E. Raúl Zaffaroni sostiene en este artículo que la represión en Jujuy es el resultado de actos autoritarios de un gobernador que ejerce poderes dictatoriales, y afirma que esa agresión institucional puede tener consecuencias imprevisibles para el futuro, pues nos coloca ante una disyuntiva férrea entre dos proyectos de país: el de una co-existencia inevitablemente conflictiva, porque siempre las relaciones humanas son de cooperación y de conflicto, y el de una represión desmedida contra los más débiles que nos hundiría en el caos y en la violencia.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Asistimos con asombro a los actos autoritarios de un gobernador que ejerce poderes dictatoriales. Nuestra democracia es frágil e imperfecta, pero es la que tenemos y debemos fortalecer y mejorar. Su agresión puede tener consecuencias imprevisibles para el futuro, pues nos coloca ante una disyuntiva férrea: se nos ofrecen dos pro-yectos, o sea, dos posibilidades de lanzarnos (yectarnos) al futuro, pero ambos son incompatibles. Uno es el de una co-existencia, inevitablemente conflictiva, porque siempre las relaciones humanas son de cooperación y de conflicto, pero más o menos racional en la búsqueda de soluciones. El otro es el de una represión desmedida contra los más débiles, que nos hundiría en el caos y en la violencia. No nos engañemos: uno apuesta a la vida y el otro a la letalidad.

Son muchas las reflexiones que nos debemos los argentinos y las argentinas a partir de semejante disyuntiva. Por cierto, necesitamos la cabeza fría para pensar, que es justamente lo que el proyecto de letalidad trata de impedirnos o dificultarnos. En estas pocas líneas no pretendemos agotar los puntos centrales sobre los cuales reflexionar, sino llamar la atención sobre algunos que consideramos centrales. Tómense como meros elementos para la discusión mucho más amplia que nos debemos todos y en la que, otros intervendrán con mayor sagacidad que la nuestra. De todas formas, sin pretender adueñarnos de la verdad, no dudamos que son centrales en esta difícil circunstancia.

1. Responsabilidad internacional del Estado. Los hechos de nuestra querida provincia de Jujuy están llamando la atención de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, ante los cuales deberá responder la Nación y no el gobierno provincial. Recordemos a este respecto algo obvio: en todos los tratados de Derechos Humanos se establece expresamente el principio de que ningún Estado puede alegar que su sistema es “federal” para no impedir la violación de los derechos que consagran.  

En el sistema universal de las Naciones Unidas, el artículo 50 º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna”.

En el sistema americano de la OEA, el artículo 28º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo el título de “Cláusula federal” dice: “Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. // Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.  

La continuidad de la represión jujeña y las consecuencias lesivas ya producidas, son internacionalmente responsabilidad del Estado nacional, o sea que, antes o después deberá repararlas el Estado que nos representa a todos los argentinos y argentinas, que es el realmente denunciado ante la organización universal y la continental americana. 

Obsérvese que en los medios monopólicos de comunicación se difunden afirmaciones peligrosamente análogas a las de la dictadura genocida: intromisión en cuestiones internas, desinformación de los organismos internacionales, descalificándolos como sometidos a influencias de poderes que nadie tiene en Washington, Ginebra o New York. Solo falta afirmar que son manipulados por “subversivos”.  

2. Expresiones en primera persona del singular del gobernador de la Provincia de Jujuy. El artículo 128º de la Constitución Nacional establece: “Los gobernadores de las provincias son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”. El agente natural del Gobierno nacional en Jujuy formula declaraciones en las que abiertamente afirma “yo puse presa a Milagro”, “yo suprimo tal o cual artículo de la Constitución provincial”. Emplea el “yo”, no el “Nos el Pueblo” del preámbulo nacional, sino “Yo el Soberano”.

Se trata del agente natural que debe hacer cumplir la Constitución Nacional, a la que están incorporados los tratados antes mencionados (inciso 22º del artículo 75º constitucional). Es el agente natural del Gobierno nacional que se atribuye, en primera persona del singular, facultades judiciales y de constituyente provincial.

3. El sistema republicano en peligro. “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional: y que asegure su administración de justicia …”reza el artículo 5º constitucional. Un gobernador no está habilitado para poner o quitar artículos de su Constitución provincial, ni siquiera como miembro de una convención constituyente provincial que fue integrada en violación de la propia Constitución provincial, cuyo artículo 100º establece que “Los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”. En su nombre, el gobernador en ejercicio declara “Si quieren, Yo quito artículos”.

Una reforma constitucional es algo serio, debe discutirse, lo exige la democracia, escuchar a toda la ciudadanía. Se está “constituyendo”, “estatuyendo”, creando algo “estatuario”, “pétreo”, no fácil de modificar. Pero el agente natural del Gobierno nacional lo reforma sin dejar de ser gobernador, y con el “Yo el soberano” pone y quita artículos.

4. El judicial amañado. El artículo 109 de la Constitución Nacional prohíbe al Presidente de la República ejercer funciones judiciales, como condición elemental de la forma republicana de gobierno (artículo 1º constitucional), al que también deben atenerse los ejecutivos provinciales, en cumplimiento de la obligación de asegurar “su administración de justicia” en función del citado artículo 5º constitucional.

El “yo” mayestático del gobernador no es en este caso una simple expresión descuidada o desprolija, sino que es de público y notorio que ejerce funciones judiciales a través de un poder que desde el comienzo de su mandato cooptó con parientes y amigos. Es sabido que su Legislatura amplió el número de jueces de su Superior Tribunal y los mismos legisladores que habían votado esa ampliación, renunciaron a su mandato y de inmediato fueron nombrados en las nuevas vacantes por ellos creadas. A poco andar, las cabezas de ese poder, sin ningún pudor, manifestaron su arbitrariedad al confesar que mantener presa a Milagro Sala era una necesidad política, pues con ella suelta no se podría gobernar.     

5. El manifiesto marco racista. El artículo 20º fracción 2ª del Pacto Internacional de la ONU dice: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. El ministro del gobernador jujeño fue el embajador argentino en La Paz que participó en el contrabando de armas a los golpistas bolivianos, usadas en especial contra las “mujeres con polleras”. El racismo contra pueblos originarios y mestizos de los golpistas bolivianos y peruanos mató a decenas de personas para destituir a Evo Morales primero y, más recientemente, a Pedro Castillo.

“Estos cholos no pueden gobernar” es una frase que llega desde el Altiplano a Jujuy, donde se articula un ensayo de dictadura, entre otras cosas también racista. La desopilante afirmación que atribuye las protestas jujeñas a Evo Morales es una abierta confesión en este sentido, simétrica a la de Buluarte en Perú, con su descabellada tesis de que Evo quiere segregar parte de su territorio para recrear el imperio inca. Solo falta que nuestro plagiario analista afirme que también quiere unir Jujuy a su imperio para completar su engarce con los despropósitos del “fuyimorismo” y de la usurpadora peruana.

6. Fuerzas populares históricamente victimizadas. Muchos -no necesariamente demasiado memoriosos- nos observarán que lo que sucede en Jujuy son hechos abominables, pero de los que está plagada nuestra historia. Le asistirá toda la razón, porque en el siglo pasado nuestros movimientos populares fueron víctimas de toda clase de crímenes y agresiones, sin contar con los sufridos por los que los precedieron en el siglo XIX. Con sus inevitables errores y aciertos, estos movimientos reforzaron su identidad en la adversidad y univeron en sus filas a las mayorías más desfavorecidas y humildes de nuestro Pueblo.  

El Presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un golpe de Estado en 1930, encabezado por un ridículo militar “prefascista” que, legitimado por la Corte Suprema oligárquica, declaró el estado de sitio y la ley marcial autorizando el fusilamiento “in situ”. Encarceló al presidente constitucional en Martín García, los “niños bien” porteños vandalizaron su domicilio y arrojaron su modesta cama de bronce y sus libros a la calle. El “lawfare” del momento lo acusó falsamente de delitos que nunca cometió y el payazo dictador pretendió indultarlo. Sus partidarios fueron perseguidos, encarcelados, algunos exiliados y relegados a Ushuaia, su partido fue proscripto, la elección de la  fórmula Pueyrredón-Guido en la Provincia de Buenos Aires fue anulada, el nazi Manuel Fresco y su mafia gobernaron la provincia, el fraude electoral se volvió crónico, el comisario Lugones inventó la picana eléctrica, el Senado se manchó de sangre. Muchos años después, un militante de sus filas presidió el momento del retorno a la democracia, nombró conforme a la Constitución a los jueces que juzgaron a las cúpulas de la dictadura genocida. Más allá de críticas y errores, fue un político democrático serio, honesto y respetable en todo sentido.      

El Presidente Juan Domingo Perón fue depuesto por un golpe de Estado en 1955. Dos meses antes había sido bombardeada sin previo aviso la Plaza de Mayo y ametrallados los obreros que acudían en apoyo al presidente, a quienes los herederos del “mitrismo” estigmatizaban como “cabecitas negras” y “grasas”. La dictadura que instaló el golpe fusiló a peronistas por el delito político de rebelión, prohibido por la Constitución desde 1853, anuló una Constitución por bando militar, exilió a Perón, encarceló y torturó a sus partidarios, reabrió el penal de Ushuaia a ese efecto, proscribió a su partido y criminalizó la mención de su nombre. A lo largo de las décadas sucesivas se mantuvo la proscripción, el exilio, las detenciones arbitrarias y, no conforme con eso, se dio muerte a miles de sus militantes molestos, apelando incluso a la desaparición forzada. De todos modos, la resistencia fue incesante, en especial por la clase obrera.

Esta mirada rasante deja muchos crímenes sin mencionar, pero basta este escueto repaso para contrastarlo con lo que sucede a cuarenta años de la vuelta a la democracia, cuando el gobernador que reprime a los “cholos” en pos de su dictadura racista, es el presidente del centenario partido de Hipólito Yrigoyen. Pero no es menos asombroso que, como si esto fuese poco, su fantochada de legalidad sea secundada y legitimada con los votos de sus aparentes opositores, electos y refugiados bajo el marbete del peronismo local.      

7. Riesgo de anomia electoral. Dejando para el confesionario el perdón de los pecados y para los impolutos el reproche ético, lo que ahora debe preocuparnos a todos los argentinos y argentinas son las consecuencias -cercanas y futuras- de la negación de su genética política por parte de los protagonistas de tan deplorables hechos.  

El escandaloso negacionismo de esa genética de luchas, resistencias y mártires, tiene lugar al mismo tiempo que dirigentes de la oposición compiten en sus promesas de mayores y más impiedosos ajustes, represión, gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo. Son los herederos de 1930 y de 1955, pero ahora también con la participación activa de algunos que se visten de herederos de algunas de las víctimas, como también de otros que saltaron la barda que los separaba de sus victimarios.  

Si en la acera opuesta no se alzan voces muy potentes y se llevan a cabo actos significativos y elocuentes de resistencia, se corre el riesgo de introducir una anomia electoral de graves consecuencias. Anomia es carencia de pautas de conducta, desconcierto, no saber cómo conducirse cuando las reglas anteriores parecen haber perdido vigencia.

Este es el gravísimo riesgo democrático que introduce el negacionismo de la genética política por los protagonistas de los deplorables y vergonzosos hechos de Jujuy. Si radicales y peronistas hacen eso conjuntamente, el Pueblo -o una gran parte de éste- se desconcertará, se sentirá sin brújula, se preguntará qué pasó y hacia dónde ir, sin recibir ni vislumbrar una respuesta clara, firme, que le señale la gravedad de la disyuntiva.

Bienvenidas sean las declaraciones, pero no bastan, son necesarios actos significativos, aunque sean de valor simbólico, aunque no se cuente con las mayorías necesarias en el Congreso Nacional, aunque los anule una Corte Suprema sumida en el desprestigio y las acusaciones mezquinas entre sus cuatro miembros residuales.  

No importa la carencia de efecto práctico inmediato, que cada cual se haga cargo de su inoperancia o complicidad, porque lo que más interesa es su efecto simbólico fuerte, que deje claras las posiciones, que refuerce la identidad del movimiento nacional y popular, desdibujada por el triste protagonismo de quienes se cubren con sus marbetes. Lo urgente en esta emergencia es neutralizar el riesgo de la anomia, que el Pueblo tenga claro de qué lado se está, que se reafirme la genética política, que se sepa que se mantiene decididamente la identidad histórica, que frente al tenebroso proyecto elitista y racista de letalidad hay un proyecto popular e igualitario de vida.  

No nos engañemos: los hechos de Jujuy nos colocan en los términos de una versión criolla del grito salmantino del viejo Unamuno contra el oximorón de Millán-Astray que, verdad total o leyenda parcial, tampoco importa mucho, pues lo realmente trascendente fue su mensaje.    

Buenos Aires, 30 de junio de 2023.

Profesor Emérito de la UBA