El ex juez Carlos Rozanski analiza el contexto jurídico-político en el que se produjo el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sostiene que la pata judicial del atentado está a la vista, falta decisión política para enfrentarla e intentar desactivarla.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Para comprender en su real dimensión el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, es imprescindible ubicarse en el contexto en el que se produjo.

Durante el gobierno de Cambiemos (2015/2019), el país sufrió el mayor saqueo económico, lavado de dinero y fuga de capitales que registre la historia de la Argentina. La depredación pudo consumarse gracias a la coordinación de tres componentes definidos: poder judicial, servicios de inteligencia y medios de comunicación hegemónicos. Todos ellos, articulados por el “capobastone” presidente de la nación, Mauricio Macri.                                                                                   

Como señala Jorge Beinstein respecto de Macri: “No existen antecedentes de que un personaje sobre el que pesan fuertes sospechas de ser miembro orgánico de la N´drangheta, una de las organizaciones mafiosas más importantes y peligrosas del mundo, ocupe la primera magistratura de un país.” (1).

De ese modo, se conformó en Argentina la versión actualizada de la histórica escuela de Chicago, de Milton Friedman, en el formato de “Lawfare”. Se logró así la transferencia de ilimitados recursos económicos de los sectores más vulnerables hacia los de mayor concentración de riqueza. Traducido habitualmente como guerra jurídica o guerra judicial, el “Lawfare” es un concepto que surgió por primera vez en un ensayo del General de División (retirado) Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de EEUU en 2001. Más recientemente, en su “Manual básico de Introducción a la guerra jurídica”, el propio Dunlap lo define entre otros conceptos como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”.

En su implementación práctica, se trata del reemplazo de las armas convencionales –fusiles, ametralladoras, cañones…-, por mecanismos de manipulación individual y colectiva de la opinión pública, junto a la coerción judicial de persecución política que en nuestro país procesó y llegó a encarcelar opositores al régimen. En síntesis, los sectores más reaccionarios de la sociedad, lograron los mismos fines que en la dictadura genocida (el saqueo y fuga) con una metodología menos sangrienta.

Deteriorado por la brutalidad con que llevó adelante el despojo y las persecuciones que ordenó, Macri perdió las elecciones de 2019, asumiendo la presidencia Alberto Fernández. Sin la decisión de cambios reales en la estructura del Poder Judicial y con los sectores corruptos intactos, el Lawfare continuó vigente, teniendo desde 2019 la finalidad de garantizar la impunidad de quienes habían implementado el saqueo y al mismo tiempo la de intentar el regreso al poder en 2023.

En el nuevo esquema, los agentes de inteligencia que habían sido desplazados por la gestión de Cristina Camaño, se reconvirtieron ocupando su rol esta vez desde la marginalidad. Respecto de los medios hegemónicos de comunicación, continuaron sin dificultad la construcción cotidiana de subjetividad orientada a demonizar los sectores progresistas de la política del país. En esa ruta, Cristina Fernández de Kirchner, al aumentar cada día su caudal de aceptación popular y liderazgo excluyente, se erigió en el obstáculo mayor para el plan de regreso de la derecha al poder en 2023.

La imagen de la vicepresidenta, tanto al salir a sus actividades por las mañanas como en su regreso, en ese contacto amoroso con su pueblo, resultaba insoportable para el poder real. Se gestó de ese modo al atentado del 1° de septiembre. Detenido el autor material, comenzó una investigación judicial que aparentaba querer llegar a los autores intelectuales y financieros del crimen. Sin embargo, el tiempo demostraría de manera irrefutable que las verdaderas intenciones judiciales de Comodoro Py lejos están de semejante empresa. Piénsese, por ejemplo, en la vecina del piso superior de la vicepresidenta, quien ofreció su inmueble para reuniones y para la toma de imágenes del lugar donde se llevaría a cabo el atentado. En igual sentido que le “alquiló” una habitación a una letrada de miembros de los grupos violentos vinculados también al atentado. La señora Ximena de Texanos Pinto jamás fue indagada en la causa judicial. Si a eso se agrega que el primer día de investigación se “perdieron” los datos principales del celular de uno de los autores materiales y portador del arma cargada, el panorama aparece desalentador.

A su vez, la organización violenta de extrema derecha Revolución Federal, vinculada a los primeros detenidos y con antecedentes de actuaciones públicas de agresiones a la vicepresidenta víctima de los hechos, es investigada en otro juzgado federal, argumentando la jueza Capucetti que “no tiene relación” con lo investigado en el atentado. No debemos olvidar que el único fiscal del caso, Carlos Rivolo, en 2018, junto a Carlos Stornelli imputó a Cristina 913 hechos delictivos. Imputación que, además de evidenciar una falencia jurídica supina, exterioriza un odio irrefrenable hacia quien resulta hoy víctima del atentado y ya lo era en aquel momento de fiscales y jueces del Lawfare.

A su vez, hace pocas horas, fueron detenidos los dirigentes de “Revolución Federal”, mientras que quienes los financiaron -Grupo Caputo-, están libres y con tiempo más que suficiente para hacer desaparecer todo rastro que los pueda comprometer, aunque la ya existente evidencia los involucra de manera específica.

Por otra parte, es conocida la insuficiencia de recursos del juzgado de la Dra. Capucetti para investigar semejante expediente. Es sabido también que este déficit no se resuelve con una simple nota a los superiores de la magistrada ni a la Corte Suprema. Si causas de muchísima menor gravedad y trascendencia han tenido el triple o más de personal y funcionarios, la pobreza de recursos de este juzgado no sólo es llamativa. Se debe comprender en el contexto de falencias investigativas y animadversión hacia la víctima, por ejemplo de parte del citado fiscal Carlos Rivolo, y su compañero Stornelli, lo cual es de público y notorio.

El rol del Poder Judicial en una sociedad es indiscutible. Pero cuando dentro de ese poder opera una organización que garantizó el saqueo del país y luego la impunidad de los autores, es imprescindible hacer visibles esos mecanismos para poder desactivarla. Claro está que se debe contar igualmente con la decisión política de enfrentar esa organización. Máxime cuando está integrada, entre otros, por el propio Procurador General Interino y por fiscales federales y jueces federales de alta jerarquía que se reúnen con mafiosos y con ex servicios de inteligencia.

La pata judicial del atentado esta allí, está a la vista y son más de 8 los monos, los conocemos.

Nota:

Beinstein, Jorge. En “El lado oculto de la Famiglia Macri”, Ediciones Cicus 2019.

La Plata, 21 de octubre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.