A meses de conmemorarse los cincuenta años del golpe de 1976, Diego Sztulwark señala que la polémica en torno al balance de la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas, abierta por el gobierno actual, no puede ser afrontada desde la nostalgia alfonsinista como tampoco desde la impunidad menemista. La denuncia del carácter de clase del golpe nos compromete en relación a las injusticias derivadas de la estructura social del presente.

Por Diego Sztulwark*

(para La Tecl@ Eñe)

Claudia Hilb sostiene que su generación debe comprender lo que sucedió durante los años setenta, y que quienes tuvieron cualquier participación en la insurgencia armada deben ser críticamente valorados de acuerdo con su contribución objetiva al desenlace del horror desencadenado, sobre todo a partir de 1976. Explica que ese proceso comprensivo desemboca –al menos para ella– en una posición de defensa de la demarcación -alfonsiniana– entre democracia/dictadura, simbolizada en los juicios de 1985, y en una toma de compromiso en solidificar, desde esas bases, las instituciones democráticas. A partir de esas premisas rechaza como partidista la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el kirchnerismo con argumentos jurídicos, históricos, políticos e ideológicos, aclarando que la actual descomposición de ese movimiento político, y la ofensiva de la ultraderecha en el gobierno, constituyen una ocasión propicia para insistir en la senda.

Luego de leer y meditar sus argumentos –y adhiriendo a la oportuna acotación que le hizo Sebastián Lacunza sobre el papel del progresismo no kirchnerista frente a la política de derechos humanos abierta luego de 2003– creo posible agregar brevemente, desde otro punto de vista –etario y político–, una observación que pretende ampliar ese «deber de comprender» que rige el razonamiento de la autora, introduciendo la plena legitimidad de la lucha por hacer de la democracia algo más que una deducción de esquemas normativos e institucionales adecuados a un contexto.

La disputa por el significado de la democracia en momentos políticos diversos, es parte inherente del juego democrático mismo, y es por eso que la democracia resulta inseparable de la discusión política por sus sentidos, siendo el más radical de ellos el que proporciona el derecho y la ocasión para pronunciar aquellas palabras que, debidamente articuladas en estrategias multitudinarias, permitan reconstituir la capacidad de ruptura con las estructuras de un capitalismo dependiente por medio de estrategias claramente discutidas por los muchos, y actualizadas a los grandes dilemas del presente. En otras palabras: el problema del kirchnerismo y las políticas de derechos humanos de las décadas pasadas no fue el no haber sido lo suficientemente apegada a narraciones consensuadas durante la llamada transición democrática, sino –en todo caso– el no haber llevado adelante, en el terreno de la economía, las conclusiones necesarias que derivaban de sus propias premisas. Quiero decir: una vez establecido que el terror estatal no obedeció a un mero acto de autoritarismo ni a un genérico proyecto totalitario, sino a un diseño preciso de reestructuración del dominio social jamás revertido (el Estado Terrorista, tal y como lo estudió para el caso argentino Eduardo Luis Duhalde, es una forma específica de institución anti-insurreccional), no es posible limitar las prácticas democráticas a los límites que ese proyecto de dominación instaura, ni eludir la necesidad de transformar las estructuras económicas que esa dominación impuso. De igual modo, una indispensable meditación sobre nuestra historia reciente que reivindique escenas de palacios de justicia y tribunales será siempre insatisfactoria si relega el aporte decisivo de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia desarrolladas en las calles, en las marchas, en las asambleas, en los libros y en fotos internacionales. Fue una sociedad crítica y movilizada la que hizo, una y otra vez, inviable la reducción de la memoria, la verdad y la justicia a documentos oficiales, escenas estatales y rituales consolidados. Si se omite esa historia complementaria e incesante, se corre el riesgo de desvincular la lucha por la memoria de las injusticias sociales, de las del presente (desvinculación imposible, puesto que las causas estructurales de una situación y otra se enlazan). Hace unos días circularon las imágenes de vecinos repudiando el asesinato policial de un vecino de Lugano. Allí se escuchaba a personas cantando «yo sabía que a Gabriel lo mató la policía», y «como a los nazis les va a pasar». Las conexiones están vivas, y son esas napas subterráneas, debidamente despertadas a partir de la conflictividad social actual, las que podrían ayudarnos a quebrar el proyecto en curso que aniquila todo contra-poder colectivo por medios «democráticos». Este proyecto en curso se nutre, por cierto, del proceso histórico argentino, pero lo hace en consonancia con proyectos globales.

A cincuenta años del golpe de 1976, nos cabe a todos la responsabilidad de preguntar de nuevo qué cosa nos unen a aquellos proyectos insurreccionales, cuya represión explica la ferocidad del horror aplicado, y cómo retomar fuerzas en nuevas condiciones para reemprender una lucha cultural y política contra quienes se proclaman vencedores de ayer y de hoy.

Lunes, 29 de diciembre de 2025.

*Investigador y escritor. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política.

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