
Mentiras, mentiras … yo quise decirle – Por E. Raúl Zaffaroni
16 noviembre, 2026Rodolfo Yanzón, de larga trayectoria en Derechos Humanos, es el abogado defensor de Leonardo Bertulazzi. Yanzón sostiene que Bertulazzi ha sido calificado de terrorista fundamentalmente por medios de comunicación de grupos económicos, sin siquiera mencionar las razones por las que fue reconocido como refugiado, estado que impedía la privación de libertad como también el inicio del proceso de extradición, fruto del acuerdo Meloni-Milei que habilitó la jueza Servini en 2025.
Por Rodolfo Yanzón*
(para La Tecl@ Eñe)
Leonardo Bertulazzi es hijo de una familia antifascista que luchó contra la dictadura de Mussolini, se nutrió del espíritu partisano y en los setenta participó de las luchas obreras del norte de Italia. Dejó su país en 1980 como consecuencia de la persecución política y los atentados de grupos fascistas sostenidos desde la patronal; pasó unos años en El Salvador trabajando en centros de salud donde conoció a su mujer Bettina, con quien ingresó a la Argentina a principios de siglo.
Cuando en marzo de 2025 habló ante la jueza Servini en la audiencia por la extradición pedida por Italia, luego del acuerdo entre Giorgia Meloni y Javier Milei a principios de 2024, Bertulazzi dijo que las acusaciones en su contra se recargaban con alusiones a la «gravedad de los hechos» y a su «peligrosidad» para justificar su detención. Esas alusiones fueron reforzadas por la calificación de «asesino» que le atribuyó Patricia Bullrich con un tuit en el que celebró la detención como resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia para dar con un «temible terrorista», cuando, en verdad, el Estado argentino conocía el domicilio de Bertulazzi desde hacía más de veinte años debido a que se hallaba protegido por la Convención de Refugiados de Naciones Unidas. La detención fue ilegal dado que estaba vigente el estatus de refugiado, que impedía la privación de libertad, como también el inicio del proceso de extradición, como fruto del acuerdo Meloni-Milei.
Bertulazzi no está acusado de delitos de sangre, sino por el secuestro de un empresario y por integrar una organización armada hasta septiembre de 1980. Fue condenado en ausencia, sin poder defenderse, a una pena unificada de 27 años de prisión basada en declaraciones de dos arrepentidos.
– Esas condenas están relacionadas con el conflicto social de los setenta -dijo Bertulazzi ante los bostezos de Servini en la audiencia oral – cuando en Italia se implementó una legislación especial presentada como medidas urgentes para la protección del orden democrático. Con esas leyes se produjo el fenómeno de los «arrepentidos» y se aplicó la tortura, porque se autorizaba a la Policía a arrestar militantes durante 48 horas, renovables, sin orden judicial. Italia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la aplicación de torturas a presos.
El primer pedido de extradición fue rechazado en 2003 por la jueza Servini porque Italia no garantizaba un nuevo juicio en el que Bertulazzi pudiera ejercer su derecho de defensa. Criterio similar al adoptado por Francia a partir de la Presidencia de Francois Miterrand respecto de los militantes que se exiliaron en ese país, luego de las miles de condenas a militantes de izquierda dictadas entre finales de los setenta y principios de los ochenta aplicando las leyes especiales. En 2021 el presidente Macron cambió el criterio respecto de diez militantes condenados por delitos de sangre, pero el Tribunal de Apelaciones de Paris rechazó las extradiciones, sentencia que fue confirmada por la Corte de Casación en marzo de 2023, porque las condenas se produjeron sin oportunidad de ejercer el derecho de defensa, y porque se trataba de personas integradas a la sociedad.
Luego del rechazo de la extradición en 2003, Bertulazzi fue reconocido como refugiado según la Convención de Naciones Unidas, debido a la persecución política en Italia contra la militancia de izquierda, las leyes especiales y los juicios en ausencia. Hasta su detención ilegal, producida el 29 de agosto de 2024, vivió siempre en el mismo lugar y, junto a su mujer Bettina, con quien se incorporó a la vida social, trabajó y colaboró con organizaciones sociales.
– Si autoriza la extradición, estará convalidando una metodología de persecución que incluyó la comisión de graves crímenes como la tortura – concluyó Bertulazzi frente a Servini en aquella audiencia. Pero la jueza había tomado la decisión de decidir según el acuerdo Meloni-Milei.
La última vez que hablé con Leonardo fue durante la medianoche del lunes 9 de noviembre, cuando le informé que Servini había rechazado el pedido de continuar con su tratamiento médico – es un paciente con tres episodios de ACV y el 6 de noviembre pasado el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía le ordenó una serie de estudios – y que fuera examinado por el Cuerpo Médico Forense para que dijera si estaba en condiciones de realizar un vuelo hacia Italia. Servini se desentendió de su salud y de la obligación legal de constatar si era viable el traslado aéreo, cuando Bertulazzi estaba detenido a su disposición y era el Juzgado a su cargo el último garante de su vida y su integridad.
Bertulazzi ha sido calificado de terrorista fundamentalmente por medios de comunicación de grupos económicos, sin siquiera mencionar las razones por las que fue reconocido refugiado. Sobre el punto, cabe decir que en el Derecho Internacional el concepto de terrorismo es por demás vidrioso y se lo utiliza según los intereses en juego. Como ejemplo, días atrás hemos visto cómo Irán calificaba de terroristas a las FFAA argentinas, mientras que nuestro país hace lo mismo con las de Irán.
Pero hay otra lectura, más cercana, que es la del temor y el terror según la clase social. Así como los patrones, dueños de grandes empresas temen y hasta sienten terror por la organización de los trabajadores – y sin hesitar exigen la instauración de Estados de excepción para defender sus intereses -, los trabajadores, por su parte, tienen similares sentimientos, pero respecto de la violencia que pueden ejercer los patrones y los Estados gendarmes, que van desde el despido hasta la cárcel y la tortura.
La historia italiana merece una mirada de contexto. Tal como hoy la conocemos, la República surge del levantamiento armado del 25 de abril de 1945 contra la ocupación nazi y el régimen fascista; luego se ordenó la desmovilización inmediata de los partisanos para restaurar el orden estatal y los consejos de fábrica creados por los partisanos fueron suplantados por autoridades nombradas por el gobierno central. En junio de 1946 se dictó la amnistía y muchos fascistas fueron liberados. En cambio, muchos miembros de la resistencia fueron sometidos a proceso por parte de la burocracia estatal heredada del régimen, que no había sido depurada. Posteriormente, el socialismo y el comunismo fueron apartados del gobierno por presión de EEUU. En 1969 comenzó el llamado “Otoño Caliente” con las huelgas en el norte industrial, cuyas bases desbordaron a los sindicatos y puso en jaque al sistema. En los setenta nació la autonomía obrera, los trabajadores se organizaron en asambleas, sobre todo en Turin y Milán, intensificando el enfrentamiento con el Estado y la patronal. La experiencia fue derrotada en 1980, sobre todo con la huelga de los trabajadores de la Fiat de Turin, que significó el despido de decenas de miles. A partir de entonces, la patronal retomó el control de la situación y flexibilizó las condiciones laborales, con un Estado que ejerció como garante del disciplinamiento de la clase trabajadora.
A la par actuaban grupos fascistas, como Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale -con el apoyo patronal y grupos como Propaganda 2 y la Operación Gladio patrocinada por la OTAN y la CIA – durante la llamada “estrategia de la tensión” con el propósito de socavar la democracia y generar las condiciones para impulsar un Estado de excepción y medidas autoritarias. Esas son las circunstancias bajo las que Bertulazzi tomó la decisión de abandonar Italia en 1980.
Como dice Olmo, el personaje de Novecento, la película de Bertolucci, «los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos los que han plantado los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra, y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España… Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres».
Esa escena hoy se repite de algún modo con los nietos de Mussolini en el gobierno, que acordaron con el autócrata argentino la vulneración del Derecho Internacional de los Refugiados, el tildar de terroristas a quienes luchan por los derechos de los trabajadores, y la persecución política con miras al disciplinamiento bajo los designios de aquellos que no dudan en formar parte de dictaduras.
Desde el primer minuto de su ilegal detención el 29 de agosto de 2024, Leonardo Bertulazzi mantuvo la decisión de hacer valer su protección internacional como refugiado y de reivindicar sus derechos legales ante el Estado argentino. No fue posible debido a que el sistema judicial acató el acuerdo entre dos gobiernos autócratas. Su escape, descendiendo por una cuerda desde un quinto piso, fue sin duda una decisión desesperada, pero una decisión que es un rotundo rechazo a ese acuerdo espurio y a la vulneración de derechos esenciales que todo Estado de Derecho debe respetar. Además, es una obligación de todo revolucionario antifascista: la libertad como toda respuesta a la opresión.
17 de noviembre de 2026.

*Abogado DD.HH.

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