Al macrismo no le importa que el protocolo de la ministra Bullrich, que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda, sea ilegal porque se trata del inicio de la campaña electoral con miras a la reelección de Macri. Con el protocolo el macrismo busca atizar el costado fascista de una parte de la sociedad y acorazar el núcleo duro de sus votantes.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno de Macri desprecia a los pobres, a los trabajadores y a los excluidos, y se preocupa de una élite que se siente representada por empresarios que hoy ocupan cargos en el Estado, naturalizando el conflicto de intereses y la segregación, un apartheid de hecho impuesto por la valla del acceso al dinero. Una vez más: este gobierno desprecia a los pobres, a los trabajadores y a los excluidos. Por consiguiente, la resolución de la ministra Patricia Bullrich aprobando un protocolo para autorizar a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda, a matar sin mayor explicación, es otra manifestación de lo mismo: desprecia tanto a los pobres, a los trabajadores, a los excluidos, que, aunque le sirvan, como policías, prefectos y gendarmes, los manda al muere con una palmadita en la espalda, como hicieron con el policía Chocobar. Este gobierno entrega a los agentes estatales que día a día caminan por las barriadas, no le importa sus vidas, ni el futuro de sus familias, de sus hijos, como tampoco le importan los pibes que mueren, que morirán como consecuencia de esas balas. En definitiva, todos son pobres, trabajadores, excluidos. 

Al macrismo no le importa que el protocolo de Bullrich sea ilegal, que viole los Pactos Internacionales de DDHH, la misma Constitución Nacional o el Código Penal. Tampoco le importa que la resolución sea declarada inconstitucional, ni que en la ley esté prevista la utilización de armas en casos excepcionales. El macrismo espera ansiosamente que la resolución tenga corta vida -aunque muy probablemente genere muertes- para atizar el costado fascista de una parte de la sociedad, acorazar el núcleo duro de sus votantes a la vez que echar culpas a quienes se opongan al uso indiscriminado de armas estatales -jueces, dirigentes políticos, organismos de DDHH- a los que acusará de desproteger a la sociedad frente a la delincuencia. Al fin de cuentas se trata del inicio de la campaña electoral con miras a la reelección de Macri.

Al macrismo no le interesa la legalidad del protocolo porque, además, como eje de campaña trata de desviar la atención de los graves temas que día a día afectan a toda la sociedad. Para producir ese desvío nada mejor que culpar a los vulnerables, a los que nada tienen, a quienes, en todo caso, rapiñan para sobrevivir en este mundo injusto y hostil. Los grandes desfalcos, la corrupción empresaria, el endeudamiento impúdico, la fuga de capitales, la contaminación ambiental, la especulación financiera, son temas que quedan en los pliegues del torrente informativo, en las comisuras de los labios de quienes, a pesar de todo, no se callan. 

Un juez porteño dictó una medida cautelar prohibiendo la aplicación de la resolución de Bullrich en la ciudad mientras el gobierno de Rodríguez Larreta se incorporaba al protocolo de Bullrich. El macrismo ya lanzó dardos en contra del magistrado.  La interna con Elisa Carrió, que dijo que Bullrich violaba los DDHH y que no estaba dispuesta a virar al fascismo, se coló en el debate, aunque el gobierno ya había virado al fascismo al justificar y encubrir homicidios como los cometidos contra Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Rodolfo Orellana o Juan Kukoc. Voceros oficialistas como Fernando Iglesias salieron a cruzarla. En la misma interna, el fiscal Ricardo Sáenz -amante de la mano dura y el estado de excepción, que arde en deseos de ser Procurador General con los auspicios de Macri- salió a bancar a Bullrich con una nota en Infobae, argumentando que si el Estado puede mantener en prisión a una persona para juzgarla, por qué no dispararle. “El policía es el Estado y el delincuente es la negación del Estado”, dijo. Ya no se necesitan jueces, ni fiscales, como tampoco la ley. Sólo el protocolo de Bullrich y un policía que se sienta amparado para disparar su arma. El Estado policial desplaza al Estado de Derecho. ¿Cómo saber cuándo se está frente a un delincuente, la “negación del Estado” según Sáenz? Es el mismo policía quien decide. “La sociedad tiene el derecho de defenderse y no tiene por qué tolerar la agresión ilegítima de quien decide violar la ley” concluyó el fiscal, a quien habría que preguntar qué élite compone la sociedad de la que habla.

Por otra parte, el jefe de la policía pampeana adelantó que ponían en tela de juicio ciertos aspectos del protocolo de Bullrich, como el hecho de habilitar a que la policía dispare contra un sospechoso en fuga. “Nuestros cadetes aprenden a proteger la vida y las personas… si hay algo que enseñamos a nuestros policías es que jamás deben disparar por la espalda durante una huida”, dijo. El macrismo acusará a los pampeanos y a cuantos provincianos no acuerden con la medida. Una vez más: es sólo campaña política con miras a la reelección en la que todo vale.

Si el macrismo contara con una encuesta que dijera que la gente está dispuesta a aceptar la tortura, sin duda comenzaría a reivindicar la picana. Porque, además de despreciar a los pobres, a los trabajadores, a los excluidos, el macrismo no tiene otro principio que el de gobernar para su élite, beneficiar a los grupos económicos que representa. Es una lucha política, no tanto jurídica. O las herramientas jurídicas forman parte de la lucha política. El macrismo juega con fuego todo el tiempo y sus acciones pueden volvérsele en contra, porque, con su protocolo, Bullrich alienta a que haya más muertes y mayor violencia en la sociedad, generando lo contrario a lo que teóricamente debería apuntar su ministerio. Pero todo sacrificio es válido con miras a la reelección.

Bullrich alienta a las fuerzas de seguridad a disparar sus armas de manera casi indiscriminada. Y quienes se sientan amparados por ese protocolo no quedarán exentos de una imputación y de ser investigados. Bullrich los entrega atados de pies y manos, los expone a duras condenas, porque su resolución no modifica ni deroga leyes nacionales ni pactos internacionales. Pero eso al macrismo no le importa, porque, aunque le sirvan, sólo se trata de gente que proviene de los sectores que desprecia.

La duda es si ante un crimen producido por un disparo de algún agente de seguridad que se justifique echando mano al protocolo de Bullrich, los fiscales y jueces que intervengan ampliarán la imputación hacia la ministra como autora mediata, por dar apoyo y accionar los mecanismos para que el hecho se produzca por uno de sus subalternos.

Los agentes estatales que trabajan en las calles (porque hablamos de presuntos delincuentes que las transitan, no de los que están en lujosas oficinas) se verán en el riesgoso compromiso de analizar en segundos qué hacer ante un hecho de violencia. Pocos estarán capacitados para eso, muchos quedarán atrapados en la red judicial y algunos -esperemos que no sean pocos- rehusarán de sentirse amparados por los desquicios de Bullrich. Como agentes estatales, tienen la obligación de observar las Convenciones Internacionales, la Constitución y las leyes nacionales antes que aceptar un protocolo que las vulnera. Pero antes que nada deben saber que están siendo usados, que sus vidas no valen nada para la caterva de irresponsables que gobierna. Y en eso vale el compromiso de la sociedad civil comprometida con los DDHH y la democracia, ayudarlos a que no pisen el palito.

Una de las justificaciones que intentaron quienes han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fue ampararse en reglamentos militares que preveían el secuestro, la muerte y la tortura. Bullrich no aprendió de esa experiencia, no quiere aprender, y se arriesga a transitar similar sendero que aquellos verdugos.

El presidente chileno Sebastián Piñera, bastante cercano a Macri, encomendó a Carabineros su máxima cooperación en la investigación por el crimen de Camilo Catrillanca, el dirigente mapuche de 24 años muerto por agentes de esa fuerza. Piñera reconoció que había sido un error de su gobierno haber confiado ciegamente en la versión de la institución. Quizás sea éste un ejemplo de que se puede ser empresario, de derecha, ser parte de un conflicto de intereses y tener algún límite, aunque sea en el discurso. El macrismo, en esto último, no se le parece. Bolsonaro no sólo es brasileño.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018

*Abogado DDHH.