El caso del policía Luis Chocobar, quien asesinó por la espalda a Pablo Kukok, confirma que el pasaje del Estado de Derecho al Estado Policial es una decisión política que involucra al Jefe de Estado y a las fuerzas de seguridad comprometidas con el control social a través de la represión. Un aval del Estado para implantar una nueva doctrina de seguridad en donde se invierte la carga de la prueba para dotar de impunidad al accionar policial.

Por Roberto Caballero*

(para La Tecl@ Eñe)

El día que decidió homenajear al policía que mató a un asaltante por la espalda en la Casa Rosada, Mauricio Macri tenía muy claro lo que quería hacer y decir con semejante gesto, porque conocía de antemano el video que desmentía la versión que asumía como propia, precisamente, durante esa esperpéntica celebración. Patricia Bullrich luego tradujo el mensaje, sin rodeos: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía. Y estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito (…) Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”.

El caso del policía Luis Chocobar, el celebrado sargento Chirino de Cambiemos, confirma que tanto la de Santiago Maldonado como la de Rafael Nahuel no fueron muertes azarosas, luego torpemente encubiertas desde el Poder Ejecutivo, sino el producto de una nueva política de seguridad que asigna a los efectivos de todas las fuerzas la potestad de tomar la vida de cualquier persona, aún cuando la situación no lo requiera. La versión policial será, en adelante, la única versión válida de los hechos. Los policías pasarán a ser, además, jueces que aplican sentencias extrajudiciales y cualquiera de estos crímenes irreversibles será reivindicado como un acto en cumplimiento del deber. Es la implantación de una política garantista, pero de la impunidad.

Volvamos a la escena de la Casa Rosada. Chocobar estaba (lo sigue estando) procesado, es decir, investigado por un supuesto homicidio cometido en exceso de la legítima defensa. Sin embargo, el presidente lo recibió como un héroe. Hay una causa abierta, no hay sentencia definitiva, otro poder del Estado (el Judicial) todavía trata de determinar las circunstancias que produjeron la muerte de Pablo Kukok, de 18 años. Pero Macri saldó el asunto, absolvió en público al policía y lo puso como ejemplo, a la vez que cometía una grosera falta a la división de poderes tan cara a los sentimientos republicanos que voceaba en campaña. Las justificaciones de Marcos Peña (quien admitió que el presidente había visto el video) y de Bullrich fueron en el mismo sentido. Sin embargo, fue Jaime Durán Barba quien reveló los fundamentos más profundos de la nueva doctrina: “La gente en las encuestas nos pide la pena de muerte”.

El video conocido masivamente horas después del encuentro entre Macri y Chocobar refleja que la versión del policía, que es la versión que Macri toma como propia, no es cierta. Las imágenes son nítidas. Kukok huía cuando fue abatido en medio de la calle de un disparo por la espalda. Chocobar había dicho que estaba en riesgo su vida, que Kukok intentó agredirlo con un cuchillo y que entonces disparó para protegerse. No es lo que se ve en el tape. Lo que allí se confirma es que Chocobar practica una ejecución a plena luz del día, mientras Kukok escapaba. El que atravesaba en diagonal la calle era un asaltante huyendo. Minutos después, ese mismo asaltante, se convertía en víctima de un asesinato.

El gobierno demostró que no le importa la verdad de los hechos, como tampoco importó en los casos de Maldonado o Nahuel. Importa garantizarle a las fuerzas de seguridad la certeza de que hagan lo que hagan, existe un compromiso del Estado macrista con su impunidad. Es la puesta en marcha de un Estado encubridor de los crímenes propios, sean estos cometidos para reprimir la protesta social o el delito callejero.

Esto es mucho más que desatarles las manos a las fuerzas de seguridad. Se trata de algo todavía más grave. Es asumir que de ahora en adelante cualquier policía, gendarme o prefecto se va a conducir en cualquier procedimiento con una norma no escrita que está más allá de las leyes de verdad que rigen para todos. ¿Qué es, sino la aplicación de una pena de muerte, lo sucedido con Kukok? Peor aún, ¿en qué se convierte este asesinato, si es nada menos que el presidente de la Nación, quien recibe al policía ejecutor como un héroe? Todo crimen avalado por el Estado se convierte en un crimen político.

No es un error, no es un exceso. Esto es una decisión política, que involucra al Jefe de Estado y a las fuerzas de seguridad comprometidas con el control social, a través del miedo. El gobierno está convencido de que la sociedad puede disculparle tarifazos, caída del poder adquisitivo y hasta ajustes salvajes contra los más débiles, pero que de ninguna manera estaría dispuesta a vivir sin un orden garantizado, aunque este orden sea injusto y represivo.

Quizá esto sea cierto para una parte de su voto duro. Quizá ese voto duro vaya en busca de la periferia amplia que reivindica las salidas punitivistas. Es probable que las encuestas no le mientan a Durán Barba, y haya una mayoría que verdaderamente respalde “la pena de muerte”. Habrá que ver esos sondeos con más detalle. Difícilmente se identifique la pena de muerte con ejecuciones extrajudiciales. En otros países, donde existen leyes que penan con la extinción de la vida la comisión de determinados delitos, intervienen jueces, fiscales y jurados. Existen discusiones sobre las metodologías más o menos cruentas. En ningún caso la aplican los policías por la libre, según la nueva doctrina que impulsa Cambiemos.

Cambiemos ratifica que el mal puede ser banal. Un gobierno necesitado de apoyos, que resuelve el día a día según los focus group que encarga a un publicista, es un gobierno que puede habilitar vagones para mascotas en el subterráneo y también la pena de muerte ilegal justificándose en el humor social de un momento, quitándole toda trascendencia al bien más preciado, que es la vida humana.

El argumento según el cual Chocobar ese día no salió a matar y Kukok sí salió a robar, que traza una línea divisoria entre el servidor público y el ciudadano a ser reprendido, esquiva que los delitos y las penas que los castigan deben tener una proporcionalidad. Es verdad, quizá Chocobar salió ese día a la calle sin pretensión de convertirse en homicida. Salió policía de su casa y terminó convertido en delincuente, en apenas unas horas, por tomar decisiones erradas, que el Ejecutivo rescata ahora como heroicas. La Justicia resolverá, con todas las garantías del debido proceso, si es condenado. Pero Kukok está muerto. ¿Se la buscó? No está acá ni siquiera para hacerle esa pregunta. Fue ejecutado por la espalda por un agente estatal. Esa no es la pena que marca el Código Penal.

El efecto que buscó Cambiemos quizá esté logrado. Habrá gente que se sentirá más protegida ahora que la Casa Rosada habilita las ejecuciones extrajudiciales a mano de la policía de gente que incursiona en conductas que el Código Penal castiga como delitos. La historia enseña, en cambio, que los órdenes represivos, como el que pretende imponer Macri desde su asunción, dan una sensación de control en el corto plazo, pero van erosionándose a sí mismos con el correr del tiempo, porque las imágenes de violencia gratuita a repetición generan terror a la vez que deslegitiman a sus promotores. Es un efecto dialéctico del cual nadie escapa.

El cacerolazo nocturno del 18 de diciembre pasado fue una respuesta espontánea a la represión del mediodía. Fue un límite social, como aquella impresionante movilización en contra del 2×1. Ver a la Gendarmería, una fuerza de seguridad militarizada, disparando a mansalva contra manifestantes. Ver a la policía en sus motos atacando a cualquiera que pasara por la zona del Congreso. Todas escenas de guerra civil no declarada, lejos de apuntalar al presidente y sus políticas, abrieron una caída en su imagen sin precedentes. Incluso entre sus adeptos.

Vuelve a equivocarse el gobierno con Chocobar. Su llegada a la Rosada se tomó en este contexto de pérdida de apoyos ciudadanos. “El punitivismo siempre paga”, podría ser el comentario reflejo que motivó esta decisión, si fuera exclusivamente demagógica, aunque también trasunta de ideología, eso es innegable. Pero algo de la materialidad económica empieza a gestar un malestar que Cambiemos, por primera vez, no puede domar tan fácilmente. El policía “héroe” se parece demasiado a los policías “represivos” que reciben a los despedidos en el Hospital Posadas, en el INTI, en el Senasa, como antes lo hicieron en Pepsico, Cresta Roja o Río Turbio.

No es que no haya público para los nuevos “Pattis” o “Malevos Ferreyras” que Cambiemos promueve. Lo hay, como en todo el mundo. Pero no son consecuencia de mayorías estables, ni hegemonías permanentes. No son la parte concluida de nada. Son consensos volátiles. Expresan un momento, que cada tanto –y peligrosamente, es cierto- se vuelve a repetir, hasta que vuelven a remitir, y eso también es verdad.

La dictadura cívico-militar, por caso, duró siete eternos años, pero no logró extenderse más allá de eso, porque la pena de muerte extrajudicial, la vejación sistemática a ciudadanos y la ausencia de libertades constituyen prácticas siniestras y criminales que terminan siendo repudiadas a la larga, incluso, por aquellos que las alentaron desde la enjundia o la indiferencia. Por eso pudo juzgarse a los militares represores y por eso cuesta tanto hacerlo con sus ideólogos empresarios que, a principio de los ’80, advirtieron que había que comenzar a despegarse y borrar las evidencias que los comprometían con esos crímenes.

Cada represor, cada genocida en el banquillo, todos lo sabemos, esconde un ideólogo que lo estimuló a convertirse en un monstruo y que luego, cuando los cadáveres se contaban de a miles, se excusó en la ignorancia exculpatoria. El Estado terrorista no puede ser eterno, porque ninguna sociedad puede convivir con sus horrendas prácticas y sus horrendas consecuencias por mucho tiempo, aunque hayan servido para saciar su sed de venganza al principio de los tiempos.

Pasa lo mismo con el Estado policial. Cada Chocobar que es aplaudido no es otra cosa que el preludio a un rechazo que tarde o temprano sucede, porque ninguna excepcionalidad criminal avalada por el Estado -en este caso, el gatillo fácil o la ejecución extrajudicial- puede transformarse en recurso permanente sin cultivar un futuro repudio social. No, mientras el pacto civilizatorio democrático básico inaugurado en 1983 con el Nunca Más, impregne las conciencias de millones de argentinos y legitime, como hasta ahora viene ocurriendo, las instituciones democráticas, aun con sus insuficiencias.

No es novedad: aún los gobiernos de derecha, como el de Macri, tienen que lidiar con los derechos y garantías que la Constitución reconoce a sus ciudadanos. Y el cumplimiento de esos derechos y garantías son ineludibles, sobre todo, para aquellos que ejercen la administración temporal de los asuntos públicos. El mensaje bestial del macrismo con Chocobar, aunque peligroso y amenazante, no modifica el repudio último que las leyes imponen a cualquier asesino que mata por la espalda, y más aún cuando lo hace con un arma provista por el Estado.

No hay “focus group” que valga en estos casos, porque si Kukok o su familia no reciben justicia en la Argentina, como puede presumirse mientras Mauricio Macri ejerza la presidencia, será el sistema interamericano de derechos humanos el que ponga las cosas en su lugar, aunque sea dentro de un tiempo. Ese pacto fue incorporado a la Constitución en 1994. Estaba vigente antes de que llegara Macri al gobierno y seguirá estándolo cuando se vaya, salvo que modifique la Carta Magna y la sociedad entera renuncie a esos derechos y garantías que hacen posibles la convivencia y las libertades en las sociedades modernas.

La impresión es que Macri tiene un problema con la democracia. No se siente parte de sus exigencias. Supone que no lo comprometen. La realidad le va a demostrar en algunos años que la omnipotencia mal llevada, una de las patologías más recurrentes de los que ejercen el poder, confunde más de lo que aclara y complica más de lo que resuelve. Entonces deberá dar explicaciones de sus actos, como cualquier otro ciudadano, y descubrirá para qué demonios sirven las leyes que protegen la vida y la libertad de las personas, aún la de aquellos que hacen las cosas mal.

O muy mal, como en su caso.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018

*Periodista. Conductor del programa radial Caballero de día, por Radio del Plata. Director de la revista Contraeditorial