El paro en las Universidades Nacionales se lleva a cabo, como lo expresa Darío Capelli, porque los docentes universitarios nos merecemos vivir de nuestro salario, porque estamos de pie en defensa de una historia y porque -a días de cumplirse el quincuagésimo aniversario del golpe militar del ´76- no podemos permitir que el libertarianismo que capea hoy sobre la Argentina se lleve por delante al Estado de Derecho y a la Justicia Social. 

Por Darío Capelli*

(para La Tecl@ Eñe)

Para Javier Milei la Justicia Social es una aberración. Lo ha dicho en su campaña electoral y lo reafirma frecuentemente desde su cargo presidencial. Ningún otro Presidente, desde 1983 a la fecha, ha sido tan explícito en el combate contra el bienestar general del Pueblo, contra el progreso económico con distribución equitativa de la riqueza producida por lxs argentinxs y contra el desarrollo científico-tecnológico como pilar de soberanía nacional. Pero la Justicia Social es una perspectiva contenida en la Constitución: sobrevuela el espíritu de su preámbulo, permea todo el artículo 14 bis y está expresamente aludida en el artículo 75. Por eso, Milei incurre en un acto de inconstitucionalidad al combatirla. Y no sólo la enfrenta retóricamente como con patetismo hizo en la reciente ceremonia de apertura legislativa: su programa de gobierno consiste en ataques concretos contra toda instancia política, organización social e institución pública que opere sobre la realidad, guiada por el principio constitucional de la Justicia Social. Ciertamente, la Universidad es uno de esos actores que Milei ha erigido como sus principales enemigos. La Universidad pública y gratuita es parte del sistema educativo argentino y como tal, un organizador social y un vector fundamental de movilidad ascendente. Las marchas en su defensa de los años 2024 y 2025 conmovieron a la opinión pública no sólo por la participación multitudinaria sino, principalmente, porque fueron protagonizadas por familias enteras que daban testimonio de este carácter. Son memorables aquellos carteles artesanales: “mamá ama de casa, papá quiosquero, hija arquitecta” o “papá albañil, mamá empleada doméstica, hijo odontólogo”. Pero si la Universidad pública es parte del andamiaje institucional que garantiza y promueve la Justicia Social en la Argentina no es tan sólo por su rol como factor de movilidad ascendente, lo que ya sería suficiente motivo para defenderla. También es el ámbito en el que se produce el conocimiento en áreas estratégicas y el pensamiento crítico necesarios para el desarrollo del interés nacional tanto como una atención a las necesidades de la población mediante la agenda de extensión y vinculación territorial; y todo -tal como fue elaborado por diversos modelos del pensamiento moderno, de Kant a Derrida, pasando por nuestro Deodoro Roca-; todo, decíamos, con autonomía de prescripciones exógenas y mandatos doctrinales. El conjunto de la ciudadanía lo sabe y por eso expresó del modo más inequívoco –con millones de cuerpos ocupando la calle- su voluntad de no entregar y más bien de seguir fortaleciendo lo que, en más de 400 años de historia (recordemos que la Universidad Nacional de Córdoba fue creada en 1613), se fue construyendo como un bien público al que tienen derecho todos los habitantes de este suelo. La Reforma de 1918 que la democratizó, el decreto de 1949 firmado por el General Perón que garantizó su gratuidad, y la ampliación del sistema que entre 2003 y 2015 promovieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que la popularizó, son los hitos de una historia que el Pueblo argentino asume como parte de su propia historia. Ningún gobierno ajustista, subido a la ola de las derechas globales, va a poder barrer con esa densa trama cultural. La Universidad más grande del país, la Universidad de Buenos Aires, además, nació al calor de la gesta independentista, como parte de un impulso revolucionario: quienes la habitamos (estudiantes, personal administrativo, docentes, investigadorxs) estamos hechos de ese legado. Es una hebra fundamental de nuestra identidad y una carta que puede activarse en esta circunstancia histórica o estimulada por la contingencia. Lo sabe el gobierno, lo saben las fuerzas políticas que cumplen roles legislativos y lo saben, incluso, la propia conducción de la UBA y la estructura interuniversitaria que la contiene.

El inconstitucional ataque a la Justicia Social en el que se enfrascó el gobierno de Milei tiene -en el caso de las Universidades- la forma del estrangulamiento presupuestario y el ajuste más salvaje del que se tenga memoria. La comunidad universitaria, que en el horizonte de una verdadera utopía libertaria (reclamamos el derecho a esa palabra) es como decir la comunidad en su conjunto, lo ha resistido y hasta logró torcerle el brazo al gobierno conquistando una Ley propia, la 27.795 o Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza una recomposición de salarios y de becas, de modo que la inflación no siga licuando el poder adquisitivo de trabajadorxs docentes y no-docentes, investigadorxs y estudiantes. Como se sabe, Milei vetó la Ley. Pero se volvió a colmar la calle y el Congreso se vio forzado a insistir en ella. No obstante, y ante la negativa de su aplicación, fue necesario que un fallo judicial obligara al gobierno a cumplir con la norma y a ejecutar de inmediato el aumento que nos merecemos por nuestra labor y que necesitamos para no seguir perdiendo contra una inflación que no cesa. Lxs trabajadorxs docentes y no-docentes hemos perdido ya el 35% del poder de compra, para recomponer lo cual es necesario un aumento de sueldos de, al menos, un 52%. La Ley de Financiamiento Universitario consagra esa recomposición sin alterar el esquema tributario ni tocar fondos que corresponden a otras áreas o que pertenecen a las provincias. No es cierto que las finanzas públicas se pongan en riesgo. Lo que en todo caso debe discutir la sociedad argentina es el carácter abstracto del llamado “equilibrio fiscal” que Milei declama hasta el fetichismo. En el discurso y las acciones de los diversos experimentos ultraliberales que gobiernan parte del planeta, lo  único real es la crueldad, los intentos de esclavizar a la fuerza laboral y la sumisión absoluta al poder del dinero hiperconcentrado en menos del 1% de la población mundial. 

Pero volviendo a nuestro país y a la situación de las Universidades: cuesta creer que un gobierno de ribetes inconstitucionales como el actual se ajuste a derecho y cumpla con una Ley a pesar de haber sido insistida con dos tercios de cada cámara luego del veto presidencial. Ahora, como puede precipitarse a un conflicto legal al -además- desconocer un decisorio judicial, el gobierno apeló el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Presupuesto Universitario y con eso pretende ganar tiempo para lograr una nueva Ley que la reemplace y que, con la irrisoria propuesta de aumentarnos en un 12,3% (en lugar del 52% que necesitamos), siga vulnerando nuestro derecho a un salario acorde a la tarea que cumplimos a diario en las aulas, en los laboratorios, en los hospitales universitarios, en las oficinas, en los institutos de investigación y en cada rincón de esta institución que es, como dijimos, una viga estructural de la Justicia Social en la Argentina.

Por eso, pues, tenemos nuevamente un ojo sobre el Congreso y, si todavía tienen alguna duda y contemplan la posibilidad de votar el proyecto que mandó el gobierno, le vamos a recordar a cada legislador que su función es deliberar y sancionar normas que tengan en cuenta el bien común de lxs argentinxs. Y que, como dice el ya nombrado art.75 de la Constitución Nacional en el inciso 19, una de sus atribuciones es “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.”

Por todos los motivos paramos: porque nos merecemos vivir de nuestro salario, porque estamos de pie en defensa de una historia y porque -a días de cumplirse el quincuagésimo aniversario del golpe militar del ´76- no podemos permitir que el libertarianismo de cotillón que capea hoy sobre la Argentina se lleve por delante al Estado de Derecho y a la Justicia Social. 

*Sociólogo, docente universitario, delegado Gral. de FEDUBA-Fac. de Cs. Sociales, co-editor de la Revista El Ojo Mocho.

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