Horacio Rovelli sostiene en este artículo que si no se adoptan medidas como cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad, y afirma que no es necesario sacrificar el consumo interno para tener mayor saldo exportable, sino que se debe contemporizar uno y otro, priorizando la demanda interna.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó que se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado. Que permita que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y, de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”

La Argentina crecía y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisado durante el macrismo por Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar importando que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en gran parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los principales costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significa ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios trató de ser compensado con políticas de seguir impulsando la demanda, que no hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina” que, al no ejecutarse y, ante la restricción de la oferta, generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Esto es, se  puede expandir la economía desde la demanda agregada donde el sector público es fundamental para apuntalar las obras de infraestructura, impulsar el consumo interno y regular la actividad económica, pero es inflacionario y se anula  así mismo si  no se cumplen los tres indicadores mencionados y, eso fue lo que pasó en el fin de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, agravado cuando el grueso de los empresarios querían un cambio de gobierno.

El inútil de Macri hace cierta la aseveración de Alberto Fernández que ni siquiera es consciente del daño que hizo. Nos volvió a atar al FMI y capitales trasnacionales incrementaron la participación en la economía nacional, no sólo en las más grandes empresas (como es la participación de BlackRock en Tenaris y en YPF SA por ejemplo), sino cuando Glencore[1] se queda con Oleaginosa Moreno y con lo mejor del negocio de Vicentin SAIC, incluida la participación de la misma en Renova SA (biodiesel, glicerina, molienda y aceite de soja) perfilando en conjunto, un país agropecuario extractivista exportador, en desmedro del trabajo y la producción nacional.

A quién beneficia que la Argentina del año 2020 haya exportado 37 millones de toneladas de  maíz, encareciendo el costo de  producir carne de aves y cerdos y con ellos su precio en el país. A quién beneficia que se hayan exportado un millón de toneladas de carne vacuna y a la par el consumo per cápita es el menor de los últimos cien años (50,1kg de carne de vaca en el año 2020). A quién beneficia cuando los principales alimentos que vendemos (granos y carnes) vieron incrementado sus precios en dólares en el mercado externo y, el tipo de cambio comercial paso de valer $ 59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $ 97,25 al 31 de marzo de 2021, se deprecia nuestra moneda en un 63% y esa combinación de mayor precio en dólar y ajuste de la paridad sólo es frenada con un derecho de exportación del 12% y sólo la soja es del 30%.

Ningún gremio consiguió semejante tasa de aumento como aumentaron los productos de primera necesidad por la combinación  antedicha.  Ello en medio de la pandemia con la economía seriamente limitada para desenvolverse, incluso con despidos francos y otros  encubiertos; entonces no nos puede sorprender que la pobreza sea según el INDEC de un 42,2% (si el país tiene un poco más de 45 millones de habitantes alcanza a unas 19.000.000 de personas) y que la indigencia sea del 10,5% (4.700.000 personas), y sabemos que castiga más a los niños y a la franja etaria de los más jóvenes que recién ingresan al mercado laboral o que si lo hicieron con el gobierno de Cambiemos y la pandemia perdieron el trabajo. Las disponibilidades laborales son informales y precarias en la inmensa mayoría de los  casos y, en el trabajo registrado, el salario mínimo vital y móvil es operativo y es de solo $ 21.600 por mes, y en jornalero de $ 108.- por hora, cuando la Canasta Básica Total para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (y sin contemplar el pago del alquiler) fue de $ 57.997.- para el mes de febrero 202, según el INDEC.  Trabajan dos personas en la familia y  no pueden superar el umbral de la pobreza.

EL AJUSTE COMERCIAL

La Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado. Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto para todos los que fueron y le compraron dólares al BCRA para pagar supuestas obligaciones externas, fue por 6.200 millones de dólares.

Es más, el BCRA les permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello cumpliendo con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz. La corrida cambiaria no debería haber existido si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cumpliendo acabadamente con el Art. 3ero. de su Carta Orgánica que dice: “Preservar el valor de la moneda”.

El gobierno todo debería trabajar en un mayor control y supervisión del comercio exterior y, sin embargo, se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata, que se había creado por Decreto el 28 de agosto de 2020.

Por ende, no es necesario sacrificar el consumo interno para tener mayor saldo exportable, sino que se debe contemporizar uno y otro, priorizando la demanda interna como hizo Néstor Kirchner en su momento, por ejemplo, con las exportaciones de carne y de trigo, primero se abastece al mercado local y luego el saldo exportable y los precios  desacoplados por retenciones del 35%. Y por supuesto se debe tener un plan para agregar valor a nuestras ventas externas que debe partir de limitar la venta de granos y carnes sin elaboración alguna.

No se puede permitir bajo ningún concepto que los grandes comercializadores de alimentos, las ocho grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos[2]; el Consorcio ABC que representa el 80% de las exportaciones de carne vacuna, etc. igualen el precio externo con el interno, cuando el salario promedio en la Argentina actual no alcanza a ser de 600 dólares por mes y, en Europa central es (en euros)  el equivalente a  2.000 dólares mensuales. En Europa pueden pagar la botella de aceite mezcla 1,8 euros, pero nosotros no la podemos pagar $ 200.- cuando acá se produce y el costo total es menos de la mitad de esa suma. 

El margen de ganancia y fuga de los grandes formadores de precios en la Argentina, llámese Techint, Aluar, Loma Negra, Cementera Avellaneda, Total, Pan American  Energy, Cargill, AGD, Ledesma, La Serenísima, Frigorífico Rioplatense, etc., es abismal como es abismal la pobreza y la indigencia de gran parte de nuestro pueblo.

Se acumula superávit comercial y se pierde en autorizaciones del BCRA que se habrían evitado si la ley 27.541de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, hubiera incluido la Emergencia Cambiaria, emergencia que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.

AJUSTE FISCAL

Las cuentas de la Administración Nacional también se benefician del proceso inflacionario del primer trimestre del año, por la simple razón que se incrementan nominalmente los ingresos, principalmente los derechos de exportación y aranceles ante la depreciación de nuestra moneda y los mayores precios internacionales[3] y, el menor gasto al ajustarse las partidas, principalmente jubilaciones y pensiones (que representan más del 40% del gasto público de la administración nacional) y los salarios por debajo de la inflación acumulada.

En el Ministerio de Economía insisten que  la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021, que se estimaba en el 4,5% del PIB, será menor e incluso cercano al 3%.

En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período.

Y es peor, cuando se dieron a conocer la caída del PIB del 9,9% en el año 2020, motivada por un descenso del 13,1% en el Consumo y del 13% en la Inversión Bruta Fija con respecto al año 2019, año en que había disminuido el PIB en un 2,1%. Y cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población, es obvio que es ética y moralmente criticable insistir con pautas que distan de la realidad, sólo para asegurar un ajuste fiscal que permita comprar los dólares del ajuste externo y de esa manera honrar la deuda.

Primero y antes que nada se debe auditar quiénes se beneficiaron con la deuda. El BCRA, en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles, señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. 

Es fácil suponer quienes son los que fugaron gran parte de los dólares del año 2015-2019 (el BCRA tiene los datos fehacientes de cada compra de divisas, fecha y monto) y son los beneficiados del macrismo, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, las exractivistas de minerales líquidos, sólidos y gas y, las empresas de telecomunicaciones. Se los audita y se los multa, y con ello se hace un fuerte avance en la fiscalización del  país y en el ingreso del Tesoro de la Nación.

Obviamente se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local. Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública  (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte  y la energía en las provincias más pobres).

Del lado del gasto, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la vida, perciben la mínima o cerca de la mínima (en torno a los $ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

Referencias: 

[1] Glencore tiene el 50% de la explotación minera de Farallón  Negro y a su vez, Larry Finck reconoce que BlacRock  posee el 6% del capital accionario de Glencore.

[2] ADM; Bunge Ceval; Cofco; Cargill; Glecnore; Louis Dreyfus; Aceitera General Deheza; y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

[3] Como se explicó al principio de la nota.

Buenos Aires, 3 de abril de 2021.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.