enseñanza fundamental: el Estado no puede combatir aquello que considera un delito adoptando los métodos que precisamente el derecho le prohíbe. La eficacia de una investigación jamás puede estar por encima de los principios que sostienen una democracia.
La historia tiene sus ironías. Casi medio siglo después del asesinato de Aldo Moro, la Argentina persigue a Leonardo Bertulazzi, antiguo integrante de las Brigadas Rojas italianas, cuya historia se vincula indirectamente con aquel mismo episodio de los años de plomo. Ahora, Bertulazzi, de 74 años, escapó de su arresto domiciliario mediante una fuga limpia y sin violencia, que dejó en ridículo a los dispositivos de vigilancia de la Policía Federal.
Incapaces de encontrarlo, las fuerzas de seguridad han recurrido a un procedimiento que merece el mayor de los repudios: detener a su esposa, Bettina Köpcke, una mujer de 77 años, bajo una hipótesis de colaboración cuya consistencia jurídica ha sido seriamente cuestionada por su defensa.
Las autoridades invocan fotografías y otros indicios para justificar la medida. Pero una sospecha debe probarse y la privación de libertad exige fundamentos propios. Lo que resulta intolerable es que el encierro de una mujer pueda utilizarse como instrumento de coerción indirecta para lograr que su marido se entregue.
No se trata de equiparar esta detención con la tortura. Se trata de comprender el principio que sostenía aquella respuesta de Dalla Chiesa: hay límites que el Estado no puede atravesar, ni siquiera cuando persigue a alguien que ha decidido fugarse de la Justicia.
Lo más grave es que la detención parece responder también a una necesidad de revancha institucional. El fracaso policial se convierte en ensañamiento contra una mujer. La impotencia de las fuerzas de seguridad busca compensarse mediante el castigo ejemplar de quien permanece al alcance de sus manos.
Pero subestiman dos cosas: la determinación de un viejo partisano que ha decidido resistir y la fortaleza de una mujer a la que pretenden convertir en rehén de esa decisión. La dignidad de ambos no puede ser doblegada mediante un chantaje judicial.
Vuelvo entonces a Sábato. A la lucidez de aquella frase sobre Moro, que la historia ha puesto nuevamente sobre la mesa.
Y me permito reescribirla: «La Argentina puede permitirse que Leonardo Bertulazzi escape. No puede permitirse, en cambio, detener a su esposa para obligarlo a entregarse».
Porque una democracia no se mide por su capacidad de capturar fugitivos, sino también por los límites que está dispuesta a respetar cuando intenta hacerlo. Y con estos procedimientos, la Argentina está muy lejos de dar el ejemplo.
20 de noviembre de 2026.

*Abogado y poeta.

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