La memoria del terror, la que exige justicia, es la reconversión válida que construye un puente entre el dolor y la acción. «Argentina, 1985» se va convirtiendo en una película muy necesaria porque llega en un momento político complejo en el cual el negacionismo pareciera haber ganado  demasiado terreno político.

Por Conrado Yasenza

Hay disputa y tensión entre el ejercicio de la memoria y el olvido con el que desde las gerencias técnico-políticas del neoliberalismo se la intenta definir como una antigüedad que no encaja con el país de la modernización harto del progresismo y las políticas de Derechos Humanos. La memoria es presentada como el pasado, y ese pasado es definido como un pretérito resabio de épocas que deben dejarse atrás como en un valle de lágrimas. Son las formas o manifestaciones culturales que la derecha neoliberal expone ya sin reprimir sus impulsos primarios, junto a una burguesía de llanura que ha prometido a lo largo de nuestra historia algún proceso parecido a la industrialización. Manufacturas de clase; en ciertas ocasiones, una naturaleza plebeya que evolucionó a formas de la nobleza pastoril, en otras, una genealogía de la estirpe político-militar con deseos de Europa blanca y civilizada enclavada en sus territorios. El error literario que encendió un mundo contradictorio. Martín Fierro fue canonizado como el libro nacional; no el Facundo.
Allí el primigenio y fundacional fallo narrativo de la Nación.

La memoria, entonces, supone también un conflicto: ser una mera recordación del pasado o volverse acto y potencia reveladora. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos y un conglomerado amplio de militantes e intelectuales realizaron ese fundamental pasaje que va de la capacidad de recordación a la potencia del acto. A partir de esa instancia histórica, la memoria no fue ya el mero reservorio del pasado y su rememoración sino que tornó en acción política, en acto de resistencia ante el olvido, en lucha por la verdad y la memoria reunida en la exigencia de justicia. También en denuncia del terrorismo ejercido desde el Estado. Denuncia de las desapariciones, de las torturas, de la diagramación por regiones del territorio nacional para convertirlo en un extenso estado de excepción, con campos de exterminio organizados desde el Estado. Los campos de concentración que Rodolfo Walsh y su equipo de ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina) identificaron y denunciaron en plena dictadura cívico militar.

Esa memoria deja de ser individual para organizarse social y colectivamente. Abandona la centralidad del individuo y su depósito rememorativo. Se transforma en fuerza social organizada desde los colectivos que resisten la instalación del olvido, del perdón o la reconciliación sin juicio ni castigo. El desaparecido deja de ser la representación del ingenuo e idealista individuo que simpatiza con las causas justas. Entre este individuo y el detenido-desaparecido está el militante político revolucionario que surge de la transformación subjetiva que va del individuo al sujeto político organizado. En ese sentido es que se produjeron fuertes movimientos de morigeración de la memoria o anulación del pasado donde el riesgo era que la sentencia dictada por Jorge Rafael Videla se volviera inalterable: El desaparecido es aquel que no se sabe dónde está, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, es un desaparecido.

Esa memoria del terror, la que exige justicia, es la reconversión válida que construye un puente entre el dolor y la acción. Esa memoria es la que ha desarticulado leyes como las de Obediencia Debida y Punto Final y la de Indultos. Es memoria que abre, que permite la investigación sobre las complicidades civiles con la dictadura genocida de 1976. Es la memoria que define el punto culmine de los procesos represivos en Argentina: El Estado anula todo vestigio de andamiaje legal y es él mismo el que asesina y desaparece seres humanos. Es la memoria que da testimonio del plan económico organizado por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz mediante el cual se decide ponerle fin al intervencionismo estatal. Es la memoria que pone en evidencia la verdadera finalidad de la muerte y la represión: El poder y el dinero. En definitiva, memoria de clase.

Durante los períodos políticos democráticos en los que la memoria fue delimitada por leyes y decretos, los derechos humanos fueron vulnerados y hasta equiparados al derecho de justicia ante casos de inseguridad. Ese planteo supone que quienes defienden los derechos humanos vinculados a Memoria, Verdad y Justicia, los restringen sólo a ese campo de acción circunscribiendo los derechos humanos al «pasado”, situación que por un lado demuestra el desconocimiento de la labor que los organismos de derechos humanos realizan en torno a hechos vinculados a la marginalidad y la pobreza, y por otro, opera junto a la construcción de sentido en detrimento de las memorias relacionadas al terrorismo de Estado y al genocidio social y económico.

¿Por qué ese doble ariete desplegado en torno a las memorias colectivas? Hay una continuidad histórica que lo explica, aunque con matices. La dictadura no fue sólo militar. Uno de los logros que estableció la batalla lingüística fue la de definir con precisión, como lo hiciera Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que la dictadura fue cívico-militar. Un ejemplo claro es el de la empresa Ingenio Ledesma. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, ex presidente y ex administrador del Ingenio Ledesma, el imperio azucarero del país, fueron llevados a juicio por complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Noche de los Apagones, operativo militar realizado en la localidad jujeña de Libertador General San Martín; allí la dictadura y sus cómplices civiles cortaron la electricidad y secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 33 permanecen desaparecidas.

Insistir en la correspondencia política, económica e ideológica entre el programa de la dictadura y los programas de gobierno afincados en el sistema neoliberal, consolida esa correlación histórica que genera en el país ciclos de crisis recurrentes donde tanto los derechos como la memoria se ven seriamente afectados.

Digresión que no lo es

Es en este marco que Argentina 1985 se va convirtiendo en una película muy necesaria porque llega en un momento político complejo en el cual el negacionismo pareciera haber ganado  demasiado terreno político junto al avance de grupos de ultraderecha que, como durante la dictadura cívico militar, surgen para sostener un régimen capitalista cada vez más inhumano y voraz cuyo lenguaje y prácticas, tanto en dictadura como en democracia, es el de la muerte.
Y es necesaria también si pensamos en quienes nacieron en democracia ya que si la memoria histórica no llega a los jóvenes se cristaliza y se detiene. En ese sentido, la película es memoria en movimiento y en debate, no un patrimonio definitivamente conquistado sino un territorio en disputa, en tensión; y los hechos así lo demuestran.

*Esta nota fue escrita para Télam y publicada originalmente en la agencia el pasado 25 de octubre.

Periodista. Director/Editor de La Tecl@ Eñe. Docente en UNDAV