Jorge Giles afirma en esta nota que en una etapa histórica signada por la pandemia y por la crueldad de las clases dominantes, la decisión de la Suprema Corte de Justicia constituye el desafío más potente contra el delicado equilibrio que deben mantener los tres poderes que sustentan la República, el Estado de Derecho y la Democracia.

Por Jorge Giles*

(para La Tecl@ Eñe)

No hay tiempo que perder. Definir conceptualmente la etapa política e identificar  a los enemigos del Estado de Derecho, son dos imperativos esenciales para quienes construimos y defendemos la Democracia desde distintos lugares. Así en el gobierno y así en el llano. Seguramente hay otros imperativos en el terreno de las demandas sociales, laborales, ambientales, culturales; todos, absolutamente todos, atravesados por la pandemia y sus consecuencias.

Pero pasa que al interior del período de excepción que atraviesa el mundo, la región y el país, se ha venido incubando desde la derecha política, las clases dominantes y el poder mediático concentrado, un golpe destituyente contra el gobierno democrático de Alberto Fernández. Esos poderes están en maniobra. No escondamos la cabeza. No neguemos lo que vemos. No edulcoremos el drama que se avecina, inexorablemente, si no somos capaces de aceptar que estamos ante una encrucijada histórica. Y no es una encrucijada más, que se suma a la saga de otras que ya vivimos; esta vez la encrucijada es global y requiere de todos los sectores democráticos una creatividad capaz de enfrentar el embate desestabilizador con nuevas categorías políticas que puedan y sepan cabalgar sobre las tradiciones de lucha que nos conformaron como pueblo y como nación.

En este marco la decisión de la Corte Suprema merece una lectura política que vaya más allá del entrevero con jueces designados por el largo dedo del poder en tiempos de Macri. Y esa lectura hay que hacerla en voz alta y con la lengua de los oprimidos. Es decir, hablando con una voz clara y potente. Para que nos entendamos: la decisión cortesana constituye el desafío más salvaje que hayamos conocido contra el delicado equilibrio que deben mantener los tres poderes que sustentan la República, el Estado de Derecho y la Democracia. Como si fueran miembros de un supra poder, ningunearon explícitamente al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Vaya paradoja: los que no fueron elegidos por el voto popular, se atreven a desconocer a los que sí fundan el ejercicio de su función en la voluntad democrática de la sociedad.  Así estamos.

Los cortesanos actúan en un contexto donde hay una derecha desatada y desquiciada que quiere poner rápido fin al viejo pleito con los gobiernos populares a través de la ruptura del Estado de Derecho. Esta vez no le dieron tiempo al gobierno democrático ni  siquiera para que desarrolle sus políticas sanitarias en defensa de la vida en plena pandemia. Por el contrario, utilizan las limitaciones que impone la pandemia a los sectores de la sociedad con más conciencia social y solidaria al punto de renunciar al derecho de ocupar el espacio público. Y es allí donde pueblos como el nuestro saben dirimir sus reclamos y la defensa de las conquistas sociales y políticas amasadas en décadas.

Retenida la fuerza popular en sus casas, en una gran mayoría, apuntan sus cañones contra el punto neurálgico de esa fuerza: Cristina Fernández de Kirchner. Es que fracasaron en su vano intento de esmerilar y quebrar la unidad política de la fórmula presidencial y entonces ahora van por todo. Y en ese todo, Cristina sigue siendo “el hecho maldito del país burgués”, parafraseando al gigante Cooke.

En definitiva, estamos en una etapa signada por la pandemia y por la crueldad de las clases dominantes que operan a la sombra de las terapias intensivas. 

La incertidumbre en el mundo es total. En la Argentina, también inmersa en esa incertidumbre global, tenemos la certeza de contar con un gobierno decidido a cumplir su contrato social con la Democracia.

Pero no sirven los pronósticos mediatizados de la vieja normalidad pre-pandémica; sólo valen las voluntades en pugna por una nueva hegemonía de los oprimidos, en su más amplia y honda acepción. Y para eso hay que hablar más y hablar claro. Cuando el presidente llamó “nazi fascistas” a las hordas antidemocráticas que se manifiestan contra el gobierno nacional y contra la salud de los argentinos, estaba hablando muy claro. Ese es el camino discursivo a seguir. El gobierno hace muchas cosas bien a favor de los intereses populares, pero no siempre dice bien esas cosas y al no decirlas bien, el relato dominante es el que imponen las grandes usinas de difusión antidemocráticas.

Insistimos en llamar  la atención sobre el imperativo de conceptualizar correctamente el momento actual porque es evidente que la derecha pretende vaciar de contenido la democracia; si finalmente lo logra, volveríamos a entrar en un callejón más que oscuro.  

La forma de enfrentar esta maniobra destituyente es hacerlo frontalmente activando todos los mecanismos legales y constitucionales que dispone el Estado; y a la par, haciendo valer y haciendo sentir, a propios y extraños, la cantidad de votos obtenidos en las elecciones del 27 de Octubre del año pasado. No del siglo pasado, sino del año pasado.

Hay que pasar a la ofensiva política y cultural en todos los terrenos posibles que nos permita la pandemia. Las redes y las paredes hablan. Y en esa ofensiva, legitimada por la voluntad popular expresada en las urnas, la ciudadanía toda debiera imaginar las formas pacíficas de expresarse sin atentar contra los cuidados de la salud que nos debemos.

Es el gobierno, claramente, el que tiene la mayor capacidad de alzar la voz con la misma lengua de los oprimidos con que siempre habló el peronismo en tiempos de encrucijada.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2020.

*Periodista y escritor. Su último libro publicado es «Mocasines, una memoria peronista», editado por la cooperativa Grupo Editorial del Sur (GES)