Raúl Zaffaroni afirma en este artículo que el contexto actual no es el de un mero quiebre de la democracia, sino de la república, es decir, que se trata de la clarísima muestra de una vocación totalitaria.

Por E. Raúl Zaffaroni*
(para La Tecl@ Eñe)

El “otro” es un ser humano análogo a mí en cuanto poseedor de una conciencia que le señala lo bueno y lo malo, al igual que la mía, pero lógicamente diferente en cuanto a lo que le señala su conciencia, con lo que puedo o no coincidir. De la no coincidencia surgen diferentes concepciones del mundo – “Weltanshcauungen”- y, en lo político, el pluralismo ideológico.

Nuestra Constitución Nacional consagra este concepto del ser humano en su artículo 19º, al prohibirle al Estado que avance contra ningún habitante de nuestra Nación que no lesione algún derecho ajeno, principio que parece remontarse a 1817. Se trata nada menos que de la libertad de conciencia como eje de nuestra antropología constitucional, como lo destacara tempranamente José Manuel Estrada. En 1853 –conforme a los valores dominantes en su época- la Constitución no prohibió la llamada pena de muerte, pero la abolió para siempre por causas políticas (artículo 18º), como una garantía elemental de los límites de la democracia plural, en que las inevitables diferencias políticas se presuponen como ineludible requisito del diálogo y debate democrático.

Todos sabemos que una cosa es el “deber ser” normativo y otra el “ser”, o sea, que todos somos conscientes de que lo que “es” suele ser diferente de lo que “debe ser”, porque con frecuencia las normas se violan por quienes ejercen el poder; a este respecto no es menester recordar tristísimos episodios de nuestra historia, incluso no muy lejana. Pero, de todos modos, la frecuencia y gravedad de esas violaciones es diferente y debe precisarse, porque también es sabido que el Estado de derecho, la república y la democracia, en ningún lugar del mundo son perfectos.

A veces no es mucha la frecuencia de los ilícitos inconstitucionales del poder, en ocasiones, virtuales pillerías políticas, pero es necesario encender alertas rojas cuando se pasan ciertos límites que colindan con la negación de la dignidad de ser humano del “otro”. En estos casos no se pone de manifiesto una mera ilicitud ocasional y ni siquiera un autoritarismo, sino una abierta vocación de “totalitarismo”.

El contexto institucional en que está nuestro país en este momento muestra graves signos de esta vocación. La principal falla de la reforma constitucional de 1994 fue la habilitación de la legislación por vía de decretos de supuesta “necesidad y urgencia” valorada por el propio ejecutivo, posteriormente agravada por vía legislativa. Se abusó de esta falla, pero ya no se lo hace con motivo de carreras automovilísticas, sino con leyes “ómnibus” que alteran infinidad de leyes, proyectadas por los abogados de bien conocidos intereses sectoriales.

Como es sabido, al menos la reforma de 1994 dejó a salvo las leyes penales, pero eso vale muy poco con un Congreso fragmentado hasta la pulverización y sobre el que pesan serias presunciones de corrupción o compra de votos. Resultado de eso es, entre otras aberraciones, la superproducción de leyes penales y, como coronación, el sin precedente “estado de sitio policial” de la llamada “ley antimafia”, de reciente sanción.

En cuanto al control judicial de constitucionalidad, cabe aclarar que desde siempre ha sido ineficaz, debido a la desidia histórica de la política y al silencio de la academia, porque la jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema no es obligatoria, como en Estados Unidos. Pero ahora, el enorme defecto institucional, sumado a que tenemos el máximo tribunal más pequeño del mundo, se completa con la inconstitucional designación de sus jueces “en comisión”, lo que da lugar a que usurpen funciones judiciales personas que no cuentan con el acuerdo senatorial y los otros sean sus cómplices necesarios en la usurpación, sembrando una inseguridad jurídica sin precedentes, dado el inevitable cuestionamiento futuro de las sentencias de un tribunal así integrado por parte de todos los que se consideren perjudicados por ellas.

Aunque hubo con anterioridad episodios lamentables de persecución y destitución de jueces, no resulta menos aberrante que ahora, porque lo decidido por una jueza en el ámbito de su competencia no fue del agrado del poder de turno, en lugar de apelar lo resuelto -pues para eso están precisamente las otras instancias- se opte por promover su destitución. Se trata de una nueva modalidad que procura “domesticar” por el temor a todos los jueces y juezas de nuestra maltratada república, mediante el linchamiento mediático y la amenaza del ejecutivo y de otros políticos inescrupulosos.

El contexto no es el de un mero quiebre de la democracia, sino de la república, es decir, de la relativa separación de poderes del Estado que posibilita el control recíproco mediante el sistema de pesos y contrapesos. Se trata de la demolición misma de la república, es decir, de la clarísima muestra de una vocación totalitaria.

La legitimidad de origen del actual régimen, es decir, la circunstancia de haber ganado un “ballotage”, no lo habilita a hacer cualquier cosa y menos a demoler la república. En toda república, la mayoría debe respetar a la minoría, no por puro respeto a esa minoría, sino porque eso implica reconocer el propio derecho de la mayoría a cambiar de opinión. La mayoría electoral solo habilita a hacer cualquier cosa en un planteo totalitario, como el de Carl Schmitt, de triste memoria, por cierto, aunque algunos inexplicablemente lo invoquen y no precisamente desde la derecha, que pudorosamente lo aplica sin citarlo.

Es en este contexto donde en los últimos días se produjo un hecho con múltiples significados negativos y alarmantes, que fue la brutal represión del miércoles 12 de este mes. La represión en sí misma es una flagrante violación a la Constitución, al desconocer el derecho de disidencia y expresión de protesta pública y al pretender encuadrarlo en la tipicidad de sedición. A la gravedad del hecho se suman las mentiras de la ministra de seguridad y la grosera clasificación de los ciudadanos por parte del titular del ejecutivo, que pretende desconocer lo que muestran los testimonios fílmicos y fotográficos.

Pero a todo esto, se suma una declaración de la señora ministra de seguridad que es imposible adjetivar sin dejar de lado la necesaria corrección del lenguaje que, por cierto, no caracteriza al ejecutivo. Por efecto de esa brutal represión se hirió de suma gravedad a un joven que tomaba fotografías y la señora ministra descalifica al herido por ser un “militante” y empleado de un municipio del conurbano de diferente color político, lo que también parece falso. Sea verdadero o falso, lo cierto es que esto implica negar la humanidad del “otro”, pues pretende justificar que se le haya reventado la cabeza con un bombazo –como en el caso Funtealba de Neuquén en 2007- solo porque sería un “militante”.

El supuesto “militante” no se hallaba con un arma amenazando a nadie, en cuyo caso se trataría de una legítima defensa de tercero, sino tomando fotografías, sin agredir a nadie, sin lesionar ningún derecho de otro. Sin embargo, para la señora ministra su supuesta o real condición de “militante”, es decir, de alguien que no comparte su ideología política, lo convierte en un ser inferior, en un humano inferior cuya integridad física y su vida no tienen el mismo valor que la de la señora ministra y de quienes comparten su ideología: “quien no piensa como yo es un ente inferior y despreciable”, esa parece ser la premisa de la que se desprende la conclusión de que tiene el derecho a tirarle una bomba de gas en la cabeza.
La jerarquización de seres humanos que implica este discurso es más que alarmante, porque es la confesión sincera y sin tapujos de la vocación totalitaria, que no ha avanzado más hasta ahora pero que –discursivamente al menos- se cierne como amenaza. Creemos que en nuestro pueblo predominan los elementos sanos y que el pozo ciego en que ha caído nuestra política no impedirá su superación y la correspondiente limpieza de la contaminación del referido pozo maloliente.

Nos reafirma en esta convicción la circunstancia de que en nuestra accidentada historia hemos pasado por otros episodios calamitosos y los hemos superado. La historia no se repite, pero se continúa, y las particularidades, y curiosos, llamativos y coloridos datos folklóricos de la nueva calamidad, no deben confundirnos y llevarnos al pesimismo y a la impotencia.

Todo pasa, y el poder político lo hace mucho más rápido de lo que creen quienes se drogan en su ejercicio desmesurado. Descuento que no tienen tiempo, pero bueno sería que releyesen –si acaso alguna vez lo leyeron- el Martin Fierro: “Respeten a los ancianos, El burlarlos no es hazaña”; “Es de la boca de un viejo De ande salen las verdades”; y, sobre todo: “¡No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte!”; y “naides se muestre altivo. Aunque en el estribo esté”.

De todos modos, intranquiliza un poco, en especial por su extremada sinceridad, el discurso de la señora ministra de seguridad, como confesión abierta y sin reservas de la vocación totalitaria que, por fortuna, la salud de nuestro pueblo y nuestra tradición harán que no llegue a término, porque al final de ese camino lo que siempre se tiene en mira son los Konzentratiosläger y los Gulag.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2025.

*Profesor Emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.