La hegemonía del neoliberalismo montó una estructura jurídica que subordina los derechos y protege a los privilegiados. Sostenidos en esa trampa judicial es que los propietarios de grandes fortunas seguramente van a judicializar el proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las fortunas mayores de dos o tres millones de dólares que serviría para afrontar las inversiones que demanda la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Por Luis Bruschtein*

(para La Tecl@ Eñe)

Lo primero que hicieron algunos ricos en la cuarentena fue despedir trabajadores y bajar salarios. Y patalean cuando se plantea el recurso extremo y extraordinario de que aporten una porción mínima de sus fortunas para afrontar la lucha contra la epidemia. En relación con lo que tienen, lo que se les pide es tan mínimo que no afectaría sus niveles de vida por más faraónicos que fueran. En contrapartida, lo que se les pide serviría para apuntalar una base de la economía para facilitar su recuperación después de la crisis de la pandemia.

Y seguramente van a judicializar la aplicación de la propuesta del gobierno para reprogramar la deuda externa y lo mismo harán cuando se establezca este impuesto a las fortunas mayores de dos o tres millones de dólares.

Lo van a judicializar como hicieron durante los gobiernos kirchneristas con la deuda en los tribunales de Nueva York los usureros internacionales como Paul Singer. Y lo van a judicializar como hizo Clarín con la ley de medios, una ley antimonopólica.

En los dos casos consiguieron lo que buscaban y sobre ese antecedente se basan las amenazas que difundieron ahora por la propuesta del gobierno para la deuda. Lo que demuestra ese recurso de judicialización de los intereses de los ricos y la consecuente protección que les procura la Justicia es que la historia de la humanidad empezó a retroceder desde que se instaló la globalización neoliberal.

En las sociedades esclavistas, los propietarios debían preocuparse por la salud y la vivienda de sus esclavos, como el ganado, si se enfermaban o morían, sus posesiones disminuían. Cuando los liberaron, en realidad se liberaron ellos de esas obligaciones y los esclavos libertos quedaron prisioneros de sus necesidades. Para satisfacerlas mínimamente estaban obligados a vender su trabajo a un precio vil. Y si se morían o enfermaban, el empleador estaba en libertad de conseguir otro esclavo.

La libertad no empieza con el fin de la esclavitud. Lo que empieza es una disputa entre instalar un sistema peor que la esclavitud, frente a las fuerzas que buscan una sociedad de hombres verdaderamente libres.

La globalización neoliberal instaló un esquema jurídico que pone por encima de todos los derechos, el de la propiedad privada. Lo pone por encima del derecho a la vida y de todos los demás derechos humanos. La propiedad da derecho incluso a prácticas de destrucción del medio ambiente. Y por supuesto, en las universidades privadas se enseña que los derechos humanos “generacionales”, o sea los de segunda y tercera generación, los derechos económicos, sociales y ambientales, son anacrónicos.

Pero esos derechos son los que hacen la libertad. No existe la libertad sin derechos. O mejor dicho: esa libertad sin derechos es peor que la esclavitud, por eso los dueños de los esclavos prefirieron liberarlos.

Sobre esa base ético-jurídica cavernícola la hegemonía del neoliberalismo montó una estructura jurídica que subordina los derechos y protege a los privilegiados, cubre las prácticas de usura internacional y justifica el abandono de los sectores más vulnerables.

El desastre que se está produciendo en Estados Unidos con miles de muertos todos los días, millones de desocupados que no tienen la mínima protección y con un sistema de salud que no es capaz de dar cuenta de la inmensa mayoría de sus compatriotas, es quizás la demostración más clara de las sociedades que ha producido este sistema.

Son sociedades con extrema desigualdad entre países y entre las clases de cada país, justificada por un esquema judicial que blinda los privilegios y al que recurren los ricos cada vez que se sienten amenazados por los derechos de los pueblos.

Los ricos no quieren volver a la esclavitud de la época de los romanos. Es mucho mejor para ellos evitar la vigencia de esos derechos porque de esa manera se garantizan un sistema peor que la esclavitud. Por eso, habrá que insistir todas las veces que sea necesario: no existe libertad sin derechos.

Los derechos humanos generacionales –o como les quieran decir– no son anacrónicos ni modernos o futuristas. Son inherentes a la libertad. Y la lucha por esos derechos, tanto a nivel de las naciones, como de los trabajadores o de los individuos, es una lucha por la libertad.

Y el prestamista internacional tiene que asumir que negocia con naciones soberanas y que en ningún momento esa negociación puede poner en riesgo los derechos esenciales de sus ciudadanos.

Y los empleadores tienen que asumir que contratan trabajadores sujetos de derecho. Esos derechos son inherentes a las personas, no son concesiones graciosas del empleador. Si quiere comprar su trabajo, tiene que respetarlos a rajatabla.

Y tendría que prevalecer una justicia que no relegue como ahora, esos derechos, y los ponga, por lo menos, en el mismo plano que el de la propiedad. Y sobre esa base, las sociedades que surjan podrán transitar el camino hacia la libertad y la democracia.

Entonces: los países de hombres libres tienen que tener estados que garanticen esos derechos. Y para garantizarlos es importante que recauden impuestos en forma progresiva: los que tienen más pagan más, una regla que se aplica también en casos de crisis extraordinarias como la de esta pandemia y el impuesto a las grandes fortunas.

El neoliberalismo, como forma extrema del capitalismo, ha generado el mundo actual de pequeños bolsones de inmensa riqueza en medio de océanos de miseria y ha hecho retroceder miles de años a la humanidad, en un camino que la puede llevar, incluso, a su extinción.

Buenos Aires, 19 de abril de 2020

*Periodista