Es urgente reflexionar sobre nuestro Estado y sus instituciones para remontar este duro presente, afirma Raúl Zaffaroni. Se impone el deber ético de aunar esfuerzos en torno a un nuevo proyecto de Estado que deberá plasmarse en una Constitución acorde a la actual situación del mundo.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Se nos quiere construir mediáticamente un mundo con omisiones –no de lagunas sino de océanos-, fake news y lawfare (o law far), en estricta aplicación del 5º principio de Göbbels (Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar).

Pero por desgracia, incluso la malignidad tiene sus genios perversos y, como no cualquiera es Göbbels, sus principios no funcionan en manos torpes. Tampoco puede obviarse que los aplicaba con viento en popa de factores favorables, como el crecimiento económico alemán después de un cataclismo.

A la larga siempre se impone que la única verdad no sea la posverdad construida, sino la realidad vivenciada, que nos va exigiendo con urgencia pensar en el futuro que nos espera a los argentinos.

Recientemente se ha divulgado un mensaje que, si realmente es auténtico, resulta preocupante: según la versión circulante, alguien invita a que la historia no mire tanto hacia atrás y a “rememorar el futuro”.

 Por cierto que esto no es producto de ninguna profunda reflexión sincretizante de Heidegger y Einstein, pero más allá del dislate, si la historia deja de mirar hacia atrás, por definición deja de ser “historia”, y si el futuro debe “conmemorar”, será porque pretende inventar otro pasado. 

Por el contrario, lo que proponemos es mirar el presente y, con la experiencia del pasado, proyectar hasta donde podamos el futuro o, al menos, las tareas más urgentes que nos reclamará la situación presente para ser superada y para prevenir cualquier eventual reincidencia futura.

Más tarde o más temprano, nuestro Pueblo demandará soluciones a un presente demoledor, que sólo podrán surgir de los canales democráticos, o sea, de los partidos políticos.

En consecuencia, el primer imperativo es cuidar la democracia y, para eso, cuidar la política. Esto significa, ante todo, rechazar la antipolítica, como demolición moral de la democracia, que trata de instalar un nuevo “que se vayan todos”, “todos son corruptos”, “son todos iguales” y similares.

La antipolítica pretende instalar un “no quiero saber nada de política” y, más aún, el “no sé nada de política ni me interesa”, para concluir que de la política “se ocupen otros”, que no son otros que los conocidos de siempre, los que demuelen la democracia.

La antipolítica es una invitación al Pueblo para que deje de ser Pueblo, para que renuncia a su condición de “soberano”, sintetizada en las tres letras del “Nos” mayestático, primera palabra de nuestra Constitución Nacional.  

En los momentos difíciles es cuando se muestra la grandeza, y creemos que ha llegado la ocasión de dejar de lado mezquindades, de perdonar agravios, de postergar ambiciones aunque sean muy legítimas e incuestionables, de recordar errores pero sólo para no volver a cometerlos, de tener presente que el insulto político no tiene la misma entidad que el personal, de alzar banderas para demostrar presencia pero no para dividir, de curar rasguños de luchas menores, de no ceder a la tentación de cualquier oportunismo, de no caer en la trampa de las distracciones y, en definitiva, de cerrar filas, sin ceder singularidades, pero sabiendo que por sobre todas ellas debe ondear la azul y blanca, con su sol bien radiante: la soberanía de nuestro Pueblo y de nuestra Nación.

No se trata de salvar la política por la política misma, sino por la democracia, que implica la soberanía del Pueblo y, por ende, la soberanía nacional, como presupuesto ineludible de una coexistencia en paz con un mínimo de dignidad para todos los habitantes, sin violencia, exclusión, explotación ni discriminación alguna, y para defender la vida, la libertad, la salud, la educación y, en general, el camino de desarrollo humano que debe garantizar todo Estado que sea digno del respeto de su población.  

No es sólo cuestión de cerrar filas para ganar una elección, en una coalición coyuntural que ante el desgaste de una gestión sólo tenga en mira un resultado electoral y nada más. Este objetivo sería inobjetablemente legítimo y válido en otras circunstancias, pero no es suficiente en la presente, porque ahora se impone remontar una regresión grave y, para eso, por lo menos, debe haber una idea o un conjunto de ideas motoras y rectoras.

Tratándose de política, esas ideas motoras no podrían referirse a otra cosa que al Estado, que es el escenario de la política, que ahora cruje. No en vano la antipolítica, desde los tiempos de Martínez de Hoz, quiere “achicar el Estado”, con la tradicional mentira de que eso “agranda la Nación”, cuando en verdad, en el mundo actual significa su entrega a la voracidad de los intereses financieros y a la concentración de riqueza.

Muchos aspectos del Estado deben mover a reflexión y, obviamente, la definición de la agenda corresponde a los canales democráticos de la política, o sea, a los partidos. Lo único que pretendemos señalar en estas líneas es la urgencia del tema y quizá lo que consideramos un núcleo temático que no debería soslayarse.

Es de toda evidencia que algo funciona muy mal en el Estado: un poder ejecutivo electo por una mayoría de menos del 2% de los votos, con mandato por cuatro años, compromete con deuda en dólares el futuro de los presupuestos nacionales por décadas, prometiendo entregar en poco más de un año, un país que, de seguir el actual ritmo de endeudamiento, estaría obligado a pagar por muchos años una suma superior a los 200.000 millones de dólares. Recordemos que el crédito de la Baring Brothers, contratado por Rivadavia, se terminó de pagar en la administración de Perón.

Necesariamente esa suma astronómica será de dinero que no se podrá destinar a salud, educación, caminos, infraestructura productiva, desarrollo regional, etc., con el consiguiente costo de vidas humanas por atención selectiva de la salud (especialmente de niños y tercera edad), violencia por incentivación de conflictividad interna, deterioro de la previsión, aumento de delitos contra la propiedad, inseguridad laboral y accidentes viales, entre otras cosas.

Es indiscutible que quien gana una elección debe gobernar, aunque gane por un voto, pero debe hacerlo dentro de los límites que le impone la legalidad. Una democracia que permita que una mayoría coyuntural, por haber ganado una elección, pueda ejercer un poder ilimitado, no es el modelo de democracia que defendemos todos cuando invocamos esa palabra, sino que abusa de la palabra para encubrir un autoritarismo cesarista plebiscitario, modelo que, obviamente, no siempre requiere un César como cabeza.

No nos confundamos: no defendemos cualquier “democracia”, sino la democracia plural, porque también se autoproclamaban democráticos el fascismo y el estalinismo.  

Un constitucionalista escribió hace tiempo que, en la democracia plural, la mayoría debe respetar a la minoría, porque de no hacerlo, no sólo niega los derechos de la minoría, sino también el derecho de la propia mayoría a cambiar de opinión. Este es el sentido de una democracia idónea para una coexistencia pacífica, mínimamente ordenada e igualitaria, capaz de recuperar un elemental sentido de fraternidad humana.

Pero esa democracia es incompatible con un gobierno que compromete el derecho al desarrollo humano progresivo por décadas, encubierto con una poderosa concentración de medios de comunicación que, como parte de la concentración de riqueza, acalla toda voz disidente y obliga a la autocensura. Es de sobra sabido que los discursos y creaciones de realidad únicos siempre fueron propios de regímenes autoritarios o claramente no democráticos.  

Además, en la Argentina de hoy, todo funcionario electo que tenga a su cargo alguna responsabilidad de gobierno, es fácilmente coaccionado por el ejecutivo nacional, merced a un problema que no hemos resuelto desde 1853 y que, como todos sabemos, hizo que la Provincia de Buenos Aires se segregase de la Confederación hasta 1860: el reparto de los recursos recaudados por el Estado nacional.

Tampoco lo resolvimos en 1994 y esta brecha es la que ahora aprovecha el ejecutivo, no sólo para acallar a gobernadores e intendentes, sino para forzarlos a que disciplinen a sus legisladores nacionales para votar sus proyectos de deterioro previsional, de precarización laboral, etc. De este modo va desapareciendo la separación de poderes y, con ella, el sistema de pesos y contrapesos republicano.

Creemos que no es nada sano subestimar la complicada situación y la responsabilidad de quienes tienen el deber de velar por partes considerables de nuestra población y, por eso, justamente, es altamente recomendable abstenerse de repartir etiquetas de “traidor” y similares.

Mucho se está hablando del Lawfare, como combinación del monopolio mediático creador de realidad y segmentos de la justicia. Como método lo único nuevo es el nombre, pero lo demás es reiteración de lo sucedido después de los golpes de Estado de 1955 y 1976. La diferencia no es de método sino de circunstancia: ahora lo emplea un gobierno electo pero que, al igual que los “de facto”, dispone de una altísima concentración de medios de comunicación y casi no tolera voces críticas.

El extremo judicial del ahora llamado Lawfare tampoco es gratuito, sino que resulta de una institucionalización defectuosa del Poder Judicial. No existe ninguna estructura judicial semejante en un país democrático: cinco personas, en nuestra Nación, sin que la Constitución ni ninguna ley los autorice, por mera decisión pretoriana, se han proclamado desde décadas como la última instancia de todos los procesos que se tramitan en nuestro territorio, emitiendo unas 15.000 sentencias por año.     

En estas condiciones, es elemental pensar que las ideas rectoras deben referirse principalmente a un serio replanteo institucional del modelo de Estado que necesitamos para navegar un mundo en que domina el capital financiero transnacional. En particular, salta a la vista la necesidad de replantear y fortalecer sus instituciones republicanas y democráticas.  

No puede ocultarse por más tiempo que hemos llegado a la actual situación como resultado de una institucionalidad defectuosa, que permite a un ejecutivo coyuntural comprometer nuestro destino por décadas, que debilita las bases del federalismo, del régimen municipal, de las mayorías en las Cámaras del Congreso, de la independencia judicial, es decir, que no sólo está debilitando a la democracia, sino al propio sistema republicano de gobierno.

La Constitución manda que nuestro sistema de gobierno sea republicano, representativo y federal. ¿Pero qué nos queda de República si se opaca la separación de los poderes y su sistema de controles? ¿Qué nos queda de “representativo” si el ejecutivo se permite coaccionar a los legisladores a través de los gobernadores? ¿Qué nos queda de federalismo si los gobernadores deben ir al pie del ejecutivo para conseguir los recursos para pagar a sus administraciones?

Es urgente reflexionar sobre nuestro Estado y sus instituciones. El proyecto de Estado plasmado en la Constitución de 1853-1860-1994 ya no funciona, y el de 1949 fue brutalmente cortado por un bando militar.

Prueba clarísima de las falencias de nuestro proyecto de Estado plasmado constitucionalmente, es que éstas han permitido que lleguemos a esta situación de verdadera crisis institucional y de compromiso de nuestro desarrollo futuro por décadas.

Será urgente pensar cómo remontar el presente, pero será difícil hacerlo con un barco que institucionalmente hace agua cuando, al mismo tiempo, apremia acorazar la nave para superar las olas tempestuosas del mundo actual y, lo que no es un detalle menor, también para evitar que el enorme esfuerzo de recuperación que hagamos sea neutralizado nuevamente en el futuro.

Un proyecto de Estado es tarea de toda la ciudadanía, canalizada a través de los vehículos naturales de la democracia plural. No se trata de una tarea de juristas; ningún equipo de sabios encerrados en un laboratorio podrá alumbrar un proyecto de Estado democrático. Será obra de juristas asegurar su forma, su envase por así decir, pero el contenido siempre será responsabilidad de todos y todas.

No es sólo la política lo que está en juego, sino el Estado como palco sobre el que ésta se desarrolla y los pilotes democráticos que lo sostienen. En esta hora se impone el deber ético de aunar esfuerzos, cerrar filas, pero en torno a un nuevo proyecto de Estado que, en algún momento, se debería plasmar en una Constitución acorde a la actual situación del mundo.

Comenzar a pensar hoy en una nueva Constitución futura, en un proyecto de Estado como condición para remontar la actual situación y prevenir su recurrencia, es una urgente tarea política de enorme dimensión, pero no por eso se deben bajar los brazos antes de comenzar. No debe nadie atemorizarse por la magnitud de la tarea. No es posible marchar hacia el futuro con depresión ni dejar que el pesimismo inmovilice. Todo puede fracasar, pero ningún mal es eterno en este mundo, y tampoco es irremediable, porque el Pueblo y la Nación seguirán existiendo.  

Si San Martín hubiese pensado como algunos deprimidos y pesimistas, no hubiese cruzado los Andes; sin embargo, Chile es independiente, pese a Cancha Rayada.  

Buenos Aires, 3 de marzo de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires