El Tribunal Oral en lo Federal N° 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco genocidas por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la represión a la Contraofensiva Montonera. La noticia, afirma el abogado de Derechos Humanos Rodolfo Yanzón, es altamente positiva tanto porque el proceso de memoria, verdad y justicia continúa en marcha como porque se juzgó a integrantes del aparato de inteligencia, principales responsables del exterminio.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

El Tribunal Oral en lo Federal N° 4 de San Martíndio dio a conocer las condenas a prisión perpetua contra cinco oficiales del Ejército que durante la dictadura fueron parte de la estructura de inteligencia cuya médula fue el Batallón 601. El sexto represor juzgado tiene la condena pendiente por su situación de salud, un artilugio utilizado por su defensa con el fin de ser apartado del pronunciamiento. Todos ellos fueron juzgados por secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1979 y 1981, que involucran a unas cien víctimas, la mayoría llevada a los centros de tortura y exterminio de Campo de Mayo. Eran militantes montoneros que fueron parte del contingente que regresó al país en la llamada contraofensiva, la acción llevada a cabo para organizar la oposición a la dictadura, una decisión que significó la reivindicación del legítimo derecho a la resistencia contra la opresión.

De la acción represiva, denominada Operación Murciélago, quedaron huellas en la burocracia estatal, en parte hallada en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, con la que se probó el seguimiento que la dictadura hizo sobre los militantes que ingresarían por distintas vías terrestres, sobre las reuniones realizadas en países europeos, y la que tuvo lugar en Cuba para definir la cúpula de la organización y la decisión de pasar del repliegue estratégico a la contraofensiva popular.

De la documentación también se desprende la colaboración entre las dictaduras latinoamericanas. De hecho, la dictadura argentina tuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro en el marco de la Operación Cóndor, el acuerdo entre las dictaduras para perseguir y eliminar a sus opositores políticos en el lugar donde se hallaren y violando la Convención Internacional sobre Refugiados.

La noticia es altamente positiva tanto porque el proceso de memoria, verdad y justicia continúa en marcha, a pesar de todas las complicidades y los obstáculos, como porque se juzgó a integrantes del aparato de inteligencia, principales responsables del exterminio.

La causa sobre la contraofensiva tiene capítulos que en estos tiempos deben resaltarse. Mientras en 2003 se debatía en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para declarar nulas las leyes de obediencia debida y punto final que impedían el enjuiciamiento de los represores, el fallecido juez Claudio Bonadío -que tenía la investigación sobre la Operación Murciélago y procesó a varios militares- no tuvo mejor idea que irrumpir en el debate ordenando la detención de los jefes montoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, por considerar que participaron en la desaparición y muerte de decenas de militantes. Dos meses después la Sala II de la Cámara Federal ordenó su inmediata libertad, denunció a Bonadío y solicitó que el Consejo de la Magistratura lo investigase por su actuación arbitraria e infundada. “Lo hecho por Bonadío quebró todos los códigos judiciales, fue lisa y llanamente un abuso de poder” dijo la Cámara Federal. Bonadío utilizó su poder para una operación política. Años después veríamos que esa decisión tan sólo había sido una muestra de una larga serie de arbitrariedades.

Las víctimas de la operación murciélago fueron más, como también fueron más los represores. El Batallón 601 fue la espina dorsal de lo que llamaron la comunidad informativa, el núcleo donde se decidían las acciones y que, a su vez, reunía toda la información obtenida en los operativos y en las salas de tortura a través de los oficiales de inteligencia que habían aprendido las técnicas francesas para generar sufrimiento y manejar el miedo.

Creado en 1968, el Batallón 601 sobrevivió hasta diciembre de 1985 y contó entre sus filas a uno de los principales responsables del exterminio, el general Carlos A. Martínez, cuyo periplo resulta escalofriante. Entre 1975 y 1978 fue jefe del Batallón 601. A partir de 1989 y a pedido de Juan Bautista Yofre, integró la SIDE como director de la Escuela de Inteligencia durante el menemismo. En 2010, siete años después de haberse reabierto los juicios, se dio el lujo de declarar como testigo a favor de militares enjuiciados por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, oportunidad en la que no ahorró palabras para alabar a sus subordinados en la lucha contra la subversión. En diciembre de 2012 el juez Rafecas lo procesó por unas 1200 víctimas de distintos centros clandestinos, pero la parca lo benefició llevándoselo al limbo de la impunidad cinco meses después. De esa SIDE que integró Martínez junto al tata Yofre surgieron especímenes como Jaime Stiuso. Una vez más cabe recordar las palabras tantas veces repetidas por el querido Víctor Basterra, recientemente fallecido, que sobrevivió a la dictadura y que fue víctima (“afectado”, prefería decir él) incluso durante varios meses después de haber ascendido Raúl Alfonsín a la Presidencia: cuando lo dejaron definitivamente en libertad a fines de 1984, uno de sus secuestradores le dijo en tono de advertencia: “Ojo, que los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa queda”. Y tanto quedó que hoy muchas decisiones judiciales y dictámenes fiscales llevan la firma de esos hombres formados bajo el ala de Martínez, el beneficiado por la parca justo a tiempo.

Buenos Aires, 12 de junio de 2021.

*Abogado DDHH.