Artemio López analiza en esta nota las posibles consecuencias del acuerdo con el FMI, que podrían implicar una profundización del ajuste socioeconómico y la licuación del poder político del Gobierno.

Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

Se muestra en este trabajo la evolución de la estructura de ingreso familiar a nivel nacional durante este gobierno medida por el INDEC. Es el último dato disponible, el próximo correspondiente al segundo semestre de 2021 lo tendremos en abril.

Sobre esta estructura de ingresos se aplicará la “corrección tarifaria”.

Es evidente que un ingreso promedio familiar de $96.957 no admite correcciones sin merma importante del ingreso destinado al consumo. Veremos la segmentación, pero no esperemos milagros. Así está la cosa.

El esquema de «le sacamos totalmente el subsidio sólo al decil más alto» hace que un hogar cuyo ingreso sea el de un trabajador bancario o un matrimonio de docentes, paguen la tarifa al 100% igual que un empresario con ingresos millonarios tipo un Macri en su casa de Acassuso.

O sea que un hogar cuyo ingreso sea el de un trabajador bancario o un matrimonio de docentes van a pagar la tarifa al 100% igual que un empresario con ingresos millonarios.

Obsérvese adicionalmente que los ingresos familiares crecieron en promedio de un 61,7% en el lapso bajo análisis, mientras la inflación acumulada en igual período fue de 80,4%. A nivel general y un incremento de alimentos y bebidas de 81,6% en ese período.

Por otra parte, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles tuvieron una variación en el período del 42,97%; pero estos resultados son con ANCLA TARIFARIA. Imaginemos sin ella, como ahora se propone, sumado a la “inflación importada” por commodities en alza y una tasa de devaluación atrás de la inflación. La única ancla inflacionaria parece que serán los salarios ya deprimidos tras las dos pandemias: Macri y el COVID.

Esta es la situación de ingresos familiares realmente existente al momento de firmar el nuevo acuerdo con el FMI; es obvio que exigir corrección de tarifas sobre el conjunto de la estructura social es una imposición del organismo de crédito a todas luces improcedente. Sin embargo, se hará.

Al respecto y analizando la problemática ya no económica sino político social que históricamente se abre tras la firma de acuerdos con organismos de crédito, recordemos que el efecto central de la crisis desatada mediante acuerdos con el FMI en el fin de la convertibilidad –además del paisaje socioeconómico desolador, donde el 27,6% de la población argentina quedó en la indigencia– fue el colapso del vínculo entre representación política y ciudadanía, plasmado en el “que se vayan todos”. 

Néstor Kirchner reconstruyó los puentes con las grandes mayorías. “Kirchner recompuso la autoridad presidencial”, se reconocía.

A dos décadas de aquel desastre, el gobierno impulsado por la toma de deuda impagable que realizara el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a transitar el camino que propone acordar el diseño de política socioeconómica con el FMI.

Sabemos por experiencia propia y ajena que entre las consecuencias no escritas pero inexorables de las “condicionalidades” de acordar con el FMI –la organización lobista por excelencia de los acreedores de deuda– está el manejo del sistema de decisiones políticas.

En Grecia, la denominada “troika” (Banco Europeo, Comisión Europea y FMI) hasta obligó al premier Alexis Tsipras a desconocer el referendo popular rechazando la continuidad de las políticas de austeridad y el rescate propuesto por los acreedores. Desencadenó así una profunda doble crisis –de gobierno y partidaria en Syriza–, precipitando el recomienzo del ajuste neoliberal, ruinoso para la economía y el pueblo griego.

En Brasil, Dilma Rousseff, entregó la economía al sector financiero encarnado por Joaquim Levy –banquero y ex funcionario del FMI–, que obligó a profundizar políticas ortodoxas. Sucedió una fuerte crisis económica, en el PT, y caída vertical del poder y la popularidad de Dilma, que asumió con 70% de aceptación para, en menos de 24 meses, caer a un dígito.

Al respecto señalaba Gilberto Maringoni, profesor de la Universidad de San Pablo: “El ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Es su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el gobierno cae. La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo heavy metal –que Dilma acusó a Aécio Neves de querer implantar– llegó para quedarse. No es Dilma quien nos gobierna. Es el ajuste”.

¿Es necesario aclarar que Alberto Fernández difícilmente será la excepción a esta regla? Presenciaremos en cada revisión trimestral vinculante la profundización del ajuste socioeconómico y la inevitable licuación del poder político.

Aunque el sistema de medios de un lado y otro de “la grieta” edulcore el “nuevo rumbo” del Gobierno y hasta lo publiciten – como hicieron siempre los de “mayor autonomía y pragmatismo” -, lo constatable por análisis comparativos internacionales y de historia nacional reciente es que muy probablemente ya no habrá decisión económica ni política trascendente que no requiera aprobación del FMI.

Se configurará así una coyuntura de notable gravedad socioeconómica e institucional, escenario que históricamente condujo a callejones sin salida.

Tal como sucedió con Tsipras en Grecia en el año 2015, Rousseff en Brasil en el año 2014, pero también con Alfonsín en el año 1989 y De la Rúa en el año 2001, hoy apenas comenzando el año 2022, tras el acuerdo con el FMI, probablemente ya no será Fernández quien gobierne, nos gobernará el ajuste o de lo contrario, el mismo organismo tiene previsto impulsar la existencia de un gobierno que cumpla sus directivas.

El que mejor expresó esta delicada cuestión fue Ilan Goldfajn, el economista brasileño ultra ortodoxo que el FMI puso a monitorear la economía argentina y asumió como director del Departamento para el hemisferio occidental de la entidad.

Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y un máster por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, el brasileño fue elegido en 2017 Banquero Central del año por la revista The Banker, y un año después fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance.

Con semejante currícula, el señor Goldfajn dijo a Eduardo Levy Yeyati, economista argentino cercano al brasileño, que el acuerdo alcanzado no contiene las reformas estructurales que la Argentina necesita pero que el FMI “ve esto como un puente hacia un nuevo gobierno que tiene la capacidad de hacer las reformas para poner sus cuentas en orden y crecer”.

El funcionario “sincericida”, ya nos advierte que la estrategia norteamericana no se agota en la firma de este acuerdo.

El FMI caracteriza al actual como gobierno de transición o “puente” y de no cumplirse sus demandas irá por un “nuevo gobierno en el país”, amigable con las reformas estructurales que exige el Fondo que nos “permitirán crecer” y desde luego, bien lejos del actual formato popular – democrático al que juzgan un verdadero obstáculo a sus intereses estratégicos.

Por suerte no nombró a su candidato preferido, aunque lo imaginamos. Estamos advertidos.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.

*Director Consultora Equis.