Lucas Arrimada sostiene que el derecho será una herramienta para construir una nueva concepción excluyente para una sociedad en fragmentación profunda. En ese contexto, la profesión legal parece ser garante de la destrucción de lo público y de los negocios judiciales. Se vienen tiempos de demagogia legal y populismo judicial mientras la dinámica económica nos empobrece y embrutece.

Por Lucas Arrimada*

(para La Tecl@ Eñe)

1. Contracción económica y derechos.

Hay un proceso económico global previo al Gobierno del ajuste que acaba de empezar. Es un ciclo económico que está terminando, el otoño económico en el que progresivamente se fue desarmando y destruyendo las capacidades del Estado, capturando sus agencias y construyendo las bases para un largo invierno de los derechos.

Ese invierno hace tiempo empezó para los pobres que supieron empobrecerse todavía más y ahora se expandirá a las clases medias y medias altas ya empobrecidas en términos relativos. Los viejos pobres recibirán a las clases medias que seguirán autopercibiéndose como lo que dejarán de ser. El gobierno hará una estratificación social profunda bajo la clásica guerra identitaria de pobres y empobrecidos, de viejos y nuevos pobres, de proyecciones sobre el otro. Posee todas las iniciativas para distraer y empobrecer y tiene una oposición reactiva que no regula su indignación. Esa indignación que obstaculiza entender, impide actuar, pero hace tan bien al narcisismo patológico y a la superioridad moral que le permitió escuchar a las mayorías, negar la realidad y fortalecer el descontento.

El periodo 1973-2023 quizás fue un periodo de retirada del Estado de la economía y de control de los grupos económicos de los engranajes del Estado gracias a una clase política que hace tiempo empezó a trabajar para una oligarquía que antes criticaba y combatía. Ese movimiento se traduce en una contracción económica, de crecimiento rebasado e inviable. La expansión de la imaginación económica del mundo financiero y una impotencia de la imaginación política, significa la contracción de la economía social y menos capacidad distributiva, incluso en su versión mínima, retórica, simbólica y cosmética.

La política trabajó para los grupos económicos que menoscaban la democracia y el derecho hizo su tarea de traducir a legal todos sus atropellos y excepciones corporativas que le terminaron dando el control de la administración de lo público a las corporaciones. Esto sucedió con muchas señales concretas y errores estratégicos de las fuerzas democráticas y que se dicen progresistas en la Argentina y en el mundo. 

En un contexto de gobiernos que diseñarán el desorden y el sufrimiento social, de una contracción económica sideral, de crisis ambientales y destrucción de las capacidades del Estado ¿Cuál será el rol de los abogados/as y demás operadores del derecho en el próximo retroceso histórico? ¿Cuál fue la contribución de las profesiones legales a la destrucción del Estado y sus resortes? ¿Cómo fue que muchos abogados y abogades que pusieron un kiosquito legal para hacer negocios con sus estudios jurídicos paralelos a la función pública que ejercían, se sorprenden del fracaso de sus gestiones? Ellos lo dieron todo, con tantas selfies y post en instagram que hicieron mientras todos nos empobrecemos. ¿Cómo fue que los jueces se transformaron en el guardia cárceles de un sistema penitenciario privatizado cuyos nuevos dueños son señores feudales? ¿Qué nuevas teorías infértiles justificarán el protagonismo del poder judicial en una democracia zombi? ¿Cómo tanto pensamiento crítico se transformó en pensamiento cínico funcional a regresiones sociales y retrocesos políticos?

La profesión legal y los abogados fueron revolucionarios cuando tuvieron que ir contra la monarquía, el sistema feudal y colonial. La abogacía moderna se potencia con la lucha por los derechos de los burgueses, sus ideales, libertades y propiedades. La idea de derecho tenía sin duda un potencial universalizador en tiempos de revoluciones políticas y económicas del siglo XVII, XVIII y XIX, incluso del propio Siglo XX. Lo que sucedió en todas las revoluciones burguesas, con algunas excepciones, es que se segmentó la universalidad de los derechos conforme a criterios de clase, raza, género, nacionalidad, religión, entre otros. Derechos universales para una sociedad cerrada de pares, usualmente propietarios, como hoy pero en progresión en lugar de la actual regresión. Era un progreso pero acotado. Cada vez que se extendían los derechos esa expansión era para unos pocos y a merced de algún grado de explotación de muchos, de las mayorías.

El derecho burgués fue revolucionario sin duda. Pero después de vencer a las fuerzas feudales y coloniales, cada vez que fue nuevamente revolucionario fue menos revolucionario. A más expansión, más reacción a esa expansión y nuevos problemas. De hecho, podría haber sido más expansivo si el crecimiento económico fuese ilimitado. Spoiler alert: no es ilimitado. Dado que los recursos son finitos y su explotación superó límites, rebasó sus capacidades materiales y superó puntos de inflexión con efectos de largo plazo, hace cincuenta años estamos en una etapa de contracción económica que puso severas restricciones a la expansión económica en contexto de colapso ambiental mientras se expandieron las ansiedades de consumo y la democracia se quedó sin imaginación política.

A las restricciones económicas y los límites materiales del crecimiento económico, comenzó el desarrollo de teorías que hablaban de los “excesos de las democracias” y se actuó en consecuencia. A la contracción económica, se acompañó una reacción política para una contracción de las funciones del Estado y un recorte de los derechos pensados en la segunda posguerra. En Latinoamérica, eso se tradujo en varias experiencias políticas autoritarias diferentes pero con patrones atroces en común. 

Sin expansión económica, no habrá derechos. O mejor dicho, en contextos de contracción económica habrá menos derechos tal cual los conocemos. Menos derechos y más privilegios. Menos recursos para repartir significan menos derechos. 

Los abogados que asesoran a los que tienen más derechos y por ende acceden más al sistema legal, administrativo, etc., usarán el sistema judicial para reforzar esos derechos que tantas veces son realmente privilegios feudales vinculados a ciertos grupos que ni siquiera siempre son económicos, y dentro de los económicos la mayoría no son productivos.

Los sectores privados entran en el espacio público de forma frontal para depredar lo público dado que entiende los límites al crecimiento económico en los próximos cincuenta años de administración que están terminando.

La fortaleza de los derechos de esas minorías es la debilidad de los derechos de las mayorías. La defensa legal de los derechos de una minoría privilegiada hará que la sociedad argentina consolide una democracia delegativa, una democracia en estado zombie, para una sociedad colonial y feudal avanzada.

No se puede proyectar la construcción de derechos sin pensar reformas tributarias que nunca se quisieron discutir. Hasta Alberdi, hoy abandonado a la interpretación libre y lisérgica de tribus febriles, lo primero que escribió después de las famosas “Bases y puntos de partida” (1852), es un libro para justificar la construcción de un Tesoro de la Nación (Art. 4 de la Constitución Nacional) que muchos luego vendrán a vaciar, a saquear, citándolo. Esa obra es “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina” (1854), obra que en su largo exilio no dejará de volver a pensar y reformular.

2. La derrota económica de los derechos.

Una concepción postmaterial de derecho y política donde todo es identidad y autonomía es lo que será cómplice de la destrucción del Estado, de la descomposición de lo público. No hay libertad, identidad ni autonomía, sin recursos materiales, iniciativa privada en una institución social del mercado y una estatalidad (monárquica, feudal, aristocrática, colonial o democrática). 

Esa concepción ignora toda disputa por recursos, da por sentado que los recursos ya existen y no hay que producirlos o generarlos de forma responsable, que no hay que luchar por el derecho en el campo de la economía, con una imaginación económica con sensibilidad humana. 

Pensar necesidades sin obligaciones es parte del problema. Pensar derechos sin obligaciones sociales y responsabilidades políticas es lo que hará autofrustrante conceder cualquier derecho. La idea de derechos sin obligaciones contribuyó a debilitar a la democracia tanto en la cultura política y popular como en la cultura institucional y judicial.

La frase “donde hay necesidad nace un derecho” puede ser repensada y fortalecida. Donde hay una necesidad social genuina y prioritaria (trabajo, salud, educación, vivienda) -no cualquier falsa necesidad creada por el marketing y la publicidad con ansiedad de estatus- nace un derecho pero también debe nacer un sistema para recaudar recursos y transformarlo en capacidades estatales con sistema de control de su administración que asegure un círculo virtuoso. Sin esa capacidad estatal, tenemos demagogia legal, tenemos concepciones postmaterialistas del derecho. Tenemos catálogos de derechos nominales que las futuras generaciones vivirán como aspiraciones imposibles y mera promesas incumplidas. Lo vivirán como privilegios que tienen unos pocos y será fuente de resentimiento para ser manipulado políticamente. 

Si hay más necesidades (demandas) que recursos, todo sistema colapsa, se rebasa, desde un sistema informático a un sistema social o político. Se vuelve inestable, se frustra, se resiente y se desborda.

Esa concepción postmaterial de derecho hace énfasis en el desarrollo de la identidad y la autonomía negativa, las libertades clásicas, y abandona los derechos y obligaciones positivos, los derechos sociales que nacen de obligaciones de los privados y del Estado en una alianza que puede ser, que fue históricamente, realmente productiva de bienestar social y dinámicas fructíferas entre lo público y privado. 

Alberdi no tenía esa concepción. Por eso escribió “Sistema rentístico” en 1854. Para aportar al debate social para construir el país, nuestro país. El Mitre que Alberdi criticará con firmeza también lo sabía y obró en consecuencia. La oligarquía que gobernaba lo sabía y construyó el Estado y sus bienes públicos que habitó como casta. Hoy la necro-oligarquía que tenemos simplemente usará al Estado endeudado y en proceso de privatización para enriquecerse. Lo harán todo con la asesoría legal de aquellos que hablaban de renovar la justicia social y se decían la coordinadora de la paz y de la vida. Las élites y oligarquías quizá sean inevitables. Hay que intentar construir mejores oligarquías y élites que no sean sádicas y necrofílicas.

3. Demagogia legal, populismo judicial.

“El derecho no es un espejo para reflejar las injusticias de la sociedad. El derecho es una caja de herramientas para cambiarlas”. Lo escribí, lo pensé, lo intenté practicar hace tiempo pero hoy quizás tenemos razones para pensar diferente, para ser realistas, ni pesimistas ni optimistas, realistas. 

El derecho es un espejo que refleja y refuerza las injusticias sociales. El derecho es una caja de herramientas para mantenerlas y profundizarlas, para construir los privilegios de lo que viene después de la democracia colapsada. Si fuera así, necesitamos otro derecho u otra herramienta. Lo mismo puede ser dicho de la política. 

El derecho es una caja de herramientas para hacer y deshacer cosas, quizás sea una definición más certera, limitada pero precisa. Quizás en los años que vienen el derecho sea una caja de herramientas para deshacer el derecho, la democracia y volver a una sociedad feudal avanzada.  

La paradoja será que muchas de las defensas legales ante atropellos del derecho terminarán en decisiones judiciales que permitirán mucho populismo judicial, jueces dando entrevistas y acariciando su propio narcisismo cínico y patológico. Los que garantizaron la expansión de lo atroz, le ponen retóricamente un límite. Entonces el populismo judicial aparece nuevamente en el horizonte prometiendo cosas que no va a cumplir. El desafío quizás sea pensar instituciones democráticas para defender la democracia que no impliquen construir -o reforzar- una casta judicial de guardianes, codificadores y operadores judiciales. 

Quizás el poder judicial sea una burocracia de brutalidad, una picadora de carne, que solamente sirva para reproducir el dolor incluso con causas supuestamente justas y buenas intenciones. Una puerta hacia la impunidad para los que pueden pagar dólares a abogados que después hablan de teorías alemanas y garantismo penal mientras todos vamos hacia el Estado punitivo y represivo expandido, entre el narconegocio judicial y las necropolíticas. 

Quizás la reforma constitucional de 1994 ejerció un populismo constitucional al incorporar documentos internacionales que obligan a pensar y diseñar políticas tributarias que nadie tendrá la valentía de realizar. Ni siquiera se tiene la valentía de aplicar las normas vigentes dado que hay mecanismos administrativos y legales para eludirlas que son garantizados a través de profesionales cuyos títulos incluyen la palabra “públicos”. La destrucción de lo público tiene como ejecutores a las profesiones que “administran lo público” bajo los intereses privados, pero justamente nacieron desde el Estado para construirlo, para pensarlo, para fortalecerlo, para defenderlo. Profesiones que prometen y juran (risas) por Dios, la Patria y honrar la Constitución, defender lo público. 

Los abogados son los que transforman la razón privada en razón pública. Al traducir el interés privado en el lenguaje de las razones públicas transforman privilegios privados en derechos individuales, debilitando los derechos públicos y colectivos, debilitando lo público con permisos judiciales. Acortando la torta a repartir, modificando presupuestos públicos a veces con razón y a veces con excepciones que deberían discutirse.

Reformando las leyes y la misma Constitución para unos pocos. Los que tienen recursos extraordinarios pagan excepciones supremas. Son los que consiguen excepciones constitucionales en una Corte Suprema que socava al Estado que la tiene como cabeza de poder trabajando para las corporaciones que capturaron al Estado, sus satélites y sus redes legales.

Vamos hacia un futuro sin derechos. Los abogados son garantes de la destrucción de lo público y de los negocios judiciales con la descomposición democrática. Los próximos cuarenta años de democracia serán de contracción, de regresión económica y de cosas que son difíciles de imaginar hoy. El infantilismo legislativo hizo sancionar muchas leyes que sin un Estado y con una economía en contracción no podrán tener vigencia social, no serán realidad. Empezando con el Código Civil y Comercial para una generación que no puede ni alquilar y que no puede ni quiere casarse o tener hijos. Que no puede construir el derecho a vivienda digna propio ni siquiera como fue pensado en el Art. 14 bis por la muy conservadora Convención Constituyente de 1957. Los derechos reales son cada vez más irreales, cada vez más ciencia ficción para una generación ansiosa por un futuro eclipsado.

Para entender el derecho y proyectar derechos para todos hoy tenemos que volver a entender la economía como una ciencia social, como una de las humanidades. Tenemos que reconciliar el mercado y el Estado, el sector privado y el sector público como lo intentó hacer Alberdi a lo largo de su vida, más allá de las contradicciones del joven Alberdi, el Alberdi beligerante y del viejo Alberdi, el Alberdi exiliado, o sea, como lo intentó hacer alguien que siempre amó a su país y le entregó más que toda su atención, toda su vida.

La concepción de derecho postmaterial permite derrotar económicamente toda pretensión de construir derechos. Sin entender que estamos en un momento de contracción económica, donde la economía mundial, regional, nuestros gobiernos y nuestra deuda corsé nos sofocará sin tregua, no podremos pensar en un futuro para la democracia y para los últimos derechos que debemos usar como herramienta para la paz social.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2023.

*El autor da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.