Ante una cuestión tan grave como la pandemia de Coronavirus, es urgente fortalecer la capacidad del Estado de hacer cumplir las normas que garantizan no sólo la convivencia social, sino la vida. A la anomia que ha caracterizado a buena parte de los comportamientos diarios de los argentinos, se le deberá contraponer la firmeza de las normas basadas en el bien común y aplicar la Ley sin miedo, con eficiencia, para demostrar que hay formas más cordiales y respetuosas de vivir en la Argentina.

Por Ricardo Aronskind*

(para La Tecl@ Eñe)

Mientras nuestro país se acercaba a un momento crucial de las negociaciones con los acreedores externos, irrumpió con intensidad extraordinaria la pandemia provocada por el COVID 19, que a su vez impactó sobre la gigantesca burbuja financiera mundial generada durante la última década en las principales bolsas occidentales, precipitando un derrumbe accionario de grandes dimensiones y una situación recesiva global.

La velocidad de los acontecimientos ha cambiado la perspectiva de muchos de los problemas que nos preocupaban hace tan sólo un mes, y nos obligan a revisar diagnósticos y pronósticos.

Al mismo tiempo, nada de lo que ocurra a nivel global y que tenga impacto local, puede ser analizado por separado de la estructura económica, social, política y cultural de la Argentina.

El desafío del coronavirus:

Estamos frente a una pandemia de un virus que se esparce a enorme velocidad, y que por lo tanto es muy difícil de contener. Su letalidad es alta en sectores con bajas condiciones de salud, especialmente personas mayores, o con otros problemas de salud previos, o con el organismo debilitado por diversas circunstancias de carácter social. La velocidad de expansión del virus hace colapsar cualquier sistema hospitalario si se permite su “libre” difusión. Es necesario frenar ese proceso para a su vez preparar las instituciones y la organización médica para atender a los casos más agudos, que pueden ser numerosos.

Es decir, el virus pone a prueba tanto la estructura médica existente, la capacidad pública de organización y los comportamientos que asume la sociedad frente a una emergencia de este tipo.

Las taras argentinas no ayudan:

Si fuera por la trayectoria y los comportamientos que vienen mostrando en nuestro país en las últimas décadas diversos actores sociales, habría que preocuparse, y mucho.

La capacidad de actuación frente al desafío de la pandemia está en estrecha relación con el modelo económico-social y de políticas púbicas que se viene tratando de implantar desde la dictadura cívico-militar. Políticas públicas regresivas que no han sido sólo económicas, sino que han afectado en forma muy severa la estructura de la salud pública, el grado de motivación de los agentes del estado, las capacidades nacionales de investigación, los recursos e instalaciones que se disponen para situaciones de emergencia, pero también la ideología de la sociedad, su desafectación social y los comportamientos ultra-individualistas que se registran en amplios sectores de la misma.

Enfrentar con éxito la expansión del coronavirus requiere un alto grado de organización, de disciplina y de solidaridad entre la población, además de políticas públicas eficaces y oportunas. Nuestro país ha atravesado un proceso de subdesarrollo liderado por el neoliberalismo que ha dañado todos esos valores sociales fundamentales, y la contra-experiencia vivida durante el kirchnerismo no logró revertir plenamente estas tendencias.

Algunos comportamientos sociales, como la falta completa de empatía con el prójimo, el individualismo feroz y el total menosprecio de lo público y lo colectivo son ideologías y valores que se difundieron y fortalecieron durante los experimentos neoliberales, y que son promovidos y estimulados incesantemente desde los principales medios de comunicación social.

Éstos medios reflejan la trayectoria crecientemente desvinculada de lo nacional de los grandes intereses económicos preponderantes en nuestro país. Dichos comportamientos sociales individualistas pueden ser revertidos en el tiempo, con buena educación y democratización de los medios, pero en el corto plazo, ante la premura de la situación, no parecen reversibles.

A su vez, el Estado nacional viene de un largo período de retroceso, debilitamiento y desmoralización, provocada por las políticas de los gobiernos de derecha, y por la ideología neoliberal globalizadora que prima en sectores medios y altos, totalmente funcional a un rol periférico de nuestro país en el escenario internacional.

Lamentablemente en los sectores nacionales y populares esta ideología anti estatal parece haber hecho mella, habiéndose aceptado, casi como un dato de la realidad, la debilidad del aparato estatal y su impotencia para intervenir en las grandes cuestiones nacionales, su falta de autoridad ante los actores sociales, y el desprestigio promovido por el poder económico y los ideólogos neoliberales.

¿Por dónde empezar?

Sin embargo, ante la pandemia, es el Estado Nacional el único actor capaz de organizar y motorizar a la sociedad para evitar que se produzca una tragedia de grandes proporciones.

Ya tuvimos las primeras señales de ciertos comportamientos antisociales arraigados en la sociedad argentina: subas de precios especulativas en los productos necesarios para una autodefensa mínima, personal, frente al contagio (alcohol en gel, barbijos); rechazos a cumplir la cuarentena o la restricción a la circulación por parte de personas a las cuales se les ha declarado la enfermedad o son potenciales portadores; sectores neoliberales o libertarios, sobrerrepresentados en los medios de comunicación, defendiendo supuestas “libertades” a contagiar a los demás.

Se observa que, además de quienes no tienen ningún remordimiento en esparcir el virus y que por esa causa muera gente, existen en distintas áreas de la administración funcionarios públicos sin ninguna conciencia del problema que tenemos y de su propio rol público en la contención de la pandemia. Nada menos que en Ezeiza, se vieron muestras de desaprensión o de puro formalismo en el cumplimiento de las funciones de estricto control de quienes arribaban. ¿Qué queda para otros pasos fronterizos, menos sometidos a la mirada pública?

En éstos días una empresa ferroviaria –sometida a regulación estatal- que transporta a miles de personas a su trabajo, redujo la frecuencia de sus viajes, obligando a los pasajeros a viajar más apiñados que de costumbre e incrementando los riesgos de contagio.

Descoordinaciones, falta de motivación, desentendimiento de las funciones por las cuales se les paga, falta de instrucciones precisas, falta de control por parte de los superiores, lo cierto es que empezamos a observar como muchísimos funcionarios del Estado no saben o no entienden para qué están. Es parte del proceso de una descomposición de largo plazo del sector público y de la moral de sus funcionarios.

A esto se le suma la degradación y falta de inversión a la que fue sometido el propio aparato de salud pública durante las gestiones neoliberales, totalmente funcional a expandir el negocio de la medicina privada para los sectores medios y altos que pueden pagarla, y que pueden así eludir el deteriorado servicio público. Falta de personal médico para atender en tiempo y forma, falta de equipamiento médico, instalaciones precarias y con falta de mantenimiento, débil reconocimiento al personal de la salud pública y de incentivos concretos… con este cuadro llegamos al día de hoy.

Nada de esto es irreversible. Cada una de estas cuestiones puede ser abordada y superada. Se requiere, por supuesto, de tres ingredientes fundamentales: convicción política absoluta por parte del poder político, conocimientos específicos sobre qué y cómo hacer la reconstrucción del sistema de salud, y recursos financieros para desarrollar las tareas correspondientes.

Quizás esta grave crisis, en la que se acumula el cuadro recesivo dejado por el macrismo, la contracción de la actividad provocada por la pandemia, y las muy malas perspectivas económicas internacionales, sea la ocasión para realizar la inflexión hacia la restitución social del valor de lo público y dar los pasos requeridos para la reconstrucción estatal.

Y no sólo en el área de salud.

La autoridad del Estado:

Uno de los legados más nefastos para nuestro país dejado por la dictadura cívico-militar, ha sido la confusión entre autoridad y autoritarismo. Es una confusión muy presente en el campo popular, y explotada en forma extraordinaria por los intereses creados: el rechazo por el autoritarismo ha devenido en incapacidad de los gobiernos democráticos para ejercer la autoridad. Cuando se ha querido ejercer, en el sentido de tomar medidas significativas en forma autónoma, se ha recibido una respuesta furibunda de los poderes fácticos.

La ex Presidente Cristina Kirchner ha señalado que cuando ejerció el gobierno contaba sólo con el 25% del poder. El resto estaba “afuera”, en las corporaciones. Es ese poder el que sistemáticamente predica que el gobierno no debe ejercer el poder, porque si no caería en el “autoritarismo”. En realidad, lo que ocurre con los gobiernos populares, es que esa prédica “anti-poder” derramada desde el establishment -y desde los estados centrales bajo el manto de la ideología de la globalización-, establece un corset ideológico para desplegar las políticas públicas y poder resolver desde el punto de vista de las mayorías los problemas que agobian a la sociedad.

No en vano en toda América Latina cada gobierno que asume dispuesto a ejercer el poder en favor de las mayorías es inmediatamente tildado de “autoritario” y de antidemocrático, aunque respete las instituciones y los derechos individuales. Las actuales categorías de pensamiento político dominantes están diseñadas para justificar el poder de veto de las minorías económicas sobre la voluntad del conjunto de la sociedad.

El mayor problema no es que las minorías sociales detenten esta supuesta ideología “anti-poder público”, sino que los sectores mayoritarios de alguna forma la acepten.

De esa forma, en el transcurso de 36 años de democracia, el Estado ha perdido autoridad, respeto y capacidad de actuar, y de hecho se ha convertido –por su incapacidad para transformar- en el complemente perfecto de la dominación de las minorías.

Una crisis como la presente requiere con urgencia la restauración del poder del Estado, y el abandono completo de la inhibición de actuar decididamente en aras del bien común.

Damos algunos ejemplos. Cuando se empezó a tomar nota de la pandemia, la Universidad de Buenos Aires, que está repleta de científicos, sólo atinó a autorizar “a no presentarse” en sus instalaciones a profesores y alumnos, en vez de prohibirles abiertamente que se presenten, en la medida que podían ser potenciales portadores del virus. ¿Es opcional contagiar al prójimo? Es evidente el despiste, y la laxitud de medidas en aras de un mal entendido espíritu liberal que no es otra cosa que individualismo extremo.

Otro ejemplo: en estos días un energúmeno individualista golpeó a un guardia que le trató de impedir romper la cuarentena. Como el video en el que se registró la agresión se viralizó, fue el propio Presidente de la Nación quien se ocupó de ubicar al personaje y hacerlo detener… ¿El Presidente de la Nación? Si. ¿No hay ningún otro aparato estatal eficiente por debajo del Presidente para ocuparse de hacer respetar la ley? ¿Tiene que ser el Presidente, empeñando su figura, quien tenga que ocuparse de un delincuente, de los muchos que abundan de esa calaña? Seguramente Alberto Fernández quiso con esa actitud personal marcar con quién se solidariza el Poder Ejecutivo, y no es un gesto menor después de que Macri se solidarizara con policías que mataban por la espalda. Pero lo que el Presidente debe impulsar firmemente es que el aparato del Estado, con potencia y firmeza, se ponga al servicio del cuidado de la salud pública y del castigo a los irresponsables, que no son sólo “pícaros” o “locos”.

Laxitud también en el lenguaje: son personas que atentan contra el prójimo, y deben ser sancionados, con sanciones claras y distintas. No alcanza con una supuesta condena moral.

Si el Estado no es capaz de punir, no existe Estado, y se instaura el reino de la fuerza y de la prepotencia. Los “vivos” que maltratan a “los bobos”.

Si no se sanciona a los que hicieron saltar los precios injustificadamente, pasará exactamente lo mismo: no hay Estado, y se puede seguir con el abuso. Ley de la selva, y el ciudadano común a jorobarse como siempre.

Es por lo tanto un momento central para, apoyándose en una cuestión tan grave como la pandemia, comenzar a fortalecer la capacidad del Estado de hacer cumplir las normas que garantizan no sólo la convivencia social, sino la vida.

Y también fortalecer las capacidades de gestión del Estado: hoy hace falta incrementar la cantidad de laboratorios capaces de hacer la pruebas de reconocimiento del virus, contar con más kits de testeo, aumentar las camas hospitalarias y los lugares de aislamiento de pacientes, incrementar fuertemente la dotación de ventiladores pulmonares, además de tener capacidad de detección de casos, de un registro lo más completo de los mismos, con posibilidad de advertencia a personas cercanas, y de fuerte presión punitiva -¡creíble!- para que la gente cumpla las medidas de protección.

A la anomia que ha caracterizado a buena parte de los comportamientos diarios de los argentinos, se le deberá contraponer la firmeza de las normas basadas en el bien común, en el bienestar colectivo. Esos principios requieren, urgentemente, un liderazgo público. Una pedagogía de las prácticas civilizadas.

No tienen que haber dudas al respecto en el Estado, ni en las principales autoridades del país. Hay que aplicar la Ley sin miedo, con eficiencia, y demostrar que hay formas más cordiales y respetuosas de vivir en la Argentina.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.