El Papa Francisco llamó, a través de una carta que envió a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, a contrarrestar la irracionalidad punitiva y a comprender el sufrimiento humano para abordar debidamente los conflictos judiciales. La carta permite confrontar las palabras de Bergoglio con el silencio de buena parte de la dirigencia política argentina, que debería estar preocupada por la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El Papa Francisco envió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP), diciendo que para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, se necesita formación técnica pero sobre todo pasión por la justicia, estar al servicio de las personas implicadas, tanto imputados como víctimas, y comprender el sufrimiento humano para abordar debidamente los conflictos.

Llamó a contrarrestar la irracionalidad punitiva, el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías. Pidió incorporar el ecocidio a la legislación y se manifestó a favor de un ambiente sustentable que se relaciona con el derecho humano a la vida.

La carta permite confrontar las palabras de Bergoglio con el silencio de buena parte de la dirigencia política argentina e, incluso, con el accionar de quienes promueven acciones que van en sentido contrario.

Con menosprecio por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Diego Santilli presentó un proyecto para bajar la edad de punibilidad a 15 años, probablemente conmocionado por el crimen de Blaquier, sobrino del procesado por crímenes de lesa humanidad. Como el resto de los integrantes de su tropa, lleva orgulloso la cocarda de no haber tenido jamás una idea para mejorar las condiciones inhumanas de las cárceles argentinas, tal vez porque en ellas se hacina gente de los sectores más vulnerables sobre los que el sistema penal arremete de manera abrumadora.

Sergio Berni propone, con insistencia, represión ante cada conflicto social, mientras tipos como Espert piden lisa y llanamente bala para todo aquel cuya existencia les incomoda.

Francisco pide utilizar el sistema penal de manera racional, no volcarlo sobre los más necesitados. Sus palabras deben ser bienvenidas, a pesar del seguro ninguneo que obtendrán de la dirigencia política.

Propone abordar los conflictos mirando el sufrimiento humano. Algo similar dijo años atrás el juez Leopoldo Schiffrin para cuestionar la idea de imparcialidad que impera en los tribunales, haciendo un llamado a los jueces a no guiarse por el diario La Nación y no ser parte del bloque hegemónico de poder. 

No existe interés en la clase política de cambiar la situación de las cárceles ni de proponer medidas alternativas a la prisión u otros modos de resolver los conflictos derivados del delito. Con frecuencia el debate se cierne en aumentar la presión sobre ellas, como sucedió en 2004 con las leyes Blumberg, que agravaron las penas y aumentaron al doble la máxima. En lugar de descomprimir la situación, mejorarla de algún modo, se propone más encierro en las mismas condiciones vejatorias.

La situación del sistema judicial se agrava año tras año por distintas razones; entre ellas, por el empedernido criterio de buena parte del arco político de recurrir a los jueces dándoles poder de decisión en cuestiones que les son absolutamente ajenas. El fallo de la Corte Suprema sobre la composición del Consejo de la Magistratura es solo uno de tantos ejemplos.  

La presunción de inocencia debe prevalecer hasta el momento de la sentencia condenatoria firme. De ello se desprende que la libertad debe ser restringida de manera excepcional. Sin embargo, muchos criticaron a los jueces que excarcelaron a los imputados integrantes de la autodenominada Revolución Federal, probablemente porque se trata de jueces puestos a dedo por Mauricio Macri en la Cámara Federal. Pero la libertad, insisto, debe ser restringida de modo excepcional.

Para fundamentar la crítica, algunos compararon esas excarcelaciones con las prisiones preventivas contra funcionarios del último gobierno de Cristina Fernández. Si esas prisiones fueron arbitrarias -que lo fueron- no puede llevarnos a sostener que la arbitrariedad sea la norma.

Hay que investigar y juzgar a quienes cometieron el atentado contra Cristina Fernández, tanto a los autores materiales como a los intelectuales, aunque la Historia cuenta con numerosos ejemplos de impunidad de estos últimos. A modo de ejemplo, por el intento de homicidio que sufrió Sarmiento en la esquina de Maipú y Corrientes fueron condenados dos jóvenes italianos a los que se les pagó por la faena. La investigación jamás alcanzó a los mandantes, aunque Sarmiento supo que se trató de López Jordán, el mismo que decidió ultimar a Urquiza en el palacio San José delante de su familia.

Para sostener la gravedad del hecho del que fue víctima Cristina Fernández –de cuya gravedad no se puede dudar- algunos piden la aplicación de la legislación antiterrorista, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner por exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), al que la Argentina ingresó en 2005 cediendo soberanía. Esa ley elevó los montos de las penas para aquellos delitos que se cometiesen con la finalidad de aterrorizar a la población, siempre que contaran con una conexión internacional.

Los sistemas autoritarios han utilizado el concepto de terrorismo con el objeto de perseguir y reprimir a su oposición política, y definen como terrorismo a delitos cometidos con motivaciones políticas. Un claro ejemplo es la legislación antiterrorista de Pinochet, que, con modificaciones, continúa vigente y que ningún presidente constitucional se dignó a derogarla para que la derecha no se ofuscase, porque con ella se continúa persiguiendo a militantes políticos y se demoniza al pueblo mapuche. En definitiva, un concepto que guarda más relación con apetencias políticas –de las peores- que con cuestiones jurídicas. Incluso, lo que puede causar terror a gente que vive en las villas seguramente no es lo mismo que lo que causa terror a quienes viven en barrios acomodados. Podríamos decir, entonces, que la noción de terror está estrechamente ligada a intereses sectoriales, lo que explica la dificultad para acordar definiciones.

Durante el gobierno de Cristina Fernández la ley fue modificada y se calificó como terrorismo actos que se originan en motivaciones políticas, como obligar a la autoridad pública a realizar un determinado acto o abstenerse de realizarlo. Además flexibilizó la figura al quitarle el requisito de la conexión internacional (cuestión en la que acordaron Patricia Bullrich y compañía), con lo que el agravante podría alcanzar a cualquier miembro de una organización política local.

Desde el ámbito de los derechos humanos fuimos y seguimos siendo muy críticos con la existencia de esta figura, tanto por el agravamiento de penas, como porque se trata de una herramienta típica de gobiernos autoritarios y se acude a un concepto –terrorismo- cuyo alcance queda al arbitrio de quien lo aplica, dotando a los jueces, una vez más, de una discrecionalidad por demás peligrosa.

Las palabras de Bergoglio son dignas de ser celebradas, aunque es de lamentar que los principios por los que manifiesta preocupación e interés provengan del ámbito religioso, en lugar de originarse en las instituciones estatales laicas y/o en los partidos políticos, que deberían estar preocupados por la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2022.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.