El gobierno de Mauricio Macri y el FMI implica nuevos períodos de toma de ganancia de los especuladores que se pasan en bandadas al dólar para luego fugarlo reproduciendo este ciclo en lapsos cada vez más cortos, mientras que la población sufre lo indecible, condenada a la supervivencia que nunca es digna.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno de Cambiemos, bajo la hegemonía de los más neoliberales, armó una alianza entre el capital financiero internacional (que venía atraído por las altas tasas de interés y por la renta de títulos y acciones) y el sector más concentrado del campo, incluida su comercialización. En segunda instancia dejaba al resto de la burguesía argentina que se beneficiaba con la renta financiera y su conversión a dólares y fuga.

Esa alianza se rompió cuando a fines de abril de este año 2018, los grandes operadores financieros encabezados por los mismos bancos que colocan los títulos de deuda argentino en el mundo durante la gestión de Mauricio Macri (JP Morgan, Merril Lynch, Deustche Bank, HSBC, Stanley Morgan, entre otros), decidieron que era momento de irse de la Argentina.

Y ellos compraron dólares baratos (fueron los principales adquirentes de los dólares del Banco Central (BCRA), que les vendió al tipo de cambio oficial, por ejemplo, el miércoles 25 de abril de 2018, 1.472 millones de dólares a $ 20,20.- la unidad de la divisa norteamericana), haciendo un gran negocio al transformar sus fuertes ganancias en pesos (por que la tasas de interés y las rentas crecieron más que el tipo de cambio en los dos años previos) y pasarse en bandada al dólar, dejando en claro cuál era su único interés en ingresar a la Argentina.

Macri, sin el apoyo externo después que lo usaron, fue a pedir rescate al FMI, pero, como no podía ser de otra manera, las condiciones impuestas son incumplibles, tanto por el nivel de ajuste que se debe hacer en las cuentas públicas de la Nación y en las provincias (que no firmaron el acuerdo y si no todas, la gran mayoría ni fue consultada).

Este ajuste que consiste en despedir empleados públicos y congelar sus remuneraciones, frenar la obra púbica, reducir aún más los subsidios al transporte y a la energía, no tener ni siquiera para abastecer de medicamentos o de instrumental para la salud, degradar la educación pública, no tener ni para pagar la luz o el teléfono de las distintas administraciones estatales.

Mientras, la producción y el comercio sufren confiscatorias tasas de interés, con un mercado que se achica a paso agigantado, con el consabido efecto dominó de la rotura de las cadenas de pago, suspensión de tareas, cierre de establecimientos, suspensión y despido de personal, deudas impagables e incremento de la mora bancaria, etc. etc.

Todo esto para generar un excedente que se convierta en dólares y se emplee para pagar la deuda y demás compromisos asumidos y financiar la fuga de capitales, como nos pasó cada vez que se acordó con el FMI, comenzando por el plan Prebisch en 1956, que siempre significó caída del salario, desocupación, cierre de pequeños y medianos establecimientos, concentración y centralización de capitales y fuga.

El modelo y la alianza de Cambiemos siempre fue insustentable, siempre fue de corto plazo y a la espera de que los “planetas se alineen”, para generar excedentes a favor de los beneficiados de la Argentina (no más del 2% de la población) y los rentistas del exterior (que como contamos y vivimos, le pagaron los buenos servicios a Macri sacando los capitales, no bien vieron o creyeron que el modelo no les garantizaba seguir extrayendo la ganancia que acumularon).

La mejor prueba y evidencia del modelo de cortísimo plazo y de renta financiera y fuga, lo dan las preguntas: ¿Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtuvo desde el 10 de diciembre de 2015?, y ¿cómo se le pudo prestar a la Argentina el 25% de los créditos a los países emergentes, cuando solo representa el 0,4% de las exportaciones en el mundo?

Bien, sabemos que sin las exportaciones no se puede saldar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, con lo que el modelo es insustentable, y obliga a un drenaje creciente de su riqueza para poder afrontar los servicios de una deuda cada vez mayor y asfixiante.

La deuda externa pública creció en forma alarmante: en diciembre de 2015 era de U$s 222.703 millones (y la mayor parte era intra sector público) y en diciembre de 2017 (último dato oficial) alcanzó los U$s 320.935 millones.

A esos montos hay que añadir los U$s 15.000 millones de deuda tomados por el en ese entonces ministro de finanzas, Luis Caputo hasta marzo de 2018; y los compromisos asumidos con el FMI de U$s 15.000 millones de dólares más que ingresaron al país el 22 de junio de 2018, pero que se incrementaría en U$s 3.000 millones por trimestre hasta alcanzar los U$s 50.000 millones de deuda con el FMI. 

Y, además, la política deliberada de colocar Letras del Tesoro Nacional (LETES) que se pueden constituir en pesos pero se pagan en dólares; y los bonos dual, que pueden pagarse en pesos o en dólares según quiera su poseedor, y que es el camino que han adoptado para desarmar las LEBAC (Letras del BCRA) que eran en pesos y configuran deuda del BCRA (deuda cuasi fiscal) que va acrecentando la deuda externa pública del Tesoro de la Nación.

El conjunto de medidas defensivas que viene desplegando el equipo económico que tiene un costo exorbitante en reconocimiento de intereses (tanto en pesos, como la tasa que pagan para renovar las LEBAC; como en dólares), apenas puede frenar la cotización de la divisa y menos que menos, la fuga de capitales.

Desde el 22 de junio de 2018, cuando ingresó la remesa del FMI agrandando las reservas internacionales del BCRA a U$s 63.274 millones, desciende en menos de un mes en U$S 3.353 millones, para pasar a ser de U$s 59.921 millones según el Balance publicado por el BCRA al viernes 20 de julio de 2018.

Ahora bien, tratan de mantener el tipo de cambio, por ejemplo el minorista vendedor en torno a los $ 28 por unidad de divisa norteamericana, pero es mentira que lo hacen para contener los precios de la canasta familiar, fuertemente ligados a la cotización por la simple razón que vendemos los mismos bienes que consumimos (alimentos), sino que lo hacen para posibilitar que los capitales que no se fueron (y se fueron más de U$s 13.000 millones en lo que va del año) puedan recuperar ganancias con la diferencial de tasas de interés y el freno cambiario por unos meses, y cubrir lo que perdieron de ganar en dólares por la depreciación del 40% desde fines de abril al viernes 20 de julio de 2018.

Una vez obtenida esa renta, más en un marco en que suben la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que ya pasaron la barrera psicológica de interés del 3% anual y se encaminan para fin de este año 2018 a estar más cerca del 4%, cuando uno de los justificativos del gobierno que explican la crisis cambiaria fue que subió esa tasa, bien esa tasa va a seguir subiendo, con lo que es claro que los especuladores miden la renta en pesos, el valor del dólar y esa tasa de largo plazo de los EEUU para convertir, otra vez, sus rentas en dólares y fugarlo.

Esto va a pasar sí o sí, es la lógica del capital financiero a la cual Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos nos sometieron, y que viene a consolidar el FMI, que aporta los dólares para que los acreedores y los  especuladores lo compren y lo fuguen

Si realmente al gobierno le interesara lo que produjo el fruto de su alianza económica con el capital financiero y su incapacidad manifiesta para gobernar, que es la depreciación de nuestra moneda en un 75% comparado con un año atrás y su inmediato traslado a los precios de los artículos de primera necesidad (harina y sus derivados, aceite y sus derivados, carne de todo tipo, etc.) trataría de hacer un acuerdo con las principales empresas del rubro (rubro muy concentrado por otra parte, se sabe quiénes son los formadores de precios del aceite y de las harinas, por ejemplo) y de los grandes centros de ventas.

Así como no dudaría en restablecer las retenciones de al menos los alimentos para hacerlos más baratos en el mercado interno que lo que le pagan en divisas en el exterior (la diferencia incluso se la queda el Estado Nacional para mejorar las cuentas públicas y disminuir el brutal ajuste que el exige el FMI)

Si al gobierno le interesara frenar la persistente y creciente fuga de capitales tomaría medidas para limitar la comprar de divisas, incluida las presentaciones de DDJJ impositivas que justifiquen esos fondos, y pondría plazos para liquidar las exportaciones y no esa estupidez neoliberal y “cavallista” de que los dólares le pertenecen a los exportadores, cuando exportan frutos del país, con trabajo e infraestructura local, y por ende deben convertirlo a pesos en un determinado plazo, lo que haría aparecer la oferta de divisas genuinas en el mercado de cambio argentino.

Pero para lo que está el gobierno, es para asegurarle la ganancia y la fuga de capitales al gran empresariado local y a los especuladores de todo tipo que operan en el país.

Atados al FMI

El acuerdo con el FMI abarca a todas las administraciones públicas, nacional, provinciales y municipales, a todos los servicios (educación, salud, asistencia social incluido el PAMI (obra social de jubilados y pensionados) y los comedores asistenciales, a los servicios básicos de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc.), a la indispensable obra pública en rutas y puentes, cloacas, viviendas, etc. 

Ya sabemos por experiencia propia lo que significan los planes con el FMI: recordemos los últimos que desembocaron en la crisis cambiaria de 1989 y en la de los año 2001-2002.  Leamos lo que está viviendo Grecia que sufre la intervención del FMI desde el año 2010 y en 8 -ocho- años cayó su PBI en un 30%, fruto de que el salario real promedio cayó también en un 30%, convirtiéndose en el único país de la historia del capitalismo que sufrió semejante destrucción sin entrar a una guerra. 

Y presenta una tasa de desempleo del 20,8% de su PEA (población económicamente activa), que es mayor en los jóvenes (del 45, 4% en los menores de 25 años) que los lleva a emigrar, etc. etc.

Pero como el mismo FMI lo reconoce en el informe que hicieron sus técnicos para elevar a su Directorio, conocido como “Staff Report”, publicado en la Argentina el 13 de julio de 2018, donde afirman que: 

“El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo de la Nación Argentina reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”

O sea, el mismo FMI exige medidas de ajuste del gasto, de la inversión y del consumo que sabe que van a repercutir en un menor nivel de actividad y después dice que si no se cumplen las metas, el gobierno argentino deberá solicitar un waiver (perdón) y con ello el agravamiento de la restricción externa, lo que va a obligar a una nueva reestructuración de la deuda.

En realidad el FMI y el gobierno de Macri saben que el plan es incumplible, pero como no lo pueden aplicar en su totalidad, les va a bastar para despedir gente, disminuir el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, que incluso hará que se tengan que malvender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

Esto, lo que le permitirá a muchas empresas (Grupo Banco Galicia donde tiene participación la familia Peña Braun; el Grupo Techint de los Roca, a Marcelo Mindlin y a Joseph Lewis de Pampa Energía, y hasta el mismo Magnetto de Clarín, entre otros)  recuperar por la mitad de su valor o menos, las acciones que tiene el FGS.  Incluso la venta de tierras fiscales debe leerse atrás de ello: el interés en los yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta, las reservas de Litio y hasta de agua potable que tiene nuestro país.

CONCLUSION

Como si no bastara la fuga de capitales por más de U$s 50.000 millones desde que inicio su gestión Mauricio Macri a la fecha; si no bastaran los despidos en el sector público mientras sobrenombraba funcionarios y personal jerárquico de su troupe, todos generosamente remunerados con el dinero estatal; como si no bastara sacar las retenciones a las exportaciones; disminuir la alícuota del gravamen a la riqueza, e impuestos internos a bienes de lujo (autos de alta gama, embarcaciones, avionetas, etc., etc.);  pretenden seguir con ese fin que implica nuevos períodos de toma de ganancia de los especuladores que se pasan en bandadas al dólar y lo fugan, como pasó en abril, mayo y junio de este año, y lo que es peor que se va a reproducir en lapsos cada vez más cortos, mientras que la población sufre lo indecible, condenados a la supervivencia (si se puede) que nunca es digna.

Y el nivel de vida y de actividad cada vez un grado más abajo, cosa que cuando finalmente se lo eche por incapaz y socio (menor, pero socio al fin) de los grandes capitales que hacen su negocio a costa del país, de su población, del presente y del futuro, la burguesía que está en la Argentina, pretenderá llevar adelante un modelo con salarios bajos y fuerte desocupación estructural (que se retroalimentan como un ejército de mano de obra de reserva que presiona a la baja a la remuneración del trabajo).

El fin que nos tienen preparado es ese y no otro, salvo que tomemos conciencia de esa verdad y emprendamos un camino conjunto para todo el pueblo argentino, cuyo primer paso debe ser obligar a romper el acuerdo firmado con el FMI.

¿De qué modo, cómo? Con la población en la calle exigiendo que cese la intervención del FMI, con la participación activa de la CGT y de cuanto centro diga representar a los trabajadores, de los movimientos sociales, de los dirigentes políticos que están en el campo nacional y popular, de intelectuales y artistas, etc., y si el gobierno no enfrenta la situación, será el fin del gobierno. Se lo hace decir William Shakespeare a Julio Cesar en su obra  de 1623: “Es preferible un fin desastroso que un desastre sin fin”.

Buenos Aires, 24 de julio de 2018

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).