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El operativo de represión «Barrer y limpiar» desplegado contra la manifestación popular al Congreso el pasado 6 de agosto, se inscribe en un escenario de transformación de las fuerzas de seguridad en un ejército represivo al servicio de un partido político, circunstancialmente gobernante, como corolario de un plan de control social autoritario y antidemocrático.
Por Miguel Gaya*
(para La Tecl@ Eñe)
El operativo de represión a la manifestación popular al Congreso el pasado 6 de agosto se llamó «Barrer y limpiar». Si alguien piensa que la filtración de ese nombre fue un accidente, puede sacar patente de ingenuo. Si alguien no lo relaciona con la ominosa expresión «Noche y Niebla», es un tonto. Con esos nombres se dan identidad y se alecciona al soberano.
La lógica de la represión
En el año 2025 hubo más de 1600 ciudadanos heridos por las fuerzas de seguridad en manifestaciones pacíficas, de los cuales alrededor de 300 fueron trabajadores de prensa, y otro tanto lo aportaron jubilados inermes. El 54 % de las manifestaciones realizadas fueron reprimidas con un exceso de fuerza estatal injustificada, y casi todas merecieron un despliegue de efectivos desproporcionado al riesgo a controlar. Con todo ese dispendio, no se ha podido demostrar un solo caso de organización colectiva de los manifestantes para ejercer la violencia, más allá de aisladas acciones de autodefensa. Pese a los centenares de detenidos y a las desmesuradas imputaciones de delitos, el exiguo resultado no ha logrado aventar la sensación de causas amañadas y fabricadas para mostrar castigos ejemplificadores a los díscolos.
Fuerzas de seguridad cuyo objeto es custodiar las fronteras, las vías navegables e instalaciones aeroportuarias fueron entrenadas y utilizadas para actuar como ejército de ocupación en su propio territorio. Igual entrenamiento han recibido fuerzas policiales, locales y federales, quienes una y otra vez han sido retiradas de sus funciones específicas de proteger a los ciudadanos para transformarse en el mayor peligro que enfrentan diariamente. No sólo en las manifestaciones, sino también en la vía pública, el gatillo fácil y el maltrato de baja intensidad institucionalizado.
El único equipamiento, la única capacitación recibidas por esas fuerzas creadas para defender a los ciudadanos, ha sido para actuar ciegamente en su contra y como brazo represor de un gobierno. En esa capacitación el objetivo nunca ha sido el crimen organizado, el lavado de dinero o el narcotráfico, sino los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. Los métodos, la doctrina y el entrenamiento, desde hace más de una década, y siempre a instancias de un mismo grupo que se repite de gobierno en gobierno, obedecen a un patrón que nació para reducir a la servidumbre un grupo confesional, étnico o político, donde las fuerzas represivas actúan como ejército de apropiación de un territorio ajeno. Si usted se pregunta por quiénes han sido los instructores y proveedores de equipamiento, tecnología e ideología, no le resultará difícil encontrar la respuesta. Sus huellas están en el entrenamiento de casi todas las fuerzas represivas de la región. Y es el mayor producto de exportación de un país nacido para brindar un hogar a los perseguidos.
Esa es la lógica que se esconde tras la denominación «Barrer y limpiar». Barrer de indeseables el espacio público, limpiar la mugre de los opositores al gobierno. Para que pueda aprobar sus leyes en silencio obediente.
El desafío de las instituciones democráticas
El pasado 6 de agosto toda esa estrategia llegó al paroxismo. No hubo acto más subversivo y desestabilizador de los manifestantes que cantar el himno nacional. No hubo razón alguna para el despliegue represivo y agobiante en la plaza del Congreso que impedir que ese himno masivo fuera escuchado por los legisladores. Para la represión ni se molestaron en montar una provocación justificadora. Como buenos empleados de sus patrones, fueron a barrer y limpiar la plaza pública para transformarla en privada de público.
Pero no resultó fácil ni gratis. Para lograrlo necesitaron empeñarse en la represión desaforada a lo largo de cinco horas y por todo el centro de la ciudad, dejando más de una docena de heridos, entre ellos una joven fotógrafa con fractura de cráneo. Las circunstancias en que fue herida no han sido dilucidadas. Las condiciones para que lo fuera son claras: sin represión estatal no habría existido violencia ni heridos.
La dificultad que tuvieron las fuerzas de seguridad para cumplir su orden de «barrer y limpiar» de manifestantes el centro de Buenos Aires tiene una respuesta sencilla: el pueblo argentino siempre se negó a ser domesticado. La resistencia a la opresión, la voluntad de expresarse, la defensa de sus derechos y del estado de derecho, tienen una larga tradición popular. No ha habido período histórico en que no se manifestara, lo que a la postre ha garantizado la recuperación y consolidación de las instituciones democráticas y su preservación, y no lo contrario. Y desde el retorno a la democracia esa forma de manifestarse ha sido pacífica.
Durante largos cuarenta años y un par de generaciones, el conjunto de organizaciones sociales y partidos políticos ha velado por el cumplimiento del pacto democrático. Que incluye la renuncia a la violencia política. No ha sido el conjunto de la sociedad quien lo ha incumplido. Desde hace años, un reducido y poderoso grupo ha corrido los límites aceptables del disenso político. Mediante la difamación y la demonización del oponente, mediante la cooptación del poder judicial y funcionarios venales. Utilizando la prensa para desinformar y envilecer el debate público. Impulsando un lawfare descarado e ilegal contra una sola fuerza política, y facilitando la impunidad de otros. Y por último, quebrando la norma política fundamental de respeto a la vida, prohijando y fogoneando al grupo que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Su escandalosa e ilegal condena y proscripción es apenas la culminación de ese camino, y objetivo cumplido de todo el accionar.
Paralelo a ello, la corrupción profunda de las instituciones llevada a cabo por la fuerza política gobernante, la convalidación judicial (por acción u omisión) de normas inconstitucionales y lesivas al interés nacional, no hace sino pavimentar el camino al desprestigio y desarme del estado nacional.
En tal escenario, la transformación de las fuerzas de seguridad en un ejército represivo al servicio de un partido político, circunstancialmente gobernante, no es sino el corolario de un plan de control social autoritario y antidemocrático.
La responsabilidad de las fuerzas políticas
La resistencia que este plan represivo provocó en las calles de Buenos Aires es una respuesta popular, tan difusa e inorgánica como poderosa. Sin embargo, no debemos depositar otra vez en las víctimas de la represión ilegal el peso de impedir la consagración de un proyecto antidemocrático. Es responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas, de los tres poderes del estado y de los estados provinciales. La democracia no es sólo un calendario electoral. Es un compromiso y una responsabilidad indelegables.
Debemos recrear, valorizar y fortalecer las instituciones democráticas. La defensa del estado de derecho y el orden constitucional, y hasta la exigencia de virtud, responsabilidad y honestidad de los funcionarios públicos, deben ser una exigencia generalizada y multipartidaria. Así como el respeto a la libertad de expresión y a la inteligencia del debate público. No es pedir demasiado, en verdad es lo mínimo que debemos exigirnos.
11 de agosto de 2026.
*Escritor, poeta y abogado defensor de Derechos Humanos.
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