El proyecto de ley de Javier Milei para eliminar el femicidio como agravante en el Código Penal representa un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

Por Claudio Altamirano*
(para La Tecl@ Eñe)

El proyecto de ley de Javier Milei para eliminar el femicidio como agravante en el Código Penal representa un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Bajo el argumento de la ‘igualdad ante la ley’, ignora la violencia estructural que padecen las mujeres y desmantela un avance clave en la lucha contra los crímenes de género, debilitando las herramientas del Estado para combatir la violencia machista y minimizando las desigualdades estructurales

En su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Milei criticó la figura legal del femicidio, argumentando que esta impone penas más severas únicamente por el sexo de la víctima, lo que, según él, equivale a legalizar la idea de que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la intención de eliminar el agravante, alegando que «ninguna vida vale más que otra». Esta propuesta forma parte de su intención de derogar normativas que, según el gobierno, atentan contra la igualdad jurídica, como la Ley Micaela, los cupos laborales y legislativos, y el DNI no binario.

A poco de cumplirse diez años de la masiva movilización de Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, este retroceso legislativo adquiere una dimensión aún más alarmante. Desde aquella histórica marcha que visibilizó la violencia de género en Argentina, al menos 2745 mujeres y personas LGBTIQ+ han sido asesinadas, víctimas de crímenes que responden a la misma estructura patriarcal que la legislación vigente intenta combatir. Según datos del Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», en 2024 se registraron 267 femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 33 horas, una cifra que refleja la urgencia de mantener y fortalecer las herramientas legales existentes.

Expertos en derecho penal y reconocidas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, han advertido que esta medida representa una minimización de la problemática de la violencia de género y una erosión de las herramientas estatales para enfrentarla. Al eliminar una figura penal específica que reconoce la violencia letal contra las mujeres por razones de género, se limita la capacidad del sistema judicial para abordar adecuadamente estos crímenes, impidiendo que se considere el contexto de violencia estructural en el que ocurren. Esto no solo dificulta la obtención de justicia para las víctimas, sino que también desincentiva la denuncia y reduce la visibilidad de la problemática.

La tipificación del femicidio en Argentina, instaurada en 2012 a través de la ley 26.791, marcó un hito en el reconocimiento de la violencia letal contra las mujeres por razones de género. Esta figura penal impone penas más severas para crímenes específicos y visibiliza un problema estructural profundamente enraizado en una cultura patriarcal. Simone de Beauvoir nos recuerda que «No se nace mujer, se llega a serlo», subrayando que la condición de mujer está profundamente influenciada por factores sociales y culturales, incluyendo la violencia estructural y el patriarcado. Argentina, al igual que otros 18 países latinoamericanos, se comprometió con una agenda de derechos humanos que reconoce la violencia de género como una manifestación de opresión histórica. Desmantelar esta figura equivale a negar la existencia de una violencia estructural que amenaza la convivencia democrática.

La propuesta Milei y su ministro de Justicia, Martín Libarona, de eliminar la figura del femicidio se justifica en la idea de que la “neutralidad penal” debe prevalecer en el derecho. Sostienen que diferenciar entre homicidio y femicidio introduce sesgos ideológicos y complica la recolección de pruebas. Sin embargo, este enfoque desconoce las particularidades de la violencia de género y forma parte de una agenda más amplia que, bajo la apariencia de garantizar la “igualdad de condiciones”, desmantela políticas clave como la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género a funcionarios públicos, y elimina los cupos laborales para personas trans. Lejos de promover la equidad, estas medidas neutralizan avances en derechos humanos y perpetúan discursos que minimizan las desigualdades estructurales.

La disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y la reducción de la jerarquía de la Línea 144 son ejemplos claros de cómo el gobierno de Milei está debilitando herramientas esenciales para la asistencia a las víctimas. Estas acciones reflejan una mirada conservadora y despreciativa hacia las mujeres, contribuyendo a la creación de una sociedad excluyente y opresiva que fomenta prácticas de odio y violencia de género.

Eliminar el femicidio como agravante podría tener consecuencias devastadoras en la justicia penal. Las penas para homicidios en contextos de violencia de género podrían reducirse drásticamente, lo que abriría la puerta a la revisión de las 306 condenas por femicidio ya dictadas. Bajo el principio de “ley más benigna”, esta medida implicaría reducciones de penas y excarcelaciones, debilitando la función disuasoria del derecho penal y dejando a las víctimas sin la protección necesaria. Este enfoque desconoce las raíces profundas de un crimen perpetuado por una cultura patriarcal.

La experiencia histórica y el análisis de discursos negacionistas evidencian los peligros de deslegitimar la protección de derechos fundamentales. Así como la negación del Holocausto y otros crímenes de lesa humanidad ha sido combatida mediante una legislación penal que protege la memoria histórica y la convivencia democrática, lo mismo debe aplicarse a la violencia de género. El reconocimiento específico del femicidio no es un exceso de protección, sino una respuesta a una violencia que, históricamente, ha sido invisibilizada y normalizada.

La educación desempeña un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género, promoviendo la conciencia sobre los derechos humanos y empoderando a las nuevas generaciones para cuestionar y transformar las estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad. Las políticas de prevención primaria de la violencia, mediante la educación sexual integral, son cruciales para lograr la igualdad y prevenir los femicidios. La derogación de políticas como la Ley Micaela y la supresión de los cupos laborales para personas trans no solo obstaculizan la prevención de la violencia y la inclusión social, sino que también desmantelan herramientas necesarias para construir una sociedad más justa e igualitaria.

La iniciativa de Milei ha sido calificada como un “retroceso alarmante” por organizaciones como Amnistía Internacional, que advierten que restarle especificidad al femicidio equivale a negar la violencia estructural que afecta a las mujeres. Movimientos feministas han salido a las calles en protesta, denunciando que estas medidas reflejan un enfoque negacionista que minimiza las desigualdades históricas y los discursos de odio que potencian una agenda autoritaria. Al igual que en otros intentos de distorsionar hechos históricos, esta postura pone en peligro la consolidación de un Estado democrático de derecho.

Estamos plenamente conscientes de que eliminar la agravante del femicidio debilita la capacidad del Estado para proteger a las mujeres y reconocer el carácter específico de la violencia de género. La legislación debe reflejar el compromiso con la memoria histórica y la erradicación de las estructuras patriarcales, sin ceder ante argumentos que buscan uniformar injustamente situaciones que requieren respuestas diferenciadas.

La lucha contra la violencia de género exige un compromiso firme del Estado y la sociedad. Movilizaciones como la marcha del orgullo antifascista, antirracista y LGBTQI+ evidencian el respaldo colectivo y reafirman que la defensa de los derechos humanos es una tarea compartida. Como dijo Angela Davis: Ya no acepto las cosas que no puedo cambiar… Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar

La legislación no debe ceder ante discursos negacionistas que minimizan las desigualdades históricas y perpetúan estructuras de poder autoritarias, ya que esto representa un peligro para la consolidación de un Estado democrático de derecho. Debe fortalecerse a partir de un enfoque ius humanista, que coloque los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de las personas en el centro de todas las normas y decisiones legales, garantizando así la protección integral de los derechos humanos.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2025.

*Educador, escritor y documentalista argentino.