E. Raúl Zaffaroni advierte en esta nota que hoy, en Argentina, todos estamos en libertad condicional, y que esa libertad puede sernos revocada en cualquier momento por un grupo de jueces ubicados en posiciones estratégicas que invoquen argumentos jurídicamente aberrantes. El caso de Milagro Sala, la presa política por excelencia del país, hace que el caos jurídico se ordene: Los tres poderes del Gobierno federal permanecen impasibles ante la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad en Jujuy.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Alguna vez un personaje extremadamente reaccionario me dijo: “Soy tan conservador que, si Dios me hubiese pedido consejo, le hubiese respondido que era mejor dejar el caos”. Recuerdo esas palabras ahora, cuando la actual situación judicial en nuestro país es abiertamente caótica, en el auténtico sentido del desorden universal precedente al cosmos, es decir que produce la sensación de una regresión hacia el caos.

Aquí y en todo el mundo hubo dictaduras horripilantes, en las que cualquier habitante corrió el riesgo de ser asesinado, pero respondían a un “orden” criminal, sangriento, cruel, sucio, cobarde, repugnante, asqueroso, pero “orden” al fin.

Ahora y aquí, por lo general no corremos esos riesgos, sino el de ir presos que, si bien es menor, no por eso es menos repudiable, y tampoco es producto de un “orden” de aquellas características, sino del “desorden” caótico. Bajo el criminal “orden” genocida argentino, todos los habitantes fuimos potenciales desaparecidos, pero ahora, bajo el “desorden” caótico, todos somos potenciales presos. No se puede negar que es menos grave, pero eso no sirve de consuelo.

Podemos decir que estamos todos en libertad condicional y que, en cualquier momento, puede sernos revocada por un grupo de jueces ubicados en posiciones estratégicas y que invocan argumentos jurídicamente aberrantes, como una “traición a la Nación” sin guerra o la invención de “vínculos residuales” o sencillamente ninguno, porque la arbitrariedad no los necesita.  

La Corte Suprema tomó la gravísima decisión de habilitar la “presencialidad” en las escuelas, sin solicitar la opinión de ningún perito, es decir, con el solo conocimiento epidemiológico de sus jueces omniscientes.

También cuando se le hizo saber que la prueba decisiva para condenar a un ciudadano había sido la declaración de un testigo sobornado con un hotel, puso un sello que decía que eso no le interesaba.

Cuando se le observó que en trece causas había intervenido el mismo juez instructor y los mismos jueces de alzada y casación, después de demorar su decisión algunos años, reiteró que solo es competente cuando media sentencia condenatoria o prisión preventiva efectiva y que esos otros detalles no configuraban ninguna gravedad institucional.

La misma Corte consideró que el Consejo de la Magistratura no estaba compuesto en forma constitucional, que en verdad nadie sabe ni puede decir cuál es, porque la Constitución no lo dice. Pero dejó que funcionase así durante años hasta desempolvar el viejo expediente para tomar el control del Consejo, devolviendo vigencia a una ley derogada por el Congreso de la Nación. De ese modo, en el futuro no tendrá necesidad de “secuestrar” a otro senador para que no llegue a tiempo para votar la destitución de un juez molesto, y de paso, también podrá controlar el concurso en el caso de los jueces “trasladados” a dedo por un Ejecutivo.

Esa misma Corte fue la que quiso aplicar el cómputo del “2×1” a los genocidas que nunca habían estado en prisión preventiva y, ante el escándalo y la masiva manifestación popular, dos de sus jueces modificaron su criterio, pero nada menos que haciendo aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, so pretexto de acatar una “ley interpretativa”, que no existe en el derecho penal, pues las leyes penales las interpretan los jueces. Es la primera vez en toda nuestra historia en que se resolvió algo semejante, quizá siguiendo la doctrina alemana o soviética, pero de los años cuarenta.

Acaba de resolver que cualquier noticia, por infamante que sea, debe quedar en “Google” para siempre, aunque al parecer hubo un cambio de criterio extraño en el curso de la toma de decisión.    

Fueron sometidas a vejámenes ante las cámaras de televisión personas que podían haber ido a pie a prestar declaración indagatoria, sin que la Corte Suprema ni los jueces de mayor competencia -todos responsables de la superintendencia- llamasen la atención a quienes habían ordenado o tolerado esas nuevas picotas.  

El viejo truco de iniciar actuaciones por el mismo hecho con diferente calificación estuvo al orden del día, violando el elemental principio que prohíbe volver a enjuiciar al que fue absuelto o sobreseído. Tampoco llamaron la atención pretendidos sorteos, cuyos resultados desmienten todas las teorías de la probabilidad. Y menos aún las numerosas maniobras que hacen que todas las causas que interesan a los poderes fácticos vayan a dar a los mismos tribunales y pasen por los mismos dos jueces de casación, que visitaron quince veces a Macri, por antigua amistad o para jugar al paddle.

La regla es clarísima: se creó un fuero de atracción, como si fuese una quiebra o una sucesión, para que esos jueces persigan y condenen a los funcionarios del gobierno anterior al 2015 y encubran a los del gobierno del 2015 al 2019. Incluso se amenazó a pretendidos “arrepentidos” para que declarasen contra cierta persona, so pena de quedar en prisión preventiva efectiva, con la participación de un fiscal que se ampara en sus fueros para eludir su indagatoria por extorsión, mientras espera que el fuero de atracción absorba su causa y lo exima de toda responsabilidad.

Y ahora la enfermedad de Milagro Sala -la presa política por excelencia del país- hace que su caso vuelva a la primera plana, después de siete años de prisión arbitraria, durante los cuales ninguno de los poderes del Gobierno federal hizo nada por resolver la escandalosa situación del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. Demás está decir que la Corte Suprema de la Nación no tomó ninguna decisión frente al caso, que duerme empolvado en algún cajón. Si Milagro está en arresto domiciliario es por disposición de la Corte Interamericana, a la que ahora desafía el Gobernador y manda personal a que se meta sin previo aviso en el cuarto de la enferma y la despierte para darle una cédula de notificación. 

Todos saben que el Gobernador hizo que su Legislatura ampliase el número de jueces del Superior Tribunal, para cubrir de inmediato esas vacantes con los diputados que habían votado la ampliación. Además de que en ese poder judicial todos parecen ser parientes, como el Gobernador aspira a una “re-reelección” inconstitucional, obliga a renunciar a seis de los nueve jueces del Tribunal.

Por efecto de un acuerdo espurio con el principal opositor, el gobernador dispone de la mayoría absoluta en la Legislatura, lo que le permite amenazar a toda la magistratura de la provincia con destituciones por juicio político. De los tres jueces que quedan en el Tribunal, uno fue el ministro de seguridad que detuvo a Milagro.

El Presidente de la República no puede indultarla, porque el inc. 5º del art. 99 de la Constitución Nacional solo lo habilita a hacerlo “por delitos sujetos a la jurisdicción federal” y Milagro es prisionera de la llamada “justicia” provincial.  

Lo cierto es que los jueces que mantienen presa a Milagro están incurriendo en graves delitos, admitidos por algunos de ellos en dichos “en off” pero divulgados, en que expresaron que lo hacen porque no se podría gobernar con ella libre. Queda claro, pues, que no son decisiones impugnables y opinables, sino resoluciones tomadas por el dolo directísimo de privar ilegalmente de libertad a una persona, es decir, que desde hace siete años –y hasta este momento- se está cometiendo un gravísimo delito continuo que nadie interrumpe.

El art. 5º de la Constitución Nacional manda que en las constituciones provinciales “se asegure su administración de justicia”; el 6º dice: “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.

El art. 29º conmina con “la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” que las legislaturas provinciales otorguen a los gobernadores “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público”. La omisión de la Legislatura de Jujuy para hacer cesar la sumisión de sus jueces al Gobernador implica que acepta que éste ejerza la suma del poder público y desconozca la forma republicana de gobierno, como lo demuestran los hechos.  

¿Pero la omisión de impulsar la intervención federal, al menos al judicial provincial, conforme al art. 6º constitucional, por parte del Congreso Nacional y del propio Ejecutivo como colegislador, no es acaso una suerte de participación o facilitación por omisión en el delito del art. 29 constitucional?

No es ningún argumento válido que el proyecto de intervención no obtendría la mayoría en el Congreso Nacional, porque incluso en ese caso, al menos salvarían su responsabilidad quienes impulsasen el proyecto o lo votasen nominalmente; hasta ahora el silencio o la omisión compromete a todos, si no jurídica al menos éticamente.

Digámoslo más claramente: se está cometiendo un delito de privación ilegítima de libertad en Jujuy, cuya Legislatura deja que su Gobernador ejerza la suma del poder público, lo que configura también el delito del art. 29 constitucional y, no obstante, los tres poderes del Gobierno federal permanecen impasibles: la Corte “cajonea” la causa y los otros dos ni siquiera tienen el mínimo gesto de impulsar la intervención prescripta por el art. 6º constitucional, cualquiera sea el resultado.

Si se pronunciase la Corte Interamericana ordenando al Estado hacer cesar la prisión de Milagro, el Gobierno federal no podría alegar su impotencia, porque se lo prohíbe la Convención Americana (art. 28). Sería lamentable que la intervención federal se dispusiese por imperio del derecho internacional, cuando al asumir todo funcionario nacional jura no solo cumplir la Constitución, sino también “hacerla cumplir”.      

Después de reflexionar lo anterior, ocupo en un café una mesa junto a la ventana y observo pasar a la gente. Nadie se da cuenta de estar en libertad condicional, aunque dentro de un rato cualquiera de esas personas pueda ser Milagro, o alguna de las otras víctimas del “lawfare”. Si se lo hiciese notar, algunas me dirían “yo no soy político, no tengo nada que ver” y hasta no faltaría quien me dijese “no sé nada de política ni me interesa”.

Pero, sé muy bien que mañana vendrán por los competidores en el mercado, por quienes protestan en las calles, después por empresarios pymes, por sindicalistas, por vendedores de empanadas caseras o de globos, y, como observaba Bertolt Brecht, luego será tarde. De todas formas, pienso que, conforme a la teoría del caos, este es inestable y al final se organiza. No es verdad que sea mejor regresar al caos y mucho menos decirle a Dios que se equivocó. Mejor tomamos el café mientras vemos cómo se puede organizar el caos para volver a la República. 

Buenos Aires, 9 de julio de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA.