Los sucesos de Jujuy han dejado al descubierto uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente nuestro país: Argentina se encuentra hoy atravesada por una estrategia de comunicación inédita en este siglo XXI, inspirada en la denominada “propaganda por el hecho”, que conjuga campaña mediática con represión.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Los sucesos de Jujuy han dejado al descubierto uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente nuestro país. No se trata sólo de la velocidad meteórica con que se sancionó una nueva Constitución Provincial violando elementales normas de Derechos Humanos o la brutal represión de manifestaciones de protesta. Argentina se encuentra hoy atravesada por una estrategia de comunicación inédita en este siglo XXI e inspirada en la denominada “propaganda por el hecho” que fue llevada a cabo por el movimiento anarquista de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se trataba de una trama de comunicación basada en la premisa de que el impacto de una “acción” genera más repercusiones y es más eficaz que cualquier discurso verbal. En ese sentido, de las imágenes difundidas sobre las acciones represivas de las fuerzas policiales jujeñas surgen datos muy valiosos para comprender la dimensión de la operación. Camionetas sin identificación, personal uniformado y de civil que detenían transeúntes y que irrumpían ilegalmente en domicilios particulares. Madres y hermanas pidiendo desesperadamente datos sobre el paradero de sus familiares. Son todas imágenes con demasiada reminiscencia como para ignorar su sentido. Huellas mnémicas imborrables asoman a la mente logrando la asociación buscada por el represor. 

Gerardo Morales, apoyado por un aparato que cuenta con recursos materiales ilimitados – riqueza subterránea y socios externos-, inauguró una nueva y brutal etapa de “propaganda de campaña”.

Aunque cueste creerlo, arrastró para su molino de ese modo a un amplísimo espectro sociopolítico. Causa asombro el propio presidente de la nación cuando le “pide” por televisión al tirano que afloje, en lugar de tomar las medidas adecuadas previstas en nuestra Carta Magna. Ello es una interesante muestra del éxito de la maniobra mediante la que se logra que, ante un escenario para una intervención federal “de manual”, no se la impulse desde las máximas instancias institucionales. Las razones que se esgrimen para semejante omisión se basan en que “no se cuenta con los votos necesarios para que prospere”, teniendo en cuenta que la constitución nacional requiere una ley del Congreso para intervenir una provincia. Ese argumento lo único que logra es que se desista de iniciativas activas de denuncia con la impunidad que ello implica.

Ante ello, y en consonancia con los hechos, en el momento de máxima represión y violencia estatal en Jujuy, trasciende públicamente que el gobernador Morales será candidato a vicepresidente de la nación por Juntos por el Cambio, lo cual pocos días después se confirma oficialmente. Por eso no es de extrañar que la oferta amarilla sólo incluya candidatos negacionistas de derechos esenciales en lo social y de pensamiento neoliberal extremo en lo económico.

Hay que comprender que no ha habido en el retorcido lanzamiento de campaña de la extrema derecha del país, error o exceso alguno. Todo se encaminó según lo planeado, lo cual confirma que la autoría intelectual de la estrategia excede al dictador lugareño, con conocidas limitaciones para elaborar por sí solo un plan de esa magnitud.

Tampoco debe sorprender que en la conferencia de prensa brindada por los referentes máximos de la alianza amarilla, se los haya mostrado en unidad y “solidarizándose” con el gobernador Morales. Es bizarro, en democracia, que dirigentes políticos, incluyendo el Alcalde de CABA, se “solidaricen” con el autor de una brutal represión a sectores vulnerados de la población, incluyendo niñas, niños y personas con discapacidad. A la salida de esa conferencia, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de la Nación, frente a los medios y ante requerimiento sobre porqué los policías tiraban piedras, respondió cínicamente que “las piedras las tiraban los manifestantes” (SIC). Cabe recordar que las imágenes de policías uniformados arrojando piedras, incluso con gomeras, recorrieron el país y el mundo. En igual sentido se le preguntó a Bullrich sobre el pronunciamiento de la CIDH, quien respondió textualmente: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre actúa en Argentina contra los Derechos Humanos” (SIC).

El organismo de la OEA, descalificado por la candidata Bullrich, había conminado públicamente al Gobernador Morales a “Respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Igualmente se había pronunciado en la misma fecha (20/6/23) Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional para América del

Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El funcionario le señaló a Morales que “Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos…” (SIC).

Sobre estos pronunciamientos, es importante tener en cuenta que ambos organismos representan las más importantes instancias -regional y mundial-, del Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que nuestro país integra. A ello hay que agregar que la actual normativa constitucional en la materia ratifica esa pertenencia.

Ante la situación actual, que una precandidata presidencial avale al represor y se burle públicamente de los organismos de protección, es una muestra más de la situación institucional de nuestro país. El escenario es un poder judicial encabezado y atravesado por magistrados y funcionarios corruptos, un Congreso de la Nación impotente para aplicar adecuadamente las propias reglamentaciones de ese ámbito y un presidente de la Nación que invita a un represor a respetar los derechos humanos, todo lo cual evidencia una preocupante debilidad institucional.

Simultáneamente, la derecha criminal y desafiante, aprovecha esa precariedad y la acrecienta con campañas como la referida. Los riesgos actuales de ese avance son explícitos. No se trata sólo de la venta de niños y de órganos que infructuosamente propone el aún diputado Milei desde su conocida perversión, sino, además, del cercenamiento de las libertades esenciales y la entrega de los recursos naturales que ya iniciaron los candidatos de Juntos por el Cambio.  

La esperanza hoy está puesta en que el sector decente del poder judicial junto a los legisladores progresistas del Congreso y a los mejores referentes políticos de todo el país, reaccionen ante el nuevo y brutal avance de una derecha que ha hecho de la violencia y la mentira un culto al que tributan. La resistencia del pueblo jujeño ante el atropello es parte de esa esperanza. Las cercanas elecciones en el país son una oportunidad histórica para frenar una catástrofe totalmente evitable.  

La Plata, 26 de junio de 2023.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.