La propuesta Argentina anunciada el 17 de abril de 2020 es coherente en términos de la capacidad de pago real de nuestra Nación. La fuga de capitales demuestra que los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Gramercy, Ashmore y Franklin Templeton) detraen riqueza del país y no invierten en él, no les interesa el crecimiento sustentable sino solo poder comprar dólares y fugarlos, pidiendo que el Estado se endeude para financiarles dicho proceso.

Por Horacio Rovelli*

(para La Tecl@ Eñe)

La deuda externa bruta nacional asciende al 31/12/2109 a U$S 323.065 millones y representa el 91% del PIB. Una parte, U$S 66.238 millones están en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera; otra parte es la deuda con el FMI, unos U$S 44.000 millones; otros aproximadamente U$S 30.000 millones es con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los U$S 53.000 millones restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional.

En la presentación sobe la economía Argentina que hizo en el Ministerio de Economía de la Nación el Ministro Martín Guzmán, el día jueves 19 de marzo de 2020, un día antes que se iniciara la cuarentena sanitaria, que denominó “Marco de Sostenibilidad para la Deuda Argentina”, fue lo suficientemente contundente en que recién se podría alcanzar el equilibrio fiscal primario para el año 2022 y comenzar a pagar en el año 2023. 

Como apoyo previo tuvo que el personal técnico del FMI, ese mismo día, 45 minutos antes de la conferencia de prensa del ministro, dijera lo mismo, que la deuda externa argentina era insostenible y que para que la misma pueda ser abonada se debía realizar una quita del capital en torno a los 55.000 a 85.000 millones de dólares y alargar los plazos de vencimientos.

En el Boletín Oficial del 10 de marzo de 2020 se publica el Decreto 250  que le confiere al Ministro Martín Guzmán y en el marco de la Ley de Emergencia Económica, la facultad para negociar con los tenedores de títulos de deuda pública argentina en moneda y con jurisdicción extranjera que, sumaban según dicho Decreto, el equivalente a 68.842 millones de dólares

Si a ello le sumamos que el día 11 de marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro pandemia a nivel mundial por Covid con que se declara la Emergencia Sanitaria y dado que la misma es una situación de contingencia, en el sentido que es algo ajeno a la situación económica y externa al país, ante esa eventualidad e incertidumbre, se debe priorizar la salud de la población por lo tanto era el momento para presentar nuestra propia propuesta de pago y lo hizo:

La propuesta Argentina anunciada el 17 de abril de 2020 es en términos de la capacidad de pago real de nuestra Nación, de allí que se plantea los tres años de gracia (no paga capital ni interés hasta mayo de 2023, sobre los 68.842 millones de dólares, a los que se le hace una quita de capital para pasar a ser 66.238 millones de dólares de deuda) en 21 títulos distintos que están en moneda y en jurisdicción extranjera,  en los que seguramente los grandes Fondos de Cobertura (Blackrock, Fidelity, Vanguard, Pimco, Gramercy, Ashmore y Franklin Templeton) ya tienen un porcentaje de los mismos que anula la cláusula de acción colectiva (25 o 33% depende del bono) para exigir el pago en las condiciones originales.

La propuesta Argentina es lógica y razonable para nuestro país, tres años de gracia, una quita de capital del 5,4% y al hacer el canje por el nuevo título, cambiar los intereses por una tasa del 0,5% en el primer año de pago (mayo de 2023) y después ir aumentándola al 0,5% anual hasta ser de un promedio del 2,33% en los 15 años de vida del nuevo bono, que implica una disminución de los intereses del 62%, unos 37.900 millones de dólares y, en conjunto, significa una reducción en el pago en torno a la mitad de la deuda pactada originalmente.

Y también es razonable para los tenedores de esos 21 títulos, porque mayoritariamente ninguno de ellos le prestó directamente a la Argentina. Esto es, tras la salida del las primeras entidades colocadoras de títulos de deuda nacional en el mundo de la gestión Macri, JP Morgan, HSBC, Goldman Sach, Deustche bank, etc., el 25 de abril de 2018 en que, ese solo día se fueron U$S 1.225 millones que a su vez habían comprado la moneda norteamericana al BCRA y éste le vendió a un precio promedio de $ 20,20.-, el valor de los bonos argentinos derraparon, por ende la lámina decía 100 dólares y las adquirieron a 30 o 35 dólares, por ende la tasa que van a cobrar es del orden del 7% anual (0,5% anual sobre 30 o 35 dólares y no sobre 100). 

El gobierno nacional pagó el día martes 31 de marzo de 2020 los intereses de la deuda por 250 millones de dólares para mantener una ficción, dado que se debía afrontar vencimientos el 22 de abril, por 504 millones de dólares por los Bonos Globales 2021, 2026, y 2046. Y el jueves 7 de mayo 2020 venció el Bonar 24 por 1.300 millones de dólares, y no se pagaron, sumas indispensables que se necesitan para comprar equipos y reactivos para atender la pandemia de Covid 19.

De los acreedores de títulos de deuda en moneda y jurisdicción extranjera al día viernes 8 de mayo solo habían aceptado el canje por el nuevo título, el 19% del capital adeudado de los Bonos Globales, por lo tanto, si antes del 22 de mayo no se suman otro, o realizan una propuesta que el gobierno nacional considere aceptable, incurriremos en el 4to default de la historia Argentina[1]  

FMI

Igual sucede con la deuda con el FMI (el equivalente a unos 44.000 millones de dólares), las declaraciones del equipo técnico del FMI de reconocer la insostenibilidad de la deuda argentina es la base para que no se cumplan los exigentes plazos de tres años para cancelar capital e intereses que el FMI le prestó al Gobierno de Cambiemos y que consta en el acuerdo firmado. 

El día 7 de mayo de 2020 el gobierno nacional le pago al FMI la suma de unos 320 millones de dólares en concepto de intereses atrasados y, continua una negociación en que el FMI quiere acordar un Plan de Facilidades Extendidas en los que la  Argentina debería acordar metas monetarias y fiscales con el FMI, mientras que el ministro Martín Guzmán en el marco de la emergencia sanitaria solicita un roll over en que el mismo FMI o bien extiende los plazos y condiciones, o le concede nuevos créditos a la Argentina para que a cada vencimiento total o parcialmente pueda cumplir con esos compromisos.

DEUDA Y FUGA

Al inaugurar las sesiones legislativas el Presidente Alberto Fernández dijo: “… el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.

Con fecha 14 de mayo de 2020 el BCRA publicó un Informe denominado “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” donde básicamente afirma:

1) El cambio de administración en diciembre de 2015 trajo consigo un cambio radical en la política de endeudamiento pública. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo, predominantemente en moneda extranjera.

2) La deuda externa en diciembre de 2015 era de U$s  222.703 millones y el 60% era intra sector público, 9% con organismos internacionales (sin el FMI) y 31% sector privado.  A diciembre de 2019 paso a ser de U$s 323.177 millones, 40%  de la misma intra sector público,  22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por U$S 44.000 millones) y 37,3% sector privado. La deuda se incrementó en más de U$S 100.000 millones y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

3) La “fuga de capitales” del período comprendido entre enero de 2016 y octubre de 2019 alcanzó los U$s  86.200 millones. Aumentaron la deuda y el 86% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de privilegiados residentes argentinos en el exterior.

4) El Informe dice que se trata de 6.693.605 personas físicas y de 85.279 personas jurídicas (Empresa, Bancos, Fondo Comunes de Inversión, sociedades de bolsas, etc.) pero:

a) Los 10 mayores compradores (personas físicas y jurídicas) adquirieron: U$s 7.945 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019.

b) Los 50 mayores (incluido los 10 mayores compradores): U$s 19.153 millones

c) Los 100 mayores (incluido los 50 mayores compradores): U$s 24.679 millones

5) Las reformas encaradas en el período diciembre 2015 – diciembre 2019 tendieron a acrecentar el desbalance externo de la economía argentina, al tiempo que se promovían negocios especulativos de corto plazo financiados con un masivo proceso de endeudamiento externo. Dicha situación terminó por desencadenar una grave crisis en la primera mitad de 2018, que como tantas otras veces, dejó tras de sí dramáticas condiciones sociales y una pesada carga de compromisos generados por el endeudamiento

No se dieron a conocer los nombres, domicilio CUIT, actividad, situación fiscal, etc. etc., pero es obvio que las autoridades del gobierno de Alberto Fernández saben quiénes son, suficiente para que aclaren a que se deben esas compras y de dónde  extrajeron la suma cuando la recaudación del Impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales (en gravámenes nacionales, pero igual con los  tributos provinciales) es muy menor a los US$ 86.200 millones de dólares que compraron y fugaron

La fuga de capitales demuestra palpablemente que detraen riqueza del país y no invierten en él, no les interesa el crecimiento sustentable, tener un mercado interno fuerte, sino solo poder comprar dólares y fugarlos, pidiendo que el Estado se endeude para financiarles dicho proceso. Porque además, cuando existen los colapsos económicos, y esto nos sirve para saber por qué son tan recurrentes en la Argentina y porqué, con la compra de divisas presionan a la devaluación, perjudicando a todos los que tenemos ingreso en pesos.

EN SINTESIS

Si bien la cesación de pagos es indeseada, no implica que cualquier acuerdo sea superior. Si el gobierno argentino, en su estrategia no disruptiva, terminase aceptando una renegociación insostenible, se prolongaría el estancamiento de la economía y el deterioro de las condiciones sociales, un panorama que para pueblo y gobierno podría ser todavía más duro que un default abierto.

Por eso la propuesta, y llegado el caso la contra propuesta que llegara a hacer el gobierno nacional, debe ser sustentable en el tiempo. El Ministro Martín Guzmán lo explicó fundadamente cuando fue a informar de la negociación de la deuda al Congreso de la Nación, que no pretende solamente salir de la emergencia,  sino que se debe contar con un plan de pagos para los próximos 18 años, de los cuales los primeros tres son de gracia y después los 15 años posteriores deben ser compromisos asumibles que no impidan el crecimiento y la mejora del ingreso de la población.

Esa seriedad y ese objetivo es el que va a permitir el acuerdo con los acreedores, más allá que no se logre el viernes 22 de mayo 2020. Y los acreedores lo saben, es la capacidad real de pago del país.

Una vez acordado el plan en 18 años, seguramente se calmará el negocio de los nueve o diez grandes bancos privados que asesoran a su clientes para que compren acciones en la bolsa y las vendan afuera (Contado con Liqui) o en el país (dólar Bolsa) en divisas y, a un precio exorbitante, para que ellos (esos bancos), traigan después parte de esos dólares y lo vendan en el mercado paralelo a mayor precio aún (el doble que el valor oficial), porque siempre a río revuelto fue ganancia de esos pescadores.  

Néstor Kirchner lo hizo, el dólar paralelo estaba a $ 3,70 cuando asumió el 25 de mayo de 2003 y en diciembre de ese año estaba a $ 2,50. Perdieron los tontos y egoístas a quienes no les interesa cómo impacta la devaluación en el salario y en las jubilaciones y pensiones y, en cambio, los dueños de los bancos, que son peores que sus clientes, siempre ganan.

Referencia:

[1] Las otras cesaciones de pago  fueron en los años 1890, en 1982 y en 2001.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2020

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía.