La represión estatal del 12 de marzo dejó al descubierto la brutalidad de las fuerzas de seguridad y las contradicciones del Gobierno. Mientras la ministra Bullrich defiende el accionar policial, se acumulan denuncias nacionales e internacionales contra el Estado. En este marco, la nueva marcha por los jubilados sumó otro reclamo: justicia por el fotorreportero herido.

Por Romina Cancinos*

(para La Tecl@ Eñe)

El miércoles pasado se cumplió una semana de la salvaje represión desplegada en la marcha de jubilados y un nombre continúa repitiéndose en medios de comunicación, redes sociales, carteles, partidos de fútbol, recitales y plegarias. Es el de Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que lucha por su vida luego de que un gendarme le disparara una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza.

Las imágenes de su ataque se viralizaron rápidamente despertando, una vez más, cuestionamientos hacia las fuerzas de seguridad y la ministra Patricia Bullrich. Sin embargo, la funcionaria no hizo más que defender el accionar de los efectivos, negar las acusaciones, lanzar amenazas y difundir mentiras.

En un primer momento, cuando Grillo ya estaba hospitalizado, Bullrich sostuvo en una entrevista televisiva que el fotorreportero estaba detenido y buscó desviar el asunto enfatizando en su militancia e ideología política. Luego, cambió la versión y aseguró que la herida fue ocasionada por un rebote del disparo en el suelo. En sus declaraciones más recientes, brindadas el lunes 17 de marzo, aseguró que la detonación fue oblicua.

Sin embargo, una investigación -basada en los aportes fílmicos y fotográficos de aquel día- permitió reconstruir el hecho y desmoronar la versión oficial. Fue elaborada por el colectivo Mapa de la Policía, con la colaboración de los peritos Rodolfo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto. En el informe queda en evidencia el mal desempeño de las fuerzas de seguridad. “Se observa en el video tanto el origen del disparo como la trayectoria del proyectil. La trayectoria está ligeramente inclinada hacia abajo y no impacta sobre ningún objeto intermedio ni el piso. Este comportamiento no se corresponde con ningún protocolo de uso de las granadas de gas y la trayectoria es directa hacia Pablo Grillo”, destaca el estudio. Por este ataque, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, debiendo ser operado en más de una ocasión.

La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta un dato aportado por Marcela Perelman, integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), durante una rueda de prensa: la pistola lanza gases utilizada en la represión estuvo prohibida en nuestro país, como todavía lo está en gran parte del mundo, hasta diciembre de 2023. Aunque es considerada un arma potencialmente letal y cuenta con el antecedente del asesinato de Carlos Fuentealba, Bullrich derogó la resolución que impedía su uso mediante el artículo 13 del llamado Protocolo Antipiquetes.

Vale mencionar que el ajuste a los más vulnerables y la brutalidad represiva no es algo novedoso en el historial de la ministra. Para contextualizar, se trata de la misma funcionaria que fue parte de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Durante la gestión del radical ocupó varios cargos. En 2001, como ministra de Trabajo, firmó junto al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, un decreto que recortó en un 13% el monto de las jubilaciones. En 2017, bajo el mandato de Macri y como encargada de la cartera de Seguridad de la Nación, Bullrich ordenó una brutal represión contra quienes se manifestaban en repudio a la Ley de Reforma Previsional, que implicaba un ajuste a los jubilados.

Se trata, también, de la misma ministra que hoy, nuevamente en el poder pese a haber salido tercera en las elecciones, es autora del ya mencionado Protocolo Antipiquetes. La misma que anunció la iniciativa de recompensar económicamente a quienes denuncien a los partícipes “violentos” de la marcha del pasado 12 de marzo (sin especificar cómo se comprobará la supuesta violencia ejercida). Para su fortuna, nada de esto ocurría hace algunos años cuando, durante la gestión de Alberto Fernández, encabezaba movilizaciones en rechazo a la cuarentena por Covid-19, muchas de ellas interrumpiendo el tránsito. De lo contrario, hubiese corrido el riesgo de ser gaseada, golpeada, detenida y hasta acusada de terrorista.

En ese sentido, cabe destacar que la represión del 12 de marzo no sólo dejó un herido en estado crítico, sino que durante la misma se hirió a más de 20 personas y se detuvo a 114. No obstante, la jueza Karina Andrade dispuso su inmediata liberación alegando irregularidades en las detenciones: “(…) Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados”. A su vez, la letrada señaló que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión.

La respuesta no tardó en llegar y Andrade se convirtió en blanco de un ataque liderado por funcionarios públicos, trolls libertarios y medios de comunicación. Además, fue denunciada por el Ministerio de Seguridad por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento. “No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones”, posteó Bullrich en su cuenta de X.

Pero las denuncias no sólo fueron realizadas por el Gobierno, sino también contra él -tanto en el país como en el exterior-. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), son algunos de los denunciantes. A ello se le suma la denuncia de Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que sufrió un traumatismo después de ser empujada por un efectivo y golpear su cabeza contra el suelo. Asimismo, la familia del fotógrafo declaró que iniciaría acciones legales contra el Estado.

Mientras tanto, las autoridades nacionales insisten en que el fin de la movilización era llevar adelante un golpe de Estado. La retórica gubernamental de “desestabilización” ya fue empleada durante la manifestación del 12 de junio de 2024, cuando se debatía la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada dejó 33 detenidos imputados por delitos como incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; atentado contra la autoridad; entre otros. En su momento, la jueza interviniente María Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28 de los apresados.

Ahora, los detenidos del 12 de marzo enfrentan un panorama acusatorio similar. En su cuenta de X, el vocero presidencial Manuel Adorni compartió la denuncia realizada por los supuestos delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. “Por querer acercarme a filmar cómo le pegaban a un pibe estuve 7 horas detenido”, dijo Augusto, uno de los detenidos, en una entrevista radial para El Destape; “Lautaro estaba saliendo de la escuela. Al estar todo cortado estaba buscando lugares para poder viajar. (…) Uno de los policías los acusó de tirar piedras. (…) Dos horas lo tuvieron así”, relató Mariela Gómez, madre del menor de 12 años detenido, en diálogo con María O’ Donnell en el programa radial De acá en más. Estos y otros testimonios, junto a las filmaciones del día, exponen detenciones arbitrarias.

Con ese clima, ante la mirada atenta del juez federal Martín Cormick, con habeas corpus presentados por la Red Federal de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, y bajo la lupa de organismos internacionales, se llegó a una nueva marcha de jubilados que superó en convocatoria a la de la semana pasada y coincidió con el debate, y posterior aprobación, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Gobierno desplegó un operativo que incluyó el vallado del Congreso de la Nación, más de 2.000 efectivos, participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cortes de calle, controles en medios de transporte y a ciudadanos, un helicóptero sobrevolando la zona de la movilización, advertencias en estaciones de trenes.

La manifestación ya no fue solo por el reclamo histórico de los jubilados, sino también por el fotorreportero. “Todos somos Pablo Grillo” se exclama en un sentido simbólico, pero este miércoles se movilizó sabiendo que todos podemos ser Pablo Grillo en el sentido más literal.

Lanús, 19 de marzo de 2025.

*Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Periodismo en UNDAV.