El avance de la IA es continuo y multidimensional, y tanto Washington como Pekín enfrentan el dilema de regular o frenar su desarrollo. En Argentina, los adalides de la desregulación prometen que el país se situará «a la vanguardia de la libertad en materia de IA». Pero permanece una pregunta: ¿cuál es ese lugar que ocupará Argentina?

Por Rafael Bielsa*

(para La Tecl@ Eñe)

Aferrarnos como garrapatas a ideas con las que enfrentar riesgos imaginados como graves, precisamente porque son comprensibles y contundentes, tiene costos. Desde luego, la prudencia no debe convertirse en miedo; pero ¿qué ocurre cuando es el miedo el que nos vuelve imprudentes? La fórmula del podcaster Ezra Klein, «¡Pero China!» (But China!), condensa distintas vertientes de un mismo razonamiento. Algunas son: regular o frenar la inteligencia artificial es «una conspiración de la que solo se alegra China» (Donald Trump); «si el Congreso se lanza a regular, perdemos la carrera con China» (el senador republicano Ted Cruz); «si China se adelanta en IA, no hay día después» (el secretario del Tesoro Scott Bessent). En Argentina tampoco faltó quien frotara el argumento con la franela de la desregulación, para prometer que el país se situaría «a la vanguardia de la libertad en materia de IA». El lema fue pulido hasta el brillo y meneado con frenesí. Pero permanece una pregunta: ¿cuál es ese lugar que ocupará Argentina?

Es ocioso presentar como argumento lo que no pasa de ser una tautología estratégica: Pekín no suscribiría un alto el fuego de capacidades si Washington se ata primero y en solitario; ningún rival racional aceptaría un embargo unilateral de su propio progreso. Esa observación no decide nada; solo describe el problema de la reciprocidad. Intervenir, además, no es sinónimo de parar; una norma puede exigir evaluación previa, etiquetado, trazabilidad, umbrales de riesgo o condiciones de despliegue sin constituir un freno de mano. Quien identifica regulación con moratoria comete un error de categoría. Tampoco resiste el examen empírico la premisa «ellos no regulan, nosotros sí, por tanto, ellos ganan». China ya somete los servicios generativos de cara al público a un régimen vinculante: registro algorítmico, evaluación de seguridad, control de contenidos, etiquetado y, más recientemente, normas de marcado de síntesis. Ese aparato no es idéntico al de Occidente, pero no es ausencia de reglas. Lejos de agrandar la brecha por dejación, Pekín acortó distancias con regulación propia. La ventaja competitiva, si existe, no reside en el vacío normativo.

«Ganar», por lo demás, introduce de contrabando la idea de meta y de punto final. En la frontera técnica no hay línea de llegada; el avance es continuo y multidimensional: cómputo, datos, algoritmos, talento, energía, difusión y capacidad de absorción institucional. Las brechas se cierran y se reabren en meses precisamente porque la competencia es de vanguardias sucesivas, no de un único sprint. Quedan, entonces, dos extremos igualmente costosos. Es dañina una ausencia de reglas que produzca desastres, erosión de confianza o prohibiciones quiméricas e histéricas. También lo es la norma torpe que encarece el desarrollo con una disparada del papeleo y sin relación con el riesgo. El argumento que se pretende refutar trata como simétricos dos sistemas que no lo son: un Estado partidocrático con política industrial y control previo no es una versión especular de una democracia fragmentada cuyos laboratorios privados corren por incentivos distintos. La ventaja no consiste en «ir más rápido sin reglas». Consiste en saber qué se regula, para qué y con qué capacidad de verificación. Banalizar ese dilema para parecer modernos no es realismo; es una afirmación geopolítica que disimula la ausencia de tesis.

Como es de imaginar, el tecnocapitalismo occidental produjo una trifulca de eslóganes de lobby, de afiches sobre la entrega del liderazgo, de exigencias de papel maché y de sobrevuelos de sensatez. El Tigre de Mompracem, Jensen Huang (CEO de Nvidia), con su Yáñez de Gomera de ocasión —Donald Trump, en su puente de mando inmune, al otro lado del teléfono— rechaza un freno coordinado a los modelos de frontera. Sostiene que el mercado ya disciplina, que la industria no necesita leyes nuevas, que hay que correr lo más rápido posible y que se frena el envío solo si el producto se sale de control, no la carrera entera. Sam Altman (CEO de OpenAI) y Dario Amodei (CEO de Anthropic) sostienen que la carrera no justifica decisiones temerarias y que el ritmo de las capacidades no puede dejar atrás la prevención de riesgo; OpenAI ya ha ralentizado en solitario y, dice Altman, lo volverá a hacer. La empresa ha descartado salir a Bolsa en 2026: Altman lo atribuye ahora a la seguridad y la alineación, antes que a un objetivo financiero inmediato —aunque meses atrás el mismo aplazamiento se explicaba, en la prensa, por la valoración—. En un frente más jurídico que retórico, Apple demandó a OpenAI —y a exdirectivos suyos al frente del hardware— por secretos comerciales en el aparato que la compañía desarrolla. La fe es «garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve» (Carta a los hebreos, 11,1).

En esta comarca se cultivan dos palabras que no cesan de repetirse: liderazgo y soberanía. Ambas son casquivanas y, por eso mismo, objeto de disputa. Alexander Pope, poeta del periodo augusto inglés, dejó en el «Ensayo sobre el Hombre» (Essay on Man) una imagen todavía útil: mientras el hombre exclama que todas las cosas existen para su provecho, responde un ganso cebado que el hombre existe para el suyo. Quien cree que el mundo —o la técnica— está ahí para servirlo no se distingue de esa criatura consentida. No hace falta un liderazgo de volumen para influir; también es posible un liderazgo de concepto.

A esas iniciativas se las despacha a menudo como «carga de cumplimiento», «parche estatal» o «precautorismo europeo», sin considerar que no se forjan por la misma razón ni persiguen los mismos fines. En 2017, Dinamarca fue el primer país en crear la figura del embajador tecnológico (Office of Denmark’s Tech Ambassador), no para tratar la tecnología como mera industria o innovación, sino como asunto de política exterior y de seguridad. La lógica institucional es nítida: las grandes compañías tecnológicas no son solo actores económicos; diseñan infraestructuras, plataformas, modelos de inteligencia artificial y, con frecuencia, tecnología de doble uso. Un ministerio de Exteriores que solo converse con cancillerías y con el mapa westfaliano en la mano llegará tarde: se trata de hablar con la industria, no solo sobre ella. Dinamarca ofrece una respuesta posible a aquella pregunta argentina: un país que no puede disputar escala de cómputo sí puede intentar disputar conceptos, normas, alianzas e instituciones.

Hacia mediados de los años noventa, Luigi Ferrajoli reconstruyó el concepto moderno de soberanía y sostuvo que había entrado en crisis: el derecho internacional clásico —y, en alguna medida, el de posguerra— había dejado a los Estados, entre sí, en un estado de naturaleza, sustraídos a la norma (legibus soluti). Frente a esa inmunidad, propuso un constitucionalismo internacional que negara la soberanía absoluta. Multilateralismo, globalización. Hoy, ante poderes privados de escala planetaria, esa exigencia humanista —someter el poder a límites y garantías—, si no se ha vuelto obsoleta, se ha desplazado. Cabe preguntarse, entonces, si también el concepto de soberanía digital es aplicable al desarrollo de la inteligencia artificial y, si lo es, en qué consiste.

El PIB de Dinamarca fue de unos 429.000 millones de dólares en 2024. En fechas cercanas, la capitalización bursátil de Apple rondaba los 3,78 billones, la de Microsoft los 3,85 y la de Nvidia los 4,3. No son magnitudes equivalentes: el PIB es un flujo anual de producción; la cotización es el valor que el mercado asigna hoy a beneficios futuros. Aun así, la desproporción sirve de indicador político no contable: cada una de esas empresas cotiza entre ocho y diez veces lo que Dinamarca produce en un año, y su agencia —estándares de hecho, nube, chips, modelos, publicidad, identidad— no cabe en un ministerio de digitalización. Cruza soberanía, ciberseguridad, desinformación, fiscalidad, privacidad y alianzas. Por eso el tecnoembajador danés opera con mandato global, no territorial. Tiene base en Copenhague y Silicon Valley; en una fase anterior también en Pekín. El equipo mezcla diplomáticos de carrera, especialistas en tecnología y seguridad, y personal en comisión de otros ministerios. Habla con la industria como si fuera un Estado y plantea las preocupaciones del Gobierno: responsabilidad, ciberseguridad, ética de datos, IA, contenidos ilícitos. Al mismo tiempo, impulsa agenda en la UE, la OTAN, la ONU y coaliciones de países afines. Una de ellas es con Australia; colideran la red de embajadores de ciber y tecnología.

La Estrategia de 2024 —la segunda, tras la de 2021-2023— fija la doctrina: una evolución tecnológica internacional que beneficie a Dinamarca y a Europa, gestione riesgos y no deje las reglas solo en manos de empresas o de potencias rivales. Los cuatro ejes son el diálogo geopolítico con la industria, la gobernanza responsable de la IA y de las tecnologías cuánticas, la cooperación en seguridad y normas globales para un internet libre, abierto y seguro. La red con Australia es el instrumento; la Estrategia es lo que ese instrumento debe servir. Ese trabajo deslumbra menos que el GPT-6 Astra de OpenAI (3 de septiembre de 2026). No exhibe rendimiento de frontera en razonamiento abstracto, matemáticas o uso real de escritorio y navegador. Los daneses hablarán con la empresa; la empresa los escuchará con respeto; cada uno hará lo suyo. Bastante mejor que la charlatanería de feria, que carece de efectos VFX y de robótica.

La Unión Europea depende de terceros países para más del 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digital clave. Esa dependencia se traduce, según la Comisión y el estudio de Asterès/Cigref que cita, en un gasto del orden de 264.000 millones de euros al año en software y nube de proveedores extraeuropeos: no es el conjunto de todo lo digital, sino la factura concentrada de nubes y programas. En consecuencia, el 3 de junio de 2026 la Comisión presentó el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica (European Technological Sovereignty Package): propuestas de Chips Act 2.0 y de Ley de Desarrollo de Nube e IA, más una estrategia de código abierto y una hoja de ruta de digitalización e IA en energía. Aún no es derecho vigente: debe negociarse con el Parlamento y el Consejo. Como en el Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Sólo le dan prendas al que se distrae revoleando papelitos. El tiempo es veloz, la vida esencial, cantaba David Lebon en 1982.

1 de octubre de 2026.

*Abogado y escritor. Ex Canciller de la República Argentina.

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