La legislación argentina hoy dispone que ante un crimen como el cometido contra Fernando Báez Sosa, de fuerte sesgo racista y odio al pobre, la sanción es la privación de la libertad para los responsables. Yanzón plantea que, si se trata de vivir en una sociedad democrática, debemos permitirnos pensar más allá de la solución inmediata, que es el encierro, porque la cárcel solo arroja mayor violencia a la sociedad, no resocializa y nadie sale bien de esa experiencia inhumana.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Fernando Báez Sosa fue asesinado por una pandilla en un boliche de Villa Gesell el 18 de enero de 2019. De acuerdo con las filmaciones, se trató de un ataque desproporcionado, que no cesó con la víctima en el suelo en total estado de indefensión. A partir de ahí se sucedieron diálogos entre los acusados, escenas montadas y, sobre todo, el haber apuntado a un tercero como responsable del crimen. Por cierto, una retahíla por demás escalofriante y repulsiva.

Existen elementos de peso para considerar que se trató de una pandilla, probablemente caterva, surgida de la clase media acomodada, integrantes de un equipo de Rugby, que tal vez actuó bajo los efluvios dominantes de alguno o algunos de sus integrantes, imbuidos de un fuerte sesgo racista y de odio al pobre, al morocho, que es el color de la pobreza; un grupo de jóvenes blancos que, por su posición social, entienden que existe cierta contemplación con lo que hicieron.

Días atrás y con motivo de la muerte de Pelé -y también de la copa mundial obtenida por la Argentina-, escuché por radio a Guillermo Blanco, ex periodista de El Gráfico y artífice del encuentro entre Maradona y Pelé, hablar de cómo el Diego jamás olvidó sus orígenes villeros, que es el mismo origen de varios de los pibes que nos dieron la alegría de salir campeones. Y dijo que esos pibes habían alcanzado la gloria a partir de su destreza con la pelota, pero que, de haber continuado con sus vidas comunes, muchos de los que hoy aplauden el campeonato los despreciarían de distintos modos y los ignorarían.

Traigo esas palabras porque, más allá del juicio oral, existe una conexión entre lo sucedido con Fernando y lo que habitualmente sucede con tantos otros pibes de barrios pobres, ninguneados, maltratados, violados y muertos por fuerzas de seguridad o por particulares que consideran tener derecho a “limpiar” las calles, a que los morochos no “invadan” los lugares que blancos de clase media y alta entienden como propios. Existe una conexión, además, con el ninguneo al reclamo de las comunidades indígenas e incluso el maltrato que reciben tanto del poder estatal como de los medios de comunicación y de sectores de la sociedad civil que, como correlato, defienden a rajatabla, sin importar los medios, la propiedad privada de Lewis o de un country en Bariloche.

El juicio oral en Dolores comenzó después de tres años del crimen, con una familia golpeada por la pérdida irreparable de un hijo que no debió esperar tanto para ver a los acusados rendir cuentas. Aquí, entonces, surge una primera pregunta ¿por qué el sistema judicial demora tanto en dar respuesta?

Por otro lado, hay familias que sufren porque sus hijos están presos hace tres años. Y aquí surge una segunda pregunta ¿qué sucede si el tribunal absuelve a algunos de los que permanecieron privados de libertad todo ese tiempo? ¿Quién le devuelve los años de inútil encierro?

Son preguntas incómodas, lo sé, pero, como abogado, estoy obligado a hacérmelas y a trasladarlas, porque la familia de Fernando necesita una reparación, y sancionar a los responsables del crimen es parte de ella. Y el paso del tiempo conspira contra esa reparación.

Por otra parte, quienes se encuentran privados de libertad a la espera del juicio oral -por ende, gozan de la presunción de inocencia- también padecieron tres años de encierro sin una respuesta estatal en debido tiempo.

A veces sucede que cuando un caso toma estado público y es tratado profusamente por los medios de comunicación, los actores judiciales demoran intencionalmente el avance de los procesos, tanto para no sentir presión, como para propiciar impunidad. Es el sistema judicial existente, y hay que hacerse cargo. Una inmensa proporción de jueces son permeables a las presiones y laxos en cuestiones de clase.

Los medios de comunicación tratan el caso hora tras hora (Marcelo D’Alessandro y la troupe judicial escondida, entre otros, agradecidos), lanzando calificaciones y sentencias. Es parte de la presión que deben enfrentar los jueces. Pero también es un modo de encapsular el hecho, de pedir prisión sin hablar de ella, o de hablar de violencia escondiendo el racismo y la aporofobia que la encauza.

En el juicio oral se debería probar el rol que cumplió cada uno de los acusados, por lo que es probable que no todos tengan la misma responsabilidad e, incluso, que alguno no tenga ninguna, o que, por el beneficio de la duda, quede absuelto. La cultura de pandilla, sostenida en la matriz machista, contiene a bellacos, miserables y alelados.

Desde los medios se insiste en la prisión perpetua. Sería provechoso que casos como éste nos permitan reflexionar como sociedad si la cárcel es una reparación a las víctimas, o si es la única. Es un modo de quitarse el problema de encima, se condena -o no- y a su casa, aquí no pasó nada y todo sigue igual. Debemos darnos la posibilidad de pensar si más cárcel es más reparación, pensar en aquellos casos en los que familiares de víctimas pudieron sentir reparación a partir del arrepentimiento de los autores, pedidos de disculpas, reparaciones de otro tipo (you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one… gracias, Lennon).

Además del rol de cada uno de los imputados, los jueces deberán también tener por probado si hubo concurso premeditado (homicidio agravado- prisión perpetua), o solo intención de matar (homicidio simple-de 8 a 25 años de prisión), o si debieron representarse el resultado muerte como probabilidad (preterintencionalidad- de 1 a 6 años de prisión). Sí queda claro que se debe descartar la riña, que presupone contienda entre dos bandos, paridad en la agresión que, por cierto, no existió.

Las víctimas deben tener contención del Estado. Y el Estado debería buscar alternativas en la resolución de conflictos, que no sea la reja y el maltrato la solución a todo, porque eso es lo que subyace en cada uno de estos hechos, difundidos a través de los medios (y no se salva ninguno), con la connivencia de la dirigencia política.

Hay un lugar donde la “grieta” no existe, y es el total desinterés por la situación desoladora de las cárceles argentinas, agravadas por leyes liberticidas como las llamadas Blumberg, que aumentaron el máximo de penas de 25 a 50 años, sin pensar un minuto siquiera en el problema carcelario. Y si lo piensan, sólo se les ocurre construir más cárceles para incrementar el problema, que es un problema de pobres, los usuarios habituales. Porque la cárcel solo arroja mayor violencia a la sociedad, no resocializa a nadie y nadie sale bien de esa experiencia inhumana.

La legislación argentina hoy dispone que, ante un crimen como el cometido contra Fernando Báez Sosa, la sanción sea la privación de libertad. Y debe haber sanción para los responsables. Esa es la solución inmediata. Lo que planteo es que nos permitamos ver más allá, porque la solución inmediata es solo un parche, si de vivir en una sociedad democrática se trata.

Buenos Aires, 4 de enero de 2023.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura.