Por Conrado Yassenza*

(para La Tecl@ Eñe)

La marcha del miércoles 12 de marzo iba a ser algo diferente porque los jubilados estarían acompañados, y, pensábamos que protegidos de los palos y gases que vienen recibiendo miércoles a miércoles en soledad, por la decisión de los hinchas de fútbol de acompañarlos. Y fue así; pero, de todos modos, el riesgo seguía presente.

Para poner en contexto el dramático estado de situación hay que recordar que el sentido de las marchas de los miércoles de los jubilados está cifrado en el reclamo por el aumento de sus haberes que en marzo de 2025, con el aumento del 2,2% (IPC de enero 2025) de la fórmula del gobierno de Javier Milei y sin el bono extraordinario de $ 70.000, congelado desde marzo de 2024, es de $279.122 ($350.000, con bono incluido) Es decir, un salario de hambre que condena a nuestros mayores a una existencia indigna, inhumana, si se tiene en cuenta que, según la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita $1.200.523 mensuales para no ser pobre y cubrir apenas sus gastos básicos en un escenario en el cual, además, la motosierra de Milei redujo los descuentos en remedios recetados y la ampliación de los de venta libre sin cobertura por parte del PAMI.

La cita para acompañar a nuestros jubilados el miércoles pasado era a las 17 horas, pero alrededor de las 16 comenzó el operativo de provocación y amedrentamiento que las fuerzas represivas al mando de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, iniciaron con el objetivo de que los miles de personas que intentaban llegar a la Plaza del Congreso nunca lo lograran. Y lo cumplieron desatando un infierno de gases, palos y balas de goma apoyado por enjambres de motos con avispones negros o azules armados hasta los dientes y camiones hidrantes que avanzaban por las inmediaciones del Congreso propalando, en clara referencia, una de las frases predilectas del presidente Milei: «¡Vengan, zurdos!». Una feroz cacería que combinó distintas fuerzas represivas liberadas en la Ciudad para matar, y que terminó con el fotógrafo y militante político Pablo Grillo, que estaba realizando su trabajo de fotoperiodismo freelance, tumbado en el suelo luego de recibir en su cabeza un proyectil de gas lacrimógeno disparado a muerte por la policía federal. Pablo, que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ramos Mejía – el hospital lleva el nombre del médico y diputado nacional que en 1904 publicó “Los simuladores del talento en la lucha por la personalidad y la vida”-, se debate aún entre la vida y la muerte.

Lo narrado hasta aquí da clara cuenta de que, como dijo el fiscal federal Félix Crous, estamos a dos estaciones de una dictadura, o algo muy similar a la fujimorización de lo que queda de la República y del Estado de Derecho en el país.

Es éticamente imposible calificar de Estado democrático a este sistema regido por los reyes de la timba financiera, del carry trade y el crawling peg y de la distribución regresiva de ingresos, más aún cuando se exhibe con siniestra crueldad la ausencia total de humanidad de un gobierno que ha resucitado el fantasma del enemigo interno para poner en vigencia leyes volcadas en el decreto 70/23 según las cuales todos somos potenciales terroristas.

Para quienes objeten esta caracterización, pueden recurrir como alternativa tranquilizadora de conciencias amantes de los tecnicismos políticos o historiográficos, a la escena de un Estado terrorista que inicialmente goza de legitimidad democrática pero que va minando, con el quiebre permanente de la Constitución Nacional, su legalidad. Una discusión muy parecida, y a esta altura de los hechos, estéril, sobre la propiedad fascista/racista del gobierno de Javier Milei. La socióloga María Pía López, en un artículo publicado en esta revista, echa luz sobre esta controversia: “El 1 de febrero se produjo una movilización inesperada, que puso en la escena pública los términos fundamentales de antifascismo y antirracismo. Sostenía así una intuición fundamental: el racismo es ese núcleo organizador de jerarquías, explotación y dominio, en el que se anuda la persistencia colonial, y está en la base de toda la jerarquización autoritaria de la sociedad. Y que esa jerarquización puede nombrarse como fascismo… fascismo nombra esa explícita decisión de recortar la institucionalidad democrática hasta volverla una pura mascarada de actos de fuerza y someter la vida pública a unas condiciones represivas que ayer demostraron su dimensión mortífera.”. Para tener en cuenta y profundizar: el proceso que lleva adelante Milei está más cerca de la fujimorización que del fascismo, que es mucho más serio y complejo.

La grave crisis económica que el gobierno afronta a pesar del ajuste brutal y la transferencia de recursos de los sectores populares (jubilados) hacia el poder económico, lo llevó a, por DNU, endeudarse otra vez con el FMI, prestamista de última instancia, vía una nueva reestructuración de deuda; esta es la realidad de un gobierno que necesita imperiosamente de dólares frescos desembolsados por el FMI para seguir pagándole al FMI y así intentar llegar a las elecciones de medio término sin devaluar y con el relato remendado del gobierno que ha hecho el ajuste más grande de la historia afectando a la “casta política”. No se festeja la devaluación, es obvio, porque perjudica directamente a la población de menores recursos, pero es el resultado del atraso cambiario que ha pulverizado el colchón de reservas en dólares obtenidas con el último blanqueo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió más de US$ 1.500 millones en los primeros dos meses de 2025 para contener la brecha cambiaria en torno al 15%.

Esta crisis, este desorden que aqueja al gobierno que sigue apostando a que la contención ficticia de la “variable traumática” de la inflación (gran definición de Alfredo Zaiat) sostenga los niveles de aceptación social de un gobierno golpeado desde el 14 de febrero por los efectos de la criptoestafa que promovió el presidente, y que se ven reflejados en la última encuesta realizada por la consultora brasileña Atlas Intel, que marca una caída de diez puntos de la imagen de Milei en un mes, de 55 por ciento de imagen positiva en enero a 45 en febrero, es lo que explica y alienta, no en su totalidad, claro, la vocación represiva del gobierno que es ejecutada por la ministra Bullrich. Esa disposición del espíritu represivo también puede tener su origen en un deseo dañado por pasiones que se inclinan hacia la mutilación del cuerpo social, digamos, aquella triste pasión que ve en el reclamo de un derecho, un obstáculo para la libertad de mercado. Un deseo siniestro.

También es claro que este momento político y económico no es el del 2001, pero la combinación de crisis económica, FMI y represión no augura puertos seguros para el destino de Milei y su gobierno. Y también explica la maniobra perpetrada por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que conduce su bloque, para levantar la sesión del mismo miércoles 12, con 128 diputados presentes en el recinto, sesión en la cual dos de los emplazamientos planteados eran para ratificar las autoridades de la comisión de Juicio Político y para que la comisión de Asuntos Constitucionales tratara el proyecto que deroga las facultades delegadas a Milei, contenidas en el decreto 70/23. ¿Peleas del bloque de La Libertad Avanza provocadas a propósito, como declaró la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz? Puede ser, como también es posible que se deban a la descomposición interna que sufre el propio gobierno, cuyas aguas servidas rozan la figura de la mujer de la rosa negra.

Por otra parte, el sistema de medios oficiales y comerciales sigue blindando al gobierno nacional, más allá de sus reyertas por la afectación de negocios económicos que incluyen la compra de Telefónica por Telecom y la entrada al país de Starlink, la red satelital de Elon Musk, que promete en su página: Internet “de alta velocidad estable, donde sea que viva, con un costo de $ 38.000 al mes”.

La cobertura de la violenta represión desatada sobre la marcha y los cuerpos de jubilados, hinchas de fútbol y autoconvocados que realizaron los portales de Clarín, Infobae y La Nación, no deja dudas al respecto: Clarín tituló: “Violenta Marcha. Destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barras bravas y militantes contra policías en el Congreso”; Infobae: “caos y violencia: así vivió el gobierno la protesta de los jubilados y los barras”; La Nación decidió destacar las declaraciones del Jefe de Ministros Guillermo Francos, quien sostuvo dos ideas que marcan la línea argumental oficial: la del accidente, para referirse al proyectil criminal que recibió Pablo Grillo, y la de “Golpe de Estado”, teoría maquiavélica que intenta maquillar, en todo caso, un autogolpe con fines distractores para sacar del centro de la atención pública el caso Libra, los desvaríos patoteriles de Santiago Caputo y la reacción tardía ante la tragedia que vive la ciudad de Bahía Blanca.

Ya no se trata de posverdad sino de posmentira.

Ocurre que la posición tomada por los medios comerciales es la de la complicidad: Cómplices, hoy, de este plan de ajuste y “miseria planificada”, en palabras de Rodolfo Walsh; también de la última dictadura cívico militar; del ocultamiento de la verdad sobre la represión en 2001; del asesinato de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán: “la crisis causó dos nuevos muertos”, del crimen en 2007 de Carlos Fuentealba, que terminó con la carrera política del gobernador Jorge Sobisch, y de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Toda una historia de complicidad en un tramo histórico que se recorta entre el 76/83 hasta nuestros días. Con relación a estos crímenes, el sistema de medios comerciales/oficiales respondió recurriendo a la versión gubernamental del Golpe de Estado, acusando principalmente al kirchnerismo – otra vez la figura del enemigo interno – de buscar un muerto para derribar a Milei. Las voces que repitieron esta argumentación tienen nombre: Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Jonatan Viale, Luis Majul, Esteban Trebucq, Cristina Pérez, Debora Plager, Luis Novaresio y el actor Baby Etchecopar. Algunos fungen de periodistas cuando en realidad hace mucho tiempo que han dejado de hacer periodismo para realizar tareas como operadores políticos; otros, nunca fueron periodistas. Una pena para un oficio que si se ejerce con calidad y profesionalismo es de gran utilidad cívica.

Este conjunto de hechos y acciones dramáticas que nos acercan al pasaje de un Estado autoritario en transición hacia un Estado totalitario en el que no se respetan las garantías básicas constitucionales, es el clima actual de época en el que vivimos. Podemos afirmar que no es un clima que sólo se da en estas tierras, que de australes ya poco conservan debido al cambio climático; basta con mirar al Norte: Allí rugen Trump, Steve Bannon y su MAGA (Make America Great Again), y el empresario que produce en base a ensayo, error y destrucción, y no por desarrollo científico.

Pero, quizás, ese clima social haya cambiado luego de la represión criminal del miércoles pasado. Un hecho que nos da una luz de respiro y esperanza es la valiente decisión de la jueza de la Ciudad Karina Andrade, que decidió liberar a los 114 detenidos que las fuerzas de Bullrich detuvieron sin prueba alguna de comisión de un delito. En su fallo, la jueza Andrade argumenta: “Corresponde abocarse a los fundamentos de la decisión. En ese sentido, comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después. A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.”

Léase, detenciones y apremios ilegales que violan el Estado de Derecho. El gobierno y los periodistas de los medios oficiales piden ya la cabeza de la jueza que hizo bien su trabajo, que es hacer justicia. Clarín en su portada del viernes 14 de marzo la describe como “jueza camporista”. Patricia Bullrich realizó un raid televiso para descalificarla utilizando el falso relato de la liberación de barras bravas, y el Ministro de Justica Mariano Cúneo Libarona anunció en un tuit de la red X que iniciará acciones para investigar a la jueza en el Consejo de la Magistratura por “posible incumplimiento de sus funciones”. El tuit fue retuiteado por el presidente.

Es claro como el agua clara: La jueza Andrade defiende algo que irrita profundamente al gobierno nacional: El Estado de Derecho y el derecho a la protesta. Leamos otro pasaje del fallo de la jueza: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”. La democracia tiene aún chances en una jueza valiente.

Nos enfrentamos a un presidente y a un gobierno que no cree en la democracia. La institucionalidad no es ni una preocupación ni un límite para Milei y Bullrich. El Estado democrático, para el presidente, es un nido de ratas, es excremento. Qué se hace con esa institucionalidad satanizada: se la destruye, se la aniquila. De nuevo oímos el eco tenebroso de las palabras del presidente: “Zurdos asquerosos, van a correr”.

Algo tendremos que hacer como sociedad antes que sea demasiado tarde, antes que el abismo del Tártaro nos habite con ese hijo de la Noche, el Sueño y la Muerte, poseedor de un alma despiadada.

Avellaneda, 14 de marzo de 2025.

*Periodista. Docente en UNDAV.