El Doctor en Ciencias Sociales Daniel Feierstein sostiene en este artículo que el control de ingresos en los aeropuertos internacionales constituye la medida más efectiva para gestionar la pandemia, en tanto genera un daño mínimo a un grupo muy pequeño de población con el beneficio de impedir o retrasar por varios meses el ingreso de un virus o el ingreso o dominio del espectro de contagio de algunas de sus variantes más peligrosas.

Por Daniel Feierstein*

(para La Tecl@ Eñe)

Las formas de confrontar con una pandemia son complejas, mucho más cuando se extienden en el tiempo, debiendo lidiar con el cansancio que genera la continuidad de una situación de incertidumbre y sufrimiento.

Sin embargo, hay una medida que ha resultado claramente costo-efectiva: impedir que el virus ingrese al territorio o demorar su llegada. Gran parte de los países que tuvieron un desempeño exitoso (casi todo Oriente, Oceanía, Israel y muchos otros países) implementaron controles de ingresos tempranos, con resultados dispares pero generalmente buenos.

El virus ingresó a los países a través de los infinitos desplazamientos de personas que son parte de la lógica de la globalización, pero en todos los casos la irradiación se dio fundamentalmente a través de los aeropuertos.

Hay varios motivos que explican esta secuencia: los aeropuertos implican la movilidad de mucha gente en territorios alejados pero, además, involucran a población que tiene un tipo de desplazamiento mucho mayor (justamente por estar habituada al movimiento aéreo) que aquella que se desplaza utilizando las fronteras terrestres.

Nuestro país siguió dicho patrón y tanto la irradiación original del COVID-19 como la de las variantes más contagiosas surgidas meses después (británica, Manaos, andina, californiana, entre otras) irradiaron desde el Área Metropolitana de Buenos Aires al conjunto del territorio nacional y no desde las porosas fronteras terrestres de Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, etc., hacia el conjunto del territorio. Es cierto que en algunos casos (Jujuy a comienzos de 2020, Formosa a comienzos de 2021) existieron brotes que pudieron conectarse con las fronteras terrestres pero los mismos fueron locales y no generaron una irradiación equivalente a la que ocurre cuando la circulación comunitaria de un virus ingresa por vía aérea a la mayor urbe nacional, ya que la población que traspasa cotidianamente la frontera en Jujuy o Formosa no circula con asiduidad por todo el territorio ni las propias localidades en las que viven tienen ese nivel de vínculo con toda la geografía nacional.

Es por ello que el control de ingresos en los aeropuertos internacionales constituye la medida más costo-efectiva para gestionar la pandemia, en tanto genera un daño mínimo a un grupo muy pequeño de población (obstaculizar por unos días la movilidad de algunas decenas de miles de personas) con el beneficio de impedir o retrasar por varios meses el ingreso de un virus o el ingreso o dominio del espectro de contagio de algunas de sus variantes más peligrosas.

Por el contrario, en el caso argentino hemos cometido dos veces el mismo error y vamos en camino directo a chocar por tercera vez con la misma piedra.

Al inicio de la pandemia, y luego de una eficaz decisión de la implementación de restricciones tempranas a la circulación (medida que logró la detención de la propagación del contagio en el 85% del territorio nacional) se desplegó una política de “repatrio” de los viajeros que, en lugar de obligarles a cumplir las cuarentenas en hoteles seleccionados al efecto, envió a miles de personas a sus casas, apenas solicitándoles la firma de una declaración jurada en la que se comprometían a respetar un aislamiento domiciliario de 14 días. Más allá de que era totalmente esperable un alto nivel de incumplimiento de dicha medida, las cifras de propagación del contagio en el área del AMBA en aquellos primeros meses iluminan como altamente probable que haya sido éste el mayor error en los primeros meses de gestión de la pandemia, un error que dio por tierra con el enorme sacrificio del conjunto de la población argentina.

Hacia el mes de noviembre, la propia circulación del virus y la inmunización de amplias capas de la población (con el altísimo costo en vidas de dicho contagio generalizado) había generado un descenso significativo de casos, pero la mutación del virus en varios lugares del mundo con alta circulación generó un nuevo escenario de preocupación: el surgimiento de variantes significativamente más contagiosas y, en algunos casos, más letales.

Ya con la experiencia de lo ocurrido en la primera ola, era evidente que la prioridad debía ser la de impedir (o cuanto menos demorar) el ingreso de estas variantes, a modo de avanzar en el proceso de vacunación lidiando con la cepa dominante en el país, que era la variante original de Wuhan. Si el ingreso de las variantes más contagiosas era solo por vía terrestre, su identificación sería más rápida, se encontraría en zonas de frontera y permitiría el establecimiento de barreras sanitarias e incluso una vacunación más acelerada en aquellas zonas con circulación comunitaria de las nuevas variantes.

Pero nada de ello ocurrió, pese al insistente llamado de científicos y organizaciones sociales. Otra vez los viajeros ingresaron sin mayores controles entre diciembre 2020 y marzo 2021, a lo que se sumó una liberalización de actividades durante la semana santa 2021, que aceleró la dispersión de las nuevas variantes (ingresadas a través de Ezeiza) al conjunto del territorio nacional. La dureza de la segunda ola tuvo mucho que ver con esto, al identificarse ya a partir de los meses de marzo y abril las variantes más contagiosas como dominantes en muchísimas jurisdicciones.

El avance del plan de vacunación ha venido de la mano de una nueva mutación, aparecida otra vez en el otro extremo del mundo (ahora en la India, la variante Delta), que está poniendo en jaque a varios de los países con altas tasas de vacunación, como el Reino Unido, ya que esta variante no solo es más contagiosa sino que parece ser capaz de disminuir la efectividad de algunas de las vacunas allí implementadas, cuanto menos si solo ha sido administrada una dosis, lo cual es una situación homologable a la argentina.

Pese a la reiteración del alerta, las autoridades argentinas solo han implementado un control de PCR negativo al ingreso de los viajeros al país, sin obligarlos a ir unos días a hoteles. El problema de esta política es que gran parte de los viajeros pueden haber contraído la nueva variante pocos días antes de volver al país y, por lo tanto, presentar un falso negativo en el control de aeropuerto, terminar la incubación ya en sus casas y propagar e irradiar la nueva variante, que de convertirse en dominante podría poner en jaque el propio proceso de vacunación argentino, además de precipitar una tercera ola.

La decisión de la implementación de restricciones aplicadas al conjunto de población (en muchos casos imprescindibles) tiene un costo social, económico y psíquico muy alto, con lo cual es comprensible el complejo debate sobre sus formas, intensidades, duración y oportunidad.

Por el contrario, el control al ingreso de viajeros resulta la medida más efectiva y menos costosa de todas las posibles, la que puede evitar o demorar la aparición de elementos que agreguen más incertidumbre y sufrimiento al pueblo argentino.

Sería deseable no volver a tropezar por tercera vez con la misma piedra. Se supone que los seres humanos aprenden de sus errores. Ojalá eso también ocurra en el caso del gobierno argentino.

Buenos Aires, 14 de junio de 2021.

*Doctor en Ciencias Sociales, Inv. CONICET, Profesor UNTREF y UBA.