Enrique Mario Martínez profundiza en esta nota sobre el complejo entramado de lo que entendemos por economía popular, que comprende un universo de trabajadores mucho más amplio que configura otra economía, por cuya identidad vale la pena esforzarse: la economía de producción social.

Por Enrique M. Martínez*

(para La Tecl@ Eñe)

Dejemos de lado por un momento las agudezas semánticas y entendamos de qué nos ocuparemos.

El término “economía popular” es una categoría auto asignada por organizaciones sociales que se agruparon para reclamar derechos de aquellos trabajadores que el capitalismo excluyó y excluye de sus estructuras, en una dinámica de concentración y financiarización que parece no tener límite.

El objetivo fue nítido: Hacer visible un problema generado por el sistema económico vigente. Tanto así que se habló de movimientos de trabajadores excluidos; de trabajadores de la tierra sometidos a arrendamientos insoportables. También se buscó y consiguió en algunas áreas subsidios públicos para trabajadores integrados a cadenas de valor en condiciones infra humanas, como los cartoneros.

Pasó el tiempo; casi 20 años desde que comenzó el proceso organizativo de esos trabajadores. El escenario de exclusión no se revirtió sino que se agudizó. Finalmente, el trabajo fuera del sistema tradicional, fuera del culturalmente asumido, se naturalizó. Sucedió para la política, para la sociedad en su conjunto y para los protagonistas.

Hace apenas 7 años, la consigna central de una marcha de organizaciones sociales era “Somos lo que falta”. Ya no. Ahora la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclama derechos equivalentes a los del trabajo en relación de dependencia, crédito barato y la generalización de un ingreso básico universal para sus representados, que complemente lo obtenido por el trabajo independiente.

No imaginan los mentores del espacio que esos trabajadores podrán ser empleados por algún capitalista ni que su actividad – sea cual sea la rama – podrá obtener una demanda de mercado que les permita alcanzar sustentabilidad, prescindiendo del apoyo público.

Este escenario se complica y mucho, cuando se quiere revisar las actividades a las que se califica como Economía Popular.

Las que podríamos llamar históricas, que dieron lugar a las primeras agrupaciones para reclamar sus derechos, son los cartoneros; las cooperativas de reciclado primario de residuos urbanos; vendedores ambulantes; trabajadores ocasionales de la construcción; personas aplicadas al cuidado de niños, enfermos o ancianos; personas que mantienen en actividad comedores populares; trabajadores de la confección de indumentaria; cooperativas de saneamiento de cauces periurbanos; campesinos de la agricultura familiar. Son actividades jamás censadas, pero se estima que comprenden unos 2 millones de trabajadores y trabajadoras.

Llegó la pandemia. La debacle ocupacional que generó el aislamiento social obligatorio condujo a tomar decisiones como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), paliativo para la pérdida de recursos de trabajadores independientes. Se esperaba entre 2 y 4 millones de solicitudes. Aparecieron 11 millones. Se validaron 9 de esos millones. Nadie, ni de la política, de la burocracia o de las organizaciones sociales, supo explicar de dónde salieron, porque ni siquiera éstas últimas los representaban o los visibilizaban.

Se trataba en parte de jóvenes desocupados o desalentados prematuramente; pero, además, sobre todo, de la multitud de servicios personales brindados por ciudadanos que aspiran a parar la olla con su tarea de peluqueras, plomeros, mecánicos, centenares de oficios con variada formación, que forman parte natural del tejido social y cuya oferta aumenta desproporcionadamente al ritmo de la exclusión.

¿Forma parte de la economía popular ese ejército de trabajadores? Los líderes de la UTEP salieron inmediatamente a afirmarlo, al punto que se habilitó el RENATEP, registro de los trabajadores de la economía popular, con la intención de contener esa enorme franja de compatriotas y sumarlos al reclamo de derechos laborales.

Varios meses después de creado ese Registro, alberga menos de 4 millones de inscriptos, confirmando que ni antes ni después de la pandemia buena parte de esa franja laboral cree tener las mismas prioridades o necesidades que los “históricos”.

Mas allá de lo subjetivo, reitero: ¿forman todos ellos parte de la economía popular?

Si el término intenta abarcar a todos quienes han sido excluidos de la posibilidad de un trabajo digno dentro de la economía de mercado, buena parte de los colectivos mencionados están efectivamente comprendidos. Deberíamos exceptuar a los servicios personales que fueron afectados por la pandemia pero que tienen recuperación inmediata cuando se acerca el fin de su efecto económico.

Sin embargo, la confusión no termina allí.

¿Acaso todos o casi todos los trabajos de la economía popular, no tienen un vínculo con la economía de mercado, con la salvedad que esa conexión no es equitativa? ¿No están allí configurados como eslabones de una cadena de valor, en la cual algún capitalista ejerce una relación de dominación que le permite apropiarse del valor agregado por ellos de manera abusiva?

El cartonero suministra materia prima barata a los industriales procesadores; el vendedor ambulante de anteojos recibe las migajas del mayorista; el pequeño horticultor entrega a un consignatario sin precio fijado y no conoce el real destino de su producto; la costurera independiente entrega su trabajo a intermediarios que lo revenden varias veces.

Ese vínculo siniestro y doloroso con la economía “formal”, ¿no es similar al del repartidor de comida en bicicleta o al del conductor ocasional de un vehículo de alquiler, aunque ellos no formen parte orgánica de agrupamientos como la UTEP? La uberización de la economía, ¿no es la verdadera y profunda naturalización de la – ya me animo a decir – mal llamada economía popular?

Creo que sería más pertinente señalar que la concentración global del capitalismo, con la rotunda hegemonía de las finanzas, condena a fracciones crecientes de la población trabajadora a vincularse con el resto del sistema a través de actividades aparentemente independientes, en que ceden a otros el poco o mucho valor agregado que aportan y son condenados a ingresos rotundamente por debajo de su subsistencia.   

Este es el problema estructural de fondo y no se puede naturalizar, a riesgo de condenar generaciones presentes y futuras a una esclavitud abyecta, donde el esclavista ni siquiera se hace cargo del mantenimiento más elemental de su dependiente.

¿Aporta a la solución de este tremendo problema social que definamos una categoría pseudo independiente, como “economía popular”, que englobe todos los marginados y súper explotados que vayan tomando conciencia de la necesidad de agruparse?

Depende. Especialmente, depende de qué entendamos por solución.

Si llamamos solución a pelear y conseguir mejoras relativas en los ingresos, en esas cadenas de valor donde se aporta mucho trabajo de baja productividad y se obtiene aún menor retribución, puede ser.

Si llamamos solución a conseguir coberturas de salud o de jubilación parecidas a los trabajadores en relación de dependencia y aportes pecuniarios del Estado que complementen lo que la economía de mercado genere, puede ser.

¿Por qué deberíamos considerar que la salida es esta pseudo puja distributiva cuya aspiración es arañar ingresos de subsistencia?

La respuesta institucionalizada es: Porque el capitalismo ya fijó eso como techo aspiracional para casi la mitad de la población.

La repregunta: ¿Por qué debemos aceptar como política social estratégica – la que ordena nuestras vidas y de nuestros descendientes – que la inercia capitalista elimine la esperanza de por lo menos la mitad de los compatriotas?

¿Qué podríamos hacer a cambio? Si los capitalistas se van acostumbrando a este escenario, están dispuestos a sumarse a esquemas asistenciales, y hasta invitan a los representantes de la economía popular a sus congresos de reflexión sobre políticas públicas, ¿no se van acomodando todas las piezas del rompecabezas de un modo, digamos, armónico?

Por empezar, deberíamos modificar el axioma que postula que el trabajo depende de las decisiones de inversión de los dueños de capital y por lo tanto, cuanto más capital poseen algunos, más importante es la dependencia de sus decisiones.

Apenas pasamos a pensar que la prioridad social es atender las necesidades básicas de la comunidad y el Estado es la institución creada para administrar ese proceso, varios – muchos – escenarios pasan a ser mirados de otra manera.

Sin parar el mundo un solo segundo, emergen las debilidades de hábitat y de calidad ambiental; los enormes déficit de comunicación y energía que pueden ser resueltos con acciones distribuidas hasta a escala doméstica; la irracionalidad de la dependencia internacional de cadenas de valor alimenticia en el país con mayor superficie arable por habitante, en el mundo; la grosera ineficiencia de la distribución de todo tipo de alimentos, que encarece su precio sin agregarle valor alguno; el mismo panorama en la indumentaria; la posibilidad de resolver los problemas de vivienda de 3 Millones de familias en un lustro. Y más y más.

La demanda es de naturaleza social. No es simple platita para gastar. Está pendiente. La oferta que atienda esa demanda se debe organizar desde la propia comunidad con asistencia económica, financiera, tecnológica del Estado, como función primordial. Mientras tanto, los contadores y financistas deben hacer los deberes administrativos en los ámbitos nacionales e internacionales, pero no se traslada a ellos el poder de establecer la miseria como horizonte para un solo argentino.  

Este fuerte cambio de rumbo y de ilusiones, comprendería todos los miembros actualmente asumidos como parte de la economía popular, pero les agregaría la multitud de actores productores de bienes y servicios de variada dimensión, con obvia preeminencia de los de menor poder económico, que transitan por la actual realidad con expectativas de supervivencia que son solo levemente superiores a las de quienes tienen el agua por encima de la nariz.

Allí sí se podría decir que se configura otra economía, por cuya identidad vale la pena – y mucho – esforzarse: la economía de producción social. Aquella en que los emprendimientos compran y venden como cualquier otro, pero tienen como objetivo atender la solución de problemas sociales, no se definen detrás de la meta icónica del capitalismo: el lucro.

Allí sería políticamente legítimo y socialmente concebible y deseable, pensar en dos fracciones de la economía, con vínculos operativos, pero con objetivos diferentes: la economía de mercado y la economía de producción social.

En esta última, participarían recuperadores urbanos, pero no habría cartoneros esclavizados; habría cooperativas textiles cuyos productos llegarían directamente a quienes los necesitan; florecerían las cooperativas de vivienda a construir sobre millones de lotes con servicios que se comprarían en largas cuotas; los pequeños productores de alimentos participarían de cadenas de valor donde su materia prima no dependería de precio internacional alguno, sino solo de su costo de producción y luego llegarían a la mesa ciudadana, por los mecanismos que se configuren como servicio de distribución, no como negocios de especulación.

En cada caso, los detalles operativos técnicos serán motivo de análisis y de soluciones que a veces llegarán por aproximaciones sucesivas. Lo esencial, es saber para qué estamos trabajando y no confundir el rumbo.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021.

*Instituto para la Producción Popular