Poner los máximos esfuerzos en una “interna” partidaria parece desconectado de la realidad social apremiante y no resulta práctico en términos de cómo generar la fuerza y la organización que permitan pasar a una nueva etapa política.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

La experiencia extrema por la que está atravesando la sociedad argentina tiene escasos antecedentes globales, salvo en países que se encuentran en guerra. El mileísmo está ejerciendo el poder en una forma brutal, antihumana, que desafía nuestra capacidad de comprender los nuevos procesos, y más aún, de posicionarnos con una propuesta política que nos permita incidir sobre la actual dirección de los hechos.

Máximo Kirchner, en un discurso reciente, aseguró que «el veto es una facultad constitucional del señor presidente, y si no pudimos rechazar el veto del presidente a la hora de defender los intereses de los jubilados y las jubiladas, a la hora de defender los intereses de la educación universitaria, es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo«.

Y luego sostuvo que «un objetivo para el 2025 a lo largo y ancho de la patria es construir una fuerza electoral que realmente cuando el presidente vete, tenga las manos necesarias en el Congreso para poder frenarlo. No va a haber otra manera de hacerlo, no hay otra manera, o lo entendemos o lo entendemos. Esto es vital, sino es engañar a la gente«.

Creemos que estos dos párrafos son muy importantes para pensar en qué escenario estamos, y en dónde sería útil poner los esfuerzos con miras a cambiar la agobiante realidad del ajuste empobrecedor.

Caracterizar al mileísmo: ¿es un gobierno más?

El gobierno mileísta no es un gobierno de derecha neoliberal más.

Por una parte, intenta condensar los objetivos que tuvo la dictadura militar de 1976 (del que sus seguidores admiran la voluntad autoritaria y persecutoria), el menemismo (al que admira especialmente por su gestión económica), y el macrismo, en el cual estaban ya presentes los objetivos del actual gobierno, pero que al mismo tiempo entendía que la sociedad y las instituciones tenían una densidad que no se podía violar sin generar una desestabilización imprevisible.

No es un gobierno de derecha más, porque su ataque al Estado es mucho más profundo que en los gobiernos anteriores: destruye instituciones elementales para la vida en sociedad.

No es un gobierno más, porque si bien comparte los objetivos antipopulares de gestiones liberales anteriores, no sólo los implementa en forma acelerada, sino que los exhibe y los defiende, con los argumentos más diversos y alejados de la realidad. Cuenta, en parte, con el apoyo de un sector de la opinión pública muy desinformada y despolitizada. Y está produciendo una redistribución del ingreso histórica, acompañada por la destrucción de fuerzas productivas que sostienen el entramado social.

No es un gobierno más, porque ataca a todas las estructuras económicas, científicas, tecnológicas, culturales e intelectuales que son el asiento de la soberanía nacional. Es un gobierno fuertemente antinacional, incluso en el tema de las Islas Malvinas.

Se diría que estamos frente una administración neocolonial en nuestro país, realizada por argentinxs, en nombre del capital financiero y extractivo global. Y que cuenta con el apoyo directo o indirecto de diversos sectores económicos, políticos y mediáticos que le permiten avanzar -con una débil fachada institucional-, sobre los derechos básicos de la población (a alimentarse, a tener una vida digna, a tener un futuro posible).

La quinta esencia de su política se puede observar en todas las dimensiones de la desprotección social que impulsa el gobierno, en nombre de una política que sólo busca el visto bueno de los acreedores financieros y del gran capital local y extranjero.

Esta característica de extrema agresividad social (miseria, pobreza, desempleo, desamparo, represión), no es parecida a los gobiernos de derecha ocurridos en democracia. Es como si el capital se hubiera desembarazado de la “diplomacia” y procediera a abalanzarse sobre los bienes nacionales que le apetecen sin considerar que hay otros comensales en la mesa.

La asfixia económica se profundiza cada día, a contrapelo de la propaganda oficial en el sentido de que estaríamos cerca de una recuperación.

Si bien la ineptitud política de la gestión que encabezó Alberto Fernández dejó el clima social y político apto para que ocurriera una aventura de este tipo -lo que le dio una buena cobertura de expectativas de “cambio” a la gestión Milei-, luego de casi once meses de gobierno, el desgaste comienza a manifestarse, no porque haya una oposición articulada y efectiva en su mensaje, sino porque el nivel de agresión es tan grande que no puede dejar de hacer mella en el público que participó con menos credulidad en las expectativas fantasiosas que generó el mileísmo.

La situación social es grave. Si bien el gobierno cubre de alguna forma a los más pobres, y varios gremios ubicados en las actividades más rentables mantienen el poder adquisitivo, el resto de los sectores populares (jubilados, trabajadores precarios, trabajadores formales de actividades no esenciales, empleados estatales, cuentapropistas, empresarios pymes de todos los rubros) la están pasando mal y se encuentran en un tobogán con una pendiente acentuada, sólo morigerada por la disponibilidad de ahorros, o del uso de créditos para afrontar los gastos básicos, que se volverán inviables –como el agotamiento de los ahorros pasados- en un tiempo más.

Además, a estas situaciones críticas en el nivel personal, se suma el colapso de múltiples instituciones públicas necesarias, imprescindibles, que están sometidas a una asfixia que las volverías inviables en el corto plazo.

Vale la pena entender este cuadro, porque no estamos en un período normal, como el que logró presentar el macrismo en sus primeros dos años de gestión, con vistas a las elecciones de medio término.

La actual agresión a los seres humanos es mayúscula, y la perspectiva de que esto se exprese en manifestaciones de protesta individual y social de lo más variadas está latente. Una parte importante de la población no está pensando en elecciones, porque no sabe cómo se va a arreglar la semana que viene. Distinto sería si las elecciones fueran en dos semanas, pero falta un año entero. Y no un año normal.

¿Ganar elecciones para qué?

El peronismo no ha logrado contestar una pregunta política fundamental, como quedó de manifiesto en el gobierno de Alberto Fernández: ¿para qué quiere gobernar? La respuesta convencional sería: “para incluir a todos”, o “para mejorarle la vida a los más postergados” … Pero la realidad es que esa expectativa se frustró en el gobierno del Frente de Todos, cuya gestión queda asociada en el recuerdo a las peleas internas y a la cortedad de las respuestas ensayadas frente a los problemas de fondo que tenía el país luego de la lamentable gestión de Macri.

Frente a los problemas de gobernabilidad política y económica que sufrió el último tramo de Cristina Kirchner (2011-2015), no sólo no aparecieron respuestas superadoras, sino que el “volver mejores” se interpretó como “volver moderados”, o sea, en sintonía con el “sentido común” que emanaba de los medios de prensa hegemónicas, representantes del poder económico y social que gobierna la Argentina.

Si, en cambio, surgiera un diagnóstico más realista, que debería proponer como primer punto para un gobierno alternativo “conquistar gobernabilidad, pero no a la menemista, sino con un programa popular”, seguramente habría que estudiar la experiencia de construcción política de Néstor Kirchner, que encierra valiosas experiencias, pero también comprender que Kirchner supo aprovechar una circunstancia particularmente favorable: crisis de la dominación de la elite argentina de los ´90 –explosión del 2001 mediante-, población movilizada e hipersensible, redescubrimiento del valor del Estado –en todo caso como “bombero”- y de la política no sometida a las demandas de “los mercados”. Además, no debemos olvidar que se aprovechó una coyuntura internacional económica muy favorable para el país, que contribuyó a la consolidación económica del gobierno popular.

La derecha argentina, expresada por Milei, no duda en tratar de profundizar la derrota popular y transformarla en un dato estructural: atomización, ignorancia, apatía o mentalidad de esclavos, empobrecimiento material y cultural (sin el cual no se explicaría el propio mileísmo), complementado con represión e intensa propaganda y desinformación política desplegada por todos los medios y redes.

¿Qué debería hacer un gobierno popular para revertir esta situación? Por supuesto que es posible enunciar un conjunto de medidas económicas imprescindibles para recuperar para el Estado el control de palancas claves de la economía, sin las cuales no se podría gobernar.

Pero esas medidas no serían viables si no hubiera un cambio sustancial en el contexto político-ideológico-cultural que hoy tiene la Argentina. Y esa apoyatura política-social fundamental para desplegar un programa transformador de gobierno, no se puede crear “por decreto gubernamental”, sino que se construye durante el tiempo previo a la llegada al gobierno. Esa tarea política de fondo es muy diferente a convocar a la población a votar pasivamente por una sigla o un candidato en una fecha determinada.

Algunos se refugian en la fantasía de poder gobernar sin construir poder… Pero el poder, en esta circunstancia histórica, solo se va a construir generando fuerza popular, organización, consciencia y la capacidad de resistir y enfrentar a las fuerzas del régimen hoy.

Es cierto: eso va a generar una camada de cuadros políticos que no sólo no van a mirar pasivamente al próximo gobierno popular, sino que van a reclamar su derecho –legítimamente ganado en la lucha contra este régimen- a opinar, a participar y a decidir en ese nuevo contexto.

¿Cómo se acumula poder, y cómo se lo ejerce?

El kirchnerismo parece apostar a una salida política partidista, electoral y parlamentarista de muy dudoso resultado, si solamente se trabaja en esos andariveles.

En el 2003, cuando Néstor Kirchner fue elegido presidente, se produjo una combinación de un estado de rebeldía social producto del desquicio objetivo generado por la fracasada “convertibilidad” y también de las muchas luchas (derechos humanos, piqueteros, gremios combativos) que ya se venían encarando durante la década del ´90.

Fue el derrumbe económico provocado por la propia convertibilidad, y las medidas que tomó De la Rúa para tratar de prolongar su sobrevida, las que volvieron insoportable la situación social. Las posteriores peripecias de Duhalde –partícipe de los ´90- para armar una salida relativamente continuista, salieron mal, y tuvo que desembocar en Kirchner.

Esas situaciones no se repiten, porque aparte la cúpula empresarial construyó la imagen de un kirchnerismo como un factor peligroso, amenazante y expropiador, base ideológica compartida con los norteamericanos, para proceder luego a la demonización comunicacional del espacio, la persecución legal de varios de sus dirigentes, hasta llegar al intento de asesinato de Cristina.

En el camino, la derecha local retomó la idea de construir un régimen de dominación social completo –como el que existió en los ´90- en el que una población pasiva, resignada y desinformada vote por opciones partidarias totalmente acotadas y digitadas por el poder económico –local e internacional-.

Para eso cuenta con el cuasi monopolio de los medios de comunicación, el poder judicial, los servicios de informaciones, los partidos políticos asociados (Cambiemos y ahora LLA) y una red que conecta eficazmente todos estos elementos para manipular y condicionar a parte importante de la opinión pública.

Evidentemente un gobierno acomplejado, miedoso y achicado desde el comienzo como el de Alberto Fernández, no podía enfrentar una situación así y terminó devorado por sus propias limitaciones: desde no movilizar a la gente nunca para ninguna causa, hasta no poder controlar mínimamente la carestía de la vida, para lo cual tenía que estar dispuesto a enfrentar a ciertos monopolios u oligopolios formadores de precios.

La gestión de Milei muestra una brutalidad social sin límites, y una determinación robótica de avanzar sobre la mayoría de los derechos de la población.

Máximo Kirchner acaba de sostener que por la vía parlamentaria se podrá frenar esto, cuando es evidente que este gobierno está logrando las cosas por vía “institucional” o por la vía de facto si no lo logra de la manera formal.

Ejemplos: Aerolíneas Argentinas, incluida originariamente en su amplísima lista de empresas a privatizar, fue excluida de esa lista en las negociaciones por la ley Bases. Pero al poco tiempo el gobierno inició una amplia campaña de desprestigio de Aerolíneas, intentos de provocación a los sindicatos aeronáuticos, medidas para debilitarla comercialmente, retomando la idea de destruirla para rematarla.

Hoy nos enteramos de que para 2025 está presupuestado para el rubro Educación sólo el 1% del PBI, sin haber derogado la ley que establece el 6%. O la autonomía universitaria, que el gobierno está buscando destruir en los próximos tiempos, aunque no se haya derogado la norma que la establece. No importa.

Ese es el gobierno libertario real: no estamos frente a un gobierno cuyo límite sean las instituciones democráticas, y menos aún el Parlamento, al que desprecia.

Es decir que las leyes vigentes son completamente pisoteadas sin ningún problema por una administración que tiene claro cómo se ejerce el poder. En las antípodas, el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera podía hacer cumplir las leyes vigentes.

Sería incorrecto decir, como sostiene mucha gente con voluntad de cambio: “el próximo gobierno popular tiene que hacer lo mismo que hace Milei, venir con todo y cambiar lo que corresponde”

La verdad es que la banda de lúmpenes de Milei hace lo que hace porque el gran capital, las finanzas internacionales y las principales embajadas lo respaldan abiertamente, con sus medios, sus políticos, sus jueces y sus redes. Esos factores de poder no van a estar detrás de un gobierno popular, sino enfrente. Esta gente puede pisotear la República, porque los intereses del capital son la ley primera. 

Ese futuro gobierno popular necesita, no sólo voluntad política transformadora (factor fundamental), sino apoyos sociales amplios y una profunda movilización de la consciencia colectiva, para no ser atrapado en la madeja de recursos económicos, legales e institucionales con los que cuenta la derecha para frustrar las experiencias populares.

Si realmente queremos preparar las condiciones de gobernabilidad de una próxima gestión popular, en lo inmediato la agenda pasa por el enfrentamiento inteligente con este gobierno antinacional y antipopular. No un puro enfrentamiento descoordinado y “heroico”, sino encarado para desarrollar las capacidades populares de organización y de auto defensa frente al ataque a sus derechos.

Un enfrentamiento que permita ampliar en la población, y especialmente en los jóvenes, la comprensión sobre por qué hacen lo que hacen los libertarios, y a qué intereses responden. Que genere una nueva camada de gente autoconsciente, más allá de sus puntuales adscripciones partidarias.

Hoy, poner los máximos esfuerzos en una “interna” partidaria, que no responde a una demanda masiva sino a lógicas específicas del personal político, cuando el pueblo está sometido a un ataque feroz, no sólo parece desconectado de la realidad social apremiante, sino que no resulta práctico a futuro, en términos de cómo generar la fuerza y la organización que permitan pasar a una nueva etapa política.

Sin músculo popular, difícilmente pueda existir un gobierno popular.

Y se supone que a eso es a lo que aspiramos.  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2024.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.