El operativo contra jueces “polémicos” como Raúl Zaffaroni recibido por el papa Francisco, quien advirtió sobre la guerra jurídica que pone en riesgo las democracias. Escuchas ilegales que exhuman viejas y conocidas conversaciones supuestamente mantenidas entre la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Secretario de Seguridad, Sergio Berni. El diario Clarín no sólo continuará en lo que dieron en llamar “periodismo de guerra”, sino que utilizará munición de la más gruesa, sin importar la ética ni la legalidad.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Una mañana leemos los diarios y vemos que Clarín siempre puede superarse en eso de pasar los límites. El 5 de junio publicó dos notas en primera página que dejan en claro que, a pesar de su buena relación con el candidato presidencial Alberto Fernández, su línea no sólo continuará, al menos por ahora, en lo que dieron en llamar “periodismo de guerra”, sino que utilizarán munición de la más gruesa, sin importar la ética ni la legalidad.

La primera nota es sobre los jueces argentinos, entre ellos Raúl Zaffaroni, que fueron recibidos por el Papa Francisco. El mensaje que envía desde el título es que esos jueces son polémicos. Nada dice que Bergoglio, al dirigirse a los jueces, resaltó su preocupación por el uso indebido de procedimientos judiciales y la existencia de “juicio previo y mediático”. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales” dijo Francisco, y finalizó hablando sobre la necesidad de neutralizar la impropia actividad judicial en combinación con operaciones mediáticas paralelas. Clarín no lo escuchó. Mucho menos, que relacionase las operaciones mediático judiciales con la violación de derechos sociales, como viene sucediendo con Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina. De hecho, días atrás se conoció un mensaje del Papa al ex Presidente Lula -preso e inhabilitado políticamente por un proceso más que dudoso- en el que le transmitió que el bien vencería al mal. A eso debe agregarse que una de las críticas más fuertes que el Papa dejó trascender sobre la gestión Macri fue la derogación de la ley de medios que propiciaba la democratización de la información.

En la segunda nota Clarín exhuma viejas y conocidas conversaciones supuestamente mantenidas entre la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Secretario de Seguridad, Sergio Berni, luego de la muerte violenta del fiscal Nisman. Clarín dice que probablemente esos contactos se debieran a una operación para encubrir un crimen, como si no fuera natural que la primera magistrada se comunicara con el ministro del área pertinente para tratar un hecho de trascendencia institucional. Una jugada para acomodarse a los tiempos electorales a favor de Macri, utilizando una de las jugadas más canallescas de la época, la causa por la muerte de Nisman, que, luego del peritaje de los médicos de la Corte que no conformó al macrismo, ordenaron uno nuevo pero de la Gendarmería, a cargo de Patricia Bullrich, para decir que fue homicidio. Como no les da para decir que CFK lo mandó matar (¿o sí les da?) se conformarían con su encubrimiento.

En estos días se difundieron promiscuamente otras conversaciones, probablemente tomadas de los teléfonos de Ezeiza por orden del juez federal Federico Villena, presumiblemente para investigar posibles actividades de narcotráfico. (Todo es así, presumible). Esas conversaciones habrían sido mantenidas entre personas privadas de libertad, ex funcionarios del gobierno anterior con sus abogados; con lo que, a la violación al derecho a la intimidad, se le suma la violación al ejercicio del derecho de defensa -basado en la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, que el Estado tiene la obligación de respetar-, ambos derechos consagrados por nuestra Constitución y por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su profunda preocupación sobre la divulgación de esas escuchas.

Las escuchas telefónicas sólo pueden ser realizadas mediando orden de un juez. Esa orden tiene que ser debidamente fundada, porque de lo contrario es nula, no puede tener ningún efecto y podría implicar responsabilidad de quien la firmó. El juez -mucho menos, otros funcionarios-  tampoco puede utilizar escuchas telefónicas para hacer lo que se conoce como “excursión de pesca”, ver si de ese material surge algo que pueda ser investigado. Dicho de otro modo, sólo una investigación previa y determinada permite a un juez incursionar sobre derechos esenciales. No puede hacerlo por si surge algo en el devenir de la escucha, porque esa práctica está vedada por ley. La escucha es para corroborar una hipótesis, no para montarla.

Los jueces tienen la obligación de controlar debidamente las escuchas que ordenan, cuestión que lamentablemente no se hace. Eso permite el tráfico odioso e ilegal de conversaciones, que deriva en la comisión de crímenes -extorsiones, robos, estafas- por parte de los funcionarios que tienen a su cargo las escuchas -policías, agentes de inteligencia, funcionarios judiciales-. La práctica judicial -ilegal, por cierto- es que, salvo excepciones, la totalidad de los jueces dejan a cargo de agentes de inteligencia o policías, no sólo el control de las escuchas sino también su análisis, con lo que, además de generar un universo inconmensurable de crímenes estatales, dejan que sean esos agentes quienes, en definitiva, dirijan las investigaciones, en lugar de quien, por ley -el juez-, debe llevarlas a cabo y, a partir de las escuchas resuelven involucrar gente en las investigaciones, hacer seguimientos e, incluso, allanamientos. Eso pasa sobre todo antes de que se produzcan detenciones, momento en el cual los antecedentes llegan a los jueces. La situación no es nueva y se ha visto esencialmente en los casos de narcotráfico (con la inevitable participación criminal de agentes estatales) y no cambió mucho con la existencia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO, ex OJOTA), supuestamente bajo supervisión judicial. La Corte Suprema recibió del Relator para el derecho a la privacidad de la ONU cuestionamientos al sistema.

La novedad es que al lawfare aludido por el Papa Francisco se le ha sumado, durante la gestión Macri, la utilización impúdica, espuria e ilegal de escuchas por parte de operadores mediáticos, como Lanata, Majul, Wizñaki y Santoro, que, a su vez, reproduce operaciones judiciales en Comodoro Py, como la denuncia presentada por el fiscal rebelde Carlos Stornelli argumentando que de esas escuchas surgiría un plan para derribar la causa mal llamada de los cuadernos. (Quedan claros los motivos por los que, siendo católico practicante, Stornelli se sintió defraudado por Bergoglio como Papa).

En el medio de ese balurdo enmarañado, aparece la investigación sobre espionaje ilegal que alcanza a funcionarios públicos, periodistas y actores judiciales, y que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, en la que Stornelli está rebelde y no asistió a cinco llamados a indagatoria. Hoy Ramos Padilla tiene un legajo en el Consejo de la Magistratura -iniciado y abierto por el macrismo- que acaba de autorizarlo a tener acceso a las escuchas difundidas por los medios masivos. Esa difusión también dio pie a que las legisladoras Carrió y Oliveto formularan una denuncia/operación, que recayó en el juzgado de su socio Bonadío, quien, ni lerdo ni perezoso, pidió las escuchas para analizar las presentaciones.

Las escuchas no sólo tienen que derivar de orden fundada de un juez, sino que se las debe controlar de manera estricta para que su utilización sea al solo fin de la investigación preexistente. Y de haber difusión, alguien debe pagar la cuenta, que, por cierto, no puede ser barata.

La DAJUDECO dijo que Villena no ordenó destruir el material que no guardaba relación con su causa (de hecho, no hubo nada que tuviera nexo con actividades de narcotráfico, que es la excusa más utilizada para intervenir teléfonos) y que le pidió que lo entregara a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dirigida por el amigo de Macri, Gustavo Arribas. Debe haber una investigación exhaustiva para conocer los responsables de estas ilegalidades. El asunto es que no caiga en el Juzgado de Bonadío.

También el Consejo de la Magistratura debe iniciar actuaciones para analizar el “descuido” de Villena, por un lado, y, por otro lado, la conducta de Claudio Bonadío al hacerse de escuchas producto de una investigación que no le concernía y que afectaba sensiblemente derechos esenciales, sólo para enlodar el desempeño de Ramos Padilla, como quiere el macrismo. Tanto Villena como Bonadío deben responder por la violación a esos derechos humanos.

La bravuconada de pavonear al fiscal rebelde junto a Macri el día del Ejército es toda una señal mafiosa, a lo que se suma una mancha más al tigre de Stornelli, que, para hacer una denuncia a modo de autodefensa, utilizó livianamente escuchas telefónicas conociendo su ilegal procedencia. Pero ¿qué esperar de quien pone a un hijo veinteañero a trabajar en una de las actividades más miserables del ser humano? Buchón no es cualquiera. Pero para algunos es una vocación. 

Buenos Aires, 6 de junio de 2019

*Abogado, DD.HH