Mario de Casas sostiene en este artículo que si en la lucha inicial contra la pandemia había que obtener tiempo para reconstruir el sistema de salud, ahora es necesario no perder tiempo para construir poder político, y afirma que la unidad se consolidará en la lucha contra el Régimen neoliberal y sus representantes.
Por Mario de Casas*
(para La Tecl@ Eñe)
Cuando aún no habían transcurrido dos meses desde la asunción de Alberto Fernández, se plantearon primero dudas y después críticas a la marcha del gobierno en ámbitos de la militancia del Frente de Todos. Al mismo tiempo crecían las certezas acerca de la voluntad desestabilizadora de la oposición, ostensible en los grupos económicos Techint y Clarín y el macrismo residual, sustentada en una definición que podría enunciarse así: “Es inadmisible cualquier transformación que altere el statu quo que hemos legado.”
Al cabo de siete meses, pandemia mediante, en general la situación no ha variado. Una dinámica tal era previsible en la coalición que triunfó en la crucial elección del 27 de octubre de 2019; y confirma tanto la esencia antidemocrática y antinacional de la oposición que dejó al país postrado, como su pertenencia a una internacional reaccionaria que está haciendo estragos en países como Brasil, Bolivia, Chile, Hungría o Italia, y asecha en otros como España o el nuestro.
Por otra parte, semejante cuadro de situación ha dado un relieve adicional a cualidades y déficits del gobierno. Así, con sólo considerar que desde el momento en que se conoció la presencia del virus se adoptaron medidas diametralmente opuestas a las que pretendía -y pretende- el gran capital, y que para sostenerlas se dispuso el auxilio estatal a los sectores más vulnerables, o las pautas que el Presidente explicitó y mantiene respecto de los términos de la negociación de una parte de la deuda; se puede afirmar que el Estado se ha puesto al frente del proceso político, y no de cualquier manera sino con una orientación propia de la tradición nacional popular. Algo que la oposición entendió mejor que nadie, razón por la cual la cantidad e intensidad de sus ataques son directamente proporcionales a la popularidad de Alberto Fernández.
Lo curioso -y preocupante- es que este crecimiento de la popularidad presidencial no siempre se ha traducido en avances en la realización de la agenda oficial, incluso ciertas demoras y retrocesos no han sido explicados. No es sólo un problema de comunicación: el respaldo popular no se ha correspondido con la iniciativa política. No se trata únicamente de cuestiones de raíz económica, también las hay relacionadas con el Estado de Derecho y el manejo del poder. De lo anticipado por el Presidente en sus discursos ante el Congreso se desprende que la postergada reforma judicial -que es presentada mientras escribo- contemplará ambos aspectos: abundan pruebas que revelan el uso sistemático que el Régimen hizo del Poder Judicial, violando normas fundamentales para perseguir a la oposición política y social y ocultar negociados, es decir, para acumular poder.
Si en la lucha inicial contra la pandemia había que obtener tiempo para reconstruir el sistema de salud, ahora es necesario no perder tiempo para construir poder político. Una cosa es la capacidad de rectificación y otra la vacilación.
Así las cosas, en el seno del Frente de Todos es razonable y necesario debatir acerca de la velocidad de realización y de la profundidad de las transformaciones anunciadas o en ejecución, de cómo ampliar la base social de la coalición, de la eficacia de ciertas políticas o de su ausencia, del estilo de lxs funcionarixs y su forma de relacionarse con los distintos actores sociales, etc. Dadas las características de la oposición y la envergadura de los desafíos que propuso como candidato y ha ratificado como presidente Alberto Fernández, estos aspectos son cruciales en relación con las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad del gobierno y la continuidad del arduo proceso de emancipación nacional, que es lo que está en juego, no la identidad política de este o aquel miembro o sector del Frente.
Está claro que las decisiones del gobierno no responden a falacias como la libre empresa o a las palabras democracia y libertad devaluadas por el macrismo, convertidas en máscaras gastadas del viejo teatro autoritario; se toman en función de los intereses del conjunto social. Ahora bien, para que alcancen sus fines y se sostengan en el tiempo es necesario que contemplen una premisa: para desarrollarnos, crecer y ser libres como nación y como pueblo, debemos revertir el proceso de centralización y extranjerización del capital. Entonces, aquellas decisiones no representarán un peligro para las fuerzas burguesas que no dependen del imperialismo como sistema, serán aliadas: tienen que cumplir una tarea para una liberación nacional en serio, no para abstracciones revolucionarias que operan en el mundo sin roces de las puras ideas.
En esta línea sería conducente explorar alianzas con expresiones de la izquierda que no deberían rehuir a sumarse al frente nacional.
Aunque entre las partes integrantes del Frente hay matices de todo orden, e incluso considerando que al momento de su conformación prevaleció el objetivo electoral, aquella premisa es una de las determinantes de su supervivencia, así como su fracaso lo es a la supervivencia del proyecto opositor. Es sensato suponer que esos matices no implican contradicciones insalvables respecto de grandes batallas como la de la soberanía nacional y la justicia social.
Más aún, no es difícil comprender que la unidad se consolidará en la lucha contra el Régimen, que no son posibles los acuerdos con el Régimen y que es altamente probable que si tales intentos se hicieran, conducirían a frustraciones y derrotas, o a pequeños triunfos que terminarían en desastres.
Mendoza, 29 de julio de 2020
*Ingeniero civil.